La Paz, 13 de septiembre de 2024 (ANF).- La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó 41 propiedades agrarias y ganaderas donde se realizaron chaqueos y quemas ilegales que se descontrolaron en 2023, la información fue obtenida con base en la georreferenciación, el cruce de datos satelitales y sensores de calor, tecnología que permite detectar las “cicatrices” o “huellas” de los incendios.
“(…) se procedió a realizar la georreferenciación y el cruce de datos satélites sensores de calor, con la Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial (UMIG), dependiente de la Autoridad de Bosques y Tierra y la Dirección de Catastro del Instituto Nacional de Reforma Agraria, identificándose las cicatrices (huella que deja un incendio o quema presentada sobre una porción de territorio) de inicio de incendios de magnitud producto de chaqueos y quemas ilegales que posteriormente no pudieron controlarse en propiedades agrarias y ganaderas tituladas por el INRA”, se lee en el Dictamen Procuradurial 001/2024.
La Procuraduría a la cabeza de su máxima autoridad, César Siles, mediante la Resolución Procuradurial N° 126/2023 del 27 de octubre de 2023 dispuso que se inicie un proceso de investigación y relevamiento de información acerca de los incendios para asumir acciones en defensa de los intereses del Estado en materia de Medio Ambiente y Derechos de la Madre Tierra.
Durante la gestión 2023, el territorio nacional, en particular los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, experimentaron y sufrieron incendios de magnitud que destruyeron la fauna, los ecosistemas, los bosques y el medio ambiente, menoscabando la salud de la población, vulnerando derechos de la madre tierra y amenazando el ejercicio de derechos fundamentales de poblaciones vulnerables y de la ciudadanía.
Actualmente, se vive un escenario que ha superado las hectáreas quemadas en esa gestión, ahora el gobierno ha reportado que en poco más de 90 días los incendios arrasaron con 3.8 millones de hectáreas de bosque y pastizales. Una situación alarmante, porque nuevamente los departamentos más afectados fueron Santa Cruz, Beni, Pando y parte de La Paz. Volvió a repetirse la afectación a la salud de la población por la mala calidad del aire y las actividades educativas presenciales se suspendieron en algunas regiones.
Asimismo, el Dictamen Procuradurial señala que se pudo evidenciar que los incendios desataron una “emergencia medioambiental” que se expresó en una gran cantidad de humo y fuego “descontrolado” en varias regiones. Esta situación generó problemas de afectación en la salud de la población, lo que significó la atención de 4.484 personas debido a los incendios.
Es más, el Ministerio de Salud y Deportes tuvo que implementar el Plan Nacional de Salud ante Emergencias y Desastres para el Apoyo a los departamentos y municipios por Eventos Adversos, interviniendo en seis departamentos y 14 municipios producto de los incendios.
El otro problema provocado por los incendios fue la suspensión de actividades escolares en 2.272 unidades educativas en los departamentos de Santa Cruz, en 25 municipios con afectación de 1.945 unidades educativas; en el departamento de La Paz, siete municipios con afectación de 144 establecimientos; en Cochabamba, cinco municipios y 100 unidades; en el Beni con dos municipios y 83 unidades educativas afectadas, de acuerdo a datos del Ministro de Educación, “lo cual significo la afectación del derecho a la educación de la niñez y adolescencia boliviana".
“De forma concordante a estas graves afectaciones, la Autoridad de Bosques y Tierra en coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, reportaron que hasta el 13 de noviembre de 2023 se tenía una superficie total afectada de tres millones quinientos ocho mil treinta y tres hectáreas (3.508.033 Has.), de las cuales, dos millones doscientos sesenta y nueve mil ciento nueve hectáreas (2.269.109 Has.) corresponden a propiedades rurales que se dedican a la ganadería y agricultura tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria”, refleja el informe.
Descontrol de chaqueos y quemas ilegales en propiedades agrarias y ganaderas tituladas por el INRA:
Elaboración ANF con información del Dictamen de la PGE
La condición es cumplir la Función Económica Social
La Procuraduría General del Estado en su razonamiento sostiene que las propiedades rurales agrarias y ganaderas por mandato de la Constitución deben realizar un manejo sustentable de la tierra en actividades productivas, puesto que la norma suprema establece claramente que “la función económica y social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra, para beneficio de la sociedad, del interés colectivo y del propietario.
Asimismo, precisa que la propiedad empresarial está sujeta a la “revisión” de acuerdo a la ley para verificar el cumplimiento de la función económica social.
En consecuencia, la acción de realizar quemas ilegales en propiedades rurales agrarias y/o ganaderas que derivan en incendios de magnitud “vulnera el mandato constitucional de realizar un manejo sustentable de la tierra y quebranta la función económica social”; además producto de esta situación se vulneran los derechos de la población boliviana, ha dicho la PGE.
Cita un marco normativo internacional previsto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Acuerdo de Escazú, así como la propia Constitución boliviana y normas como la Ley de la Madre Tierra y otras que garantizan a vivir en un ambiente sano, a un desarrollo sustentable, entre otros.
Precisa que el texto constitucional al garantizar la propiedad privada también establece taxativamente que debe cumplir con la función económica social y no debe afectar el interés colectivo.
Asimismo, cita el artículo 401 de la CPE, ante el incumplimiento de la Función Económica Social de la tierra se constituye en causal de reversión de la propiedad; también menciona la Ley INRA que en su artículo 18 regula que el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene entre sus atribuciones: “Revertir tierras de oficio o a denuncia (…) por la causal de incumplimiento total o parcial de la Función Económica Social”.
Tras la investigación, el procurador general del Estado dictaminó:
Señala que es atribución de la ABT realizar seguimiento e imponer sanciones, si corresponde, a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados, de acuerdo con la ley. “Identifique las propiedades donde se generaron o iniciaron los primeros focos de calor a efectos de aplicar la normativa correspondiente y determinar el incumplimiento de la función económica social o función social”, se lee en el Dictamen.
Asimismo, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el marco de sus atribuciones, con la información que facilite la ABT y la estricta coordinación y trabajo conjunto, analice e identifique el incumplimiento de la función económica y social como consecuencia de chaqueos y quemas ilegales en propiedades rurales agrarias y ganaderas que generaron incendios de magnitud en el territorio nacional.
Una carta que pone en suspenso la aplicación del Dictamen en lo relativo a la reversión de tierras
El 18 de junio, los ganaderos de Santa Cruz y Beni sostuvieron una reunión con las autoridades de la Procuraduría en la que se abordó el tema, una carta del 24 de junio dirigida a ese sector señala que el Dictamen está en proceso de implementación gradual como resultado de la investigación que llevó adelante sobre los incendios forestales en la gestión 2023. Sin embargo, señala que el Dictamen Procuradurial 01/2024 queda suspendida en lo relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras.
"No obstante, conforme a lo coordinado y comprometido con ustedes y a requerimiento del Órgano Ejecutivo se inició inmediatamente concluida la reunión, su revisión y análisis interinstitucional, quedando al presente suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)", dice la misiva que envió Siles, en referencia a la aplicación del Dictamen Procuradurial 01/2024 que el mismo ordenó.
/NVG/
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