La Paz, 18 de marzo de 2024 (ANF).- Juan Elías Cocarico es en este momento el único encarcelado por el caso Adepcoca y sin ninguna prueba y acusación en su contra. En diciembre pasado cumplió 14 meses en el penal de San Pedro, conforme a su última ampliación de detención preventiva, pero hasta la fecha permanece privado de su libertad de forma ilegal. Cocarico también tuvo que reponerse a la violenta detención, a manos de encapuchados, de la que terminó seriamente lastimado. Cuestiona la indiferencia de instituciones que deben velar por los derechos humanos.
“A un inicio me dieron cinco meses de detención preventiva, después me ampliaron cuatro meses, posteriormente tres meses y por último me ampliaron un mes más en noviembre del año pasado que cumplí hasta diciembre, sin embargo, me tienen acá casi tres meses de manera ilegal, sin ninguna medida”, dijo a la ANF el productor que sobrevive al extremo hacinamiento carcelario en San Pedro.
Cocarico fue detenido de forma ilegal el 4 de noviembre de 2022 por un grupo de desconocidos que escondían sus identidades bajo capuchas, cual facinerosos, que resultaron ser policías.
“Sigo en la cárcel porque dicen que supuestamente me habrían acusado para llevarme a juicio oral, pero no me notificaron, ni la Fiscalía ni algún juez, para mí no hay nada, me tienen así, ilegalmente, sin ninguna medida, con marzo ya estoy un año y cinco meses”, remarcó.
Los argumentos para mantener detenido a Cocarico se han visto insustentables, más aún cuando gran parte de los cocaleros detenidos por un rosario de acusaciones, entre ellos la quema del mercado paralelo de Villa El Carmen, asumieron su culpa bajo el proceso abreviado, mecanismo que el Gobierno usa con fines políticos y como tortura psicológica en contra de los sindicados hasta conseguir que se autoinculpen, como advirtió el jurista Franco Albarracín.
“No hay en mi contra ninguna prueba”, remarcó Cocarico, “simplemente se agarran de los riesgos procesales que tendría, como peligro de fuga y peligro de obstaculización a la justicia, y lo otro es que supuestamente faltaría investigar, que hay muchas víctimas y muchos denunciados que no han sido detenidos”, refirió.
El productor remarcó que en su contra no hay ni un supuesto testigo que haya dicho “Juan Cocarico estaba haciendo esto o aquello o ha agredido a alguien”, a diferencia de César Apaza y Freddy Machicado que tenían testigos falsos, que mencionaban sus nombres. “En mi caso nadie menciona mi nombre, nadie dice nada, simplemente porque he firmado tal vez una convocatoria de Adepcoca para una marcha pacífica, de eso se han agarrado”.
Cocarico, en su condición de secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), firmó la convocatoria para la marcha de protesta para exigir al Gobierno demandas puntuales, en particular el cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen regentado por Arnold Alanes, un dirigente masista que llegó al máximo cargo de Adepcoca de la mano del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Meses después, la sede de Adepcoca fue retomada por las bases y Alanes expulsado determinó abrir otra sede en Villa El Carmen para un nuevo mercado al margen de la ley.
Por ese hecho, denunciaron a Cocarico, como a dos decenas de dirigentes, con trece acusaciones que ya ni recuerda, como delitos de instigación pública a delinquir, robo, deterioro de bienes privados, lesiones graves, entre otros.
Si bien la marcha convocada por Adepcoca derivó en la toma y quema del mercado paralelo de Villa El Carmen, que dejó heridos, aún no está claro quién incitó y exacerbó los ánimos para la destrucción del local debido a que la Fiscalía, pese a que las denuncias y evidencias apuntan a Alanes, se rehusó a investigar y citar a dicho dirigente. La instrumentalización de la fiscalía y el órgano judicial, que actúan como una banda al servicio de los gobiernos de turno, continúa, como lo señala el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”.
Las irregularidades identificadas en el caso Adepcoca van desde la existencia de listas falsas de supuestas víctimas que fueron otorgadas por el Ministerio de Gobierno; la identificación de una supuesta productora cocalera del bando del dirigente Arnold Alanes que hoy se encuentra procesada por volteo de droga como sargento de policía; la declaración de una mujer, del sector de Alanes, que indica que fue él quien incitó para que ocurra la toma e incendio del mercado paralelo; y, lo más controversial, acercamientos en actos públicos del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo con dos de los dirigentes “más buscados” de Adepcoca.
Pese a todas estas irregularidades que fueron dadas a conocer a la comisión de fiscales y a la autoridad judicial, dijo Evelyn Cossío, abogada del dirigente César Apaza, las autoridades judiciales se oponen a realizar las investigaciones pertinentes.
Cocarico subrayó que en la convocatoria en ningún momento incitaron a la violencia, el propósito era solo partir desde Los Yungas en una marcha pacífica hasta llegar a La Paz y ahí hacer conocer las demandas, “simplemente eso y de eso se agarran, y siempre repiten en las audiencias lo mismo, que hemos alentado a la violencia, sin demostrar nada”.
Una detención ilegal, violenta y sin atención médica
Juan Elías Cocarico fue detenido el 4 de noviembre de 2022, a eso de las seis de la tarde, cuando se dirigía de la sede de Adepcoca a la ciudad de El Alto. Al percatarse de que el minibús en el que iba era seguido por un vehículo particular sospechoso, con gente encapuchada y armada, decidió en un momento bajarse de forma rauda a la altura de la plaza Villarroel, para despistarlos y ponerse a buen recaudo.
