La Paz, 11 de septiembre de 2024 (ANF). - Pese a ser la segunda región más afectada por los incendios, la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) pidió anular el Decreto Supremo 5203 que incrementó la sanción pecuniaria por la quema de una hectárea quemada de ctvs 0,20 a Bs 2.470, que equivale a 976 UFV’s (Unidades de Fomento a la Vivienda).
El presidente de Fegabeni, Hernán Nogales, dijo que esas normas solo van en contra de los acuerdos que se realizaron con el gobierno y ese sector para salir de la crisis económica, lamentó que no hayan sido consultados ni que la norma fuese socializada. Se declararon en estado de emergencia.
“Ahora, por la desproporcionalidad de las multas, la falta de socialización con los sectores afectados sin lógica ni razonamiento legal económico exigimos abrogar el Decreto Supremo 5203. Nos declaramos en estado de emergencia hasta la abrogación de la noma cuestionada”, afirmó Nogales.
El 21 de agosto, el presidente Luis Arce promulgó el decreto supremo 5203 que modifica el Reglamento General de la Ley Forestal; el que establece que las multas por hectárea quemada ya no será de ctvs. 0,20, sino que ahora se calcularán en UFV’s y van desde 190 hasta 976.
“La unidad de referencia del sistema será igual al equivalente en Bolivianos de entre UFV 190 (Ciento noventa 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda) a UFV 976 (novecientos setenta y seis 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda) por hectárea, según la gravedad de la contravención, aplicada sobre la extensión total del predio, que se irá incrementando sucesivamente en un cien por ciento sobre la base de la multa anterior, más el plus que en su caso corresponda, trátese de actos de resistencia o reincidencia, hasta que el obligado cumpla con las respectivas obligaciones de hacer o no hacer impuestas por los correspondientes libramientos de conminatoria y en los plazos por ellos previstos”, señala el único artículo de la norma.
A la vez, Nogales calificó como aberrante el incremento de la sanción que solo perjudicará a los pequeños ganaderos que no fueron responsables del incendio, incluso dijo que la multa impuesta está por encima de lo establecido en el mercado.
“Con el decreto supremo que implementa multas aberrantes por la quema a los propietarios productores por donde pasa el fuego en sus propiedades rurales sin haber sido el causante de sancionadas hasta un valor de 2.460 bolivianos por hectáreas, muchas veces mayor al valor del mercado, esto multiplicado por la cantidad de hectáreas de las existentes en el predio”, manifestó.
Agricultores e indígenas
Los ganaderos no fueron los únicos que manifestaron su rechazo, Hans Elsner, en representación de la Cámara Agropecuaria del Beni, también pidió la eliminación de la norma porque afectará a las actividades de ese sector. Cuestionó que no se haya trabajado en un plan integral de mitigación de las quemas.
Explicó que cada cierto tiempo se debe quemar el forraje y al imponer esa multa, los productores no aplicarán ese mecanismo por el temor de ser multados, tomando en cuenta que si el forraje se acumula y entra en contacto con agua u otro elemento que refleje con intensidad los rayos del sol, el incendio será de gran magnitud.
“El forraje se tiene que quemar, si se plantea medidas restrictivas y multas nadie va a querer quemar, pero se va a acumular el forraje durante tanto tiempo. Nosotros le llamamos el efecto lupa, esto quiere decir que a mediodía no se fumiga porque puede generar un incendio. Imagínense lo que haría cualquier botella o espejo a mediodía y donde hay acumulación de forraje, todo se va a incendiar”, preciso.
El presidente del Consejo de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Abdón Justiniano, exigió al Gobierno anular esa norma porque atenta contra los pueblos indígenas y los pequeños ganaderos.
“El Decreto Supremo 5203 es atentatorio y criminal hacia los territorios indígenas, por eso es que rechazamos esta norma como movimiento indígena, porque este decreto afectará a los pequeños ganaderos y a quienes cuidamos nuestro territorio”, declaró.
Este martes, la Procuraduría General del Estado informó que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) aprobó el reglamento de dicho decreto supremo.
Cada año, el país sufre los incendios de gran magnitud, este año ya se quemó 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Aunque hay procesos penales y administrativos, hay pocos sancionados.
El año pasado se presentó un escenario igual de preocupante, por esa razón la Procuraduría realizó una investigación y emitió un Dictamen en el que establece las propiedades que iniciaron los incendios.
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