El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas señaló que esa norma (741) debe ser abrogada, caso contrario los incendios en el país continuarán.
La Procuraduría General del Estado emitió el Dictamen Procuradurial 001/2024, que responde a una investigación sobre las vulneraciones a derechos que provocaron los incendios en 2023.
Guarachi señaló que el 70% de las 70 mil familias productoras en el altiplano Sur tiene problemas económicos y sociales por la sequía que se ha ido exacerbando.
En relación a la abrogación de las leyes incendiarias que aprobó este jueves la Cámara de Senadores, sostuvo que no se trata solo de abrogarlas sin un nuevo marco normativo sancionatorio.
Cree que la declaratoria de desastre nacional permitirá que llegue al país la ayuda internacional para facilitar que en el menor tiempo posible se apaguen los incendios.
Se trata de la Ley 337 de enero de 2013, De apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y sus modificaciones y, de la Ley 1171 de abril de 2019, De Uso y manejo racional de quemas.
Anoche, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, también evito hablar de derogar las “leyes incendiarias”, sólo se limitó a decir que se evaluaría esa posibilidad.
La situación en uno de los departamentos amazónicos de Bolivia es muy distinta a la de Santa Cruz. Mientras en la Chiquitania se queman bosques, en Beni arden pampas, pero la contaminación es más intensa
Colque refirió que las empresas mineras se aprovecharon de la ingenuidad de las personas de la tercera edad del campo para sacar ventaja e instalarse en el lugar.
Después de tres meses de incendios en el país, el Gobierno declaró ayer una pausa ambiental indefinida para que ya no se otorguen permisos para las quemas autorizadas.
El martes también se llevó a cabo una movilización en La Paz que llegaron a la esquina del nuevo edificio del legislativo donde instalaron un mitin de protesta, pero fueron gasificados por la Policía.
El presidente del Consejo de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Abdón justiniano, exigió al Gobierno anular esa norma porque atenta contra los pueblos indígenas y los pequeños ganaderos.
Representantes del sector campesino del Beni llegaron a la ciudad de La Paz a clamar por ayuda porque ya no tienen agua ni alimentos en sus comunidades.
La decisión gubernamental es asumida después de tres meses de incendios que se expanden y que está afectando particularmente al departamento de Santa Cruz, seguido de Beni, Pando y parte de La Paz.