Corrió hacia la avenida Tejada Sorzano, pero lo siguieron, bajaron del vehículo, eran tres encapuchados, que usaban el modus operandi de los secuestradores, no contaban con ninguna señalética o indicio de que se trate de algo legal. El accionar era de un grupo criminal. Llegaron más vehículos contra él. Cocarico huyó más atemorizado, cruzo calles, ingresó a una casa, quiso superar un muro y cayó al menos de cinco metros de altura. Fue sometido violentamente por los desconocidos, presionado contra el piso, con golpes e insultos. Perdió el conocimiento.
“Nunca fui notificado con anticipación para presentarme a declarar por esa denuncia que me habían hecho, ese día yo traté de no hacerme detener, como estaban encapuchados yo no sabía qué personas eran, eran gente de civil con capuchas”, refirió.
Cuando despertó de la inconciencia se vio en una patrulla policial, enmanillado y sangrado de los brazos, le dolía fuertemente la espalda, en los costados, las esposas le cortaban las muñecas, “estaba totalmente mal, no podía moverme, en esas circunstancias llevaron a la FELCC (policía anticrimen) y me hicieron firmar el mandamiento de aprehensión, y ni siquiera me llevaron al hospital para hacerme una revisión”.
Cocarico tuvo que soportar ese estado de salud durante toda la detención en la policía. Dice que, pese a que la Defensoría del Pueblo mediante un funcionario se apersonó al lugar y conversó con él, nunca se preocupó por su estado de salud pese al verlo aquejado.
“La Defensoría del Pueblo vino cuando estaba en la FELCC, me entrevistaron, pero todo quedó ahí, yo les comenté toda mi situación, pero no hicieron nada, simplemente vinieron a hacer un show para decir que ellos están velando por las personas a quienes violan sus derechos, pero hasta ahí llegaron”, contó.
Si realmente querían ayudar, agregó, por lo menos hubieran exigido que me den atención médica, “ni estando en la FELCC, viéndome cómo estaba hicieron algo, mis brazos y espalda con heridas y no dijeron al menos a esa persona hay que llevarla al hospital, nada”.
Durante su detención en celdas policiales Cocarico nunca fue evaluado por un médico, como de acuerdo a ley debe hacerse para garantizar la integridad de los aprehendidos, y llegando a la cárcel de San Pedro, tampoco.
Cynthia Mollo, esposa de Cocarico, pidió a las autoridades atención médica para su esposo, que pese a su gravedad no fue atendido. “Mi esposo está sufriendo mucho, me ha mandado del penal los documentos para que lo lleven al hospital, él tuvo una fisura, no sé si está rota la costilla o movida la columna por caer de esa altura”, dijo angustiada.
Al ingresar a San Pedro, Cocarico pasó una semana en Grulla, una sección de castigo con celdas 3X3 oscuras, gélidas y nauseabundas, que en 2022 seguía siendo utilizada como sector de aislamiento por el Covid. Nunca fue valorado por algún medico a su ingreso, como estipula la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión y lo sigue exigiendo el Comité contra la Tortura al Estado boliviano, como lo hizo saber el coordinador del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Luis Ledezma. “Todavía hay algunas deficiencias en esa parte y queremos hacer notar eso a la administración Penitenciaria”, refirió en un acto público en la Defensoría del Pueblo.
“Al ingresar a San pedro primero me metieron una semana a la zona de aislamiento Grulla, dice por el Covid, donde no hay ningún tipo de derechos, así nomás tuve que aguantarme, posteriormente me trasladaron al sector población, y ahí tuve que acudir donde atienden consultas, donde me han dicho ‘tu estado de salud es grave’, yo les comenté cómo estoy viviendo y sufriendo y recién me dieron una salida para ir al hospital a hacerme revisar, dijo.
Al tornarse el dolor insoportable, Cocarico solicitó un examen de rayos X, donde se evidenció que una de sus costillas tenía una fisura, el médico del hospital le dijo que las fisuras sanan sin operación, pero que debe reposar un año. “Me regresaron a la cárcel y solo ha dependido de mi cuidarme, pero he tenido que sufrir más de un mes porque el dolor era fuerte, no podía dormir en las noches, así estaba, así he tenido que soportar y poco a poco ya se me ha ido calmando”.
Cocarico tuvo que sobresalir con su dolor a cuestas, frente a un abandono estatal y autoridades que no muestran interés por la suerte de los internos. “Yo escucho las conferencias de prensa del gobierno, del director de Régimen Penitenciario (Juan Carlos Limpias), de que recibimos atención, simplemente es puro discurso, discurso y discurso y en los hechos no hay nada”, apuntó.
Juicio abreviado
El productor refirió que el gobierno siempre ha presionado con el juicio abreviado, y quien no lo acepta debe seguir detenido de forma ilegal, como él, que actualmente no sabe cuál es su situación legal, ya que hace tres meses terminó su detención preventiva, pero sigue preso.
“Si me van a llevar a juicio oral por qué no me notifican, ya debía iniciarse, pero no hay nada, simplemente me tienen acá ya tres meses con marzo sin detención preventiva, dicen que hay acusación, pero no se sabe nada”.
Recordó que un día le hicieron llamar para decirle que iba a recibir una visita que le iba a proponer que se acoja al juicio abreviado, a lo que él respondió: “Si van a venir a ofrecerme eso, que yo me inculpe y someta al abreviado, pues pierden su tiempo, es mejor que no vengan”.
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