La Paz, 1 de marzo de 2024 (ANF).- El coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, Juan Luis Ledezma, dio a conocer algunos avances en las recomendaciones realizadas por el Comité de la Tortura al Estado boliviano sobre la situación de las cárceles del país.
“Nuestro país tiene que presentar ya sus avances en 2025, hay poco tiempo, y son dos años más que tenemos para ir avanzando”, refirió el funcionario en el acto de difusión de los resultados del Programa Post Penitenciario, en el marco del proyecto “Emprendiendo para ser libres” que fue coordinado con Progettomondo Bolivia, CVSS Bolivia y la Dirección General de Régimen Penitenciario, realizado en la Defensoría del Pueblo.
Ledezma se refirió a al menos nueve recomendaciones que debe cumplir el Estado, entre las cuales hay avances importantes y otras que se siguen arrastrando por años sin que se evidencie algún cambio.
Sobre el Sistema Uniforme de Registro señaló que hay un gran avance y que existe el Sistema Estado Digital ED4 - Régimen Penitenciario, que está funcionando.
Las Salvaguardias Legales Fundamentales de las personas, que es un trabajo amplio que tiene que ver por ejemplo con los registros médicos al momento de que el privado de libertad ingresa a una cárcel. “Todavía hay algunas deficiencias en esa parte y queremos hacer notar eso a la administración Penitenciaria”, refirió.
Sobre las Medidas Alternativas, indicó que es un tema antiguo y de larga data que se viene arrastrando. “Si uno lee los diagnósticos que hacen sobre cárceles en Bolivia en los años 80 y 90, pareciera que estamos escuchando un taller que ha sucedido hace un mes, porque se repiten los problemas, se sigue hablando de hacinamiento, de malas condiciones de servicios, alimentación, educación, trabajo, infraestructura”.
También está la clasificación de privados de libertad. Dijo que garantizar la separación entre internos condenados y preventivos es un mandato de la Constitución Política del Estado. “Hay que ver cómo avanzar, separación entre condenados y preventivos, hay que ver la separación de la naturaleza del delito, es un tema complejo, pero en algún momento se tiene que hacer”.
Otro tema muy observado, agregó, tiene que ver con las investigaciones de muertes en custodia, tema sobre el que no hay datos. Indicó que, si bien favorece que las cárceles de Bolivia no sean violentas en comparación a países de la región, se debe tomar en cuenta que, si bien un 80% fallece por causa natural, el servicio de atención de salud entra en cuestión. “Ahí hay que ver qué está pasando con el tema de servicios de atención de salud, hay lugares desatendidos en el tema de salud”.
Otra preocupación son los Programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas.
Suprimir las formas de autogobierno en las cárceles es una recomendación que lleva 14 años sin resolverse. Ledezma indicó que el tema de los autogobiernos, de delegados, es muy complicado. Si bien la idea inicial fue buena, hoy su funcionamiento merece una evaluación.
El Comité contra la Tortura visitó Bolivia en 2010 y observó este “sistema paralelo de gobierno interno en las cárceles”; en 2017, siete años después, “el autogobierno se ha profundizado”.
“El Subcomité contra la Tortura va a venir este año y tenemos que mostrar qué estamos haciendo como Estado”, enfatizó.
Otra observación se centra en los registros inadecuados. “El tema de problemas de registros inadecuados, se insiste mucho en este tema”, apuntó.
También está la recomendación de cierre del penal de San Pedro que data de 14 años y está respaldada en la Ley 494. “Este es igual un tema de presupuesto y hablábamos de la necesidad de que veamos la manera normativa, adecuada, tenemos que ver la forma de cómo optimizar los recursos”.
Indicó que no se trata solo de construir nuevas cárceles, sino de proporcionar ambientes adecuados, y que se puede hacer recurriendo a la mano de obra calificada de los privados de libertad.
El Estado boliviano “el 2025 tiene que informar sobre sus avances en el cumplimiento de las recomendaciones que tienen carácter jurídicamente vinculante, que se derivan de la ratificación del tratado, y que se derivan del reconocimiento de un órgano del tratado que supervisa el cumplimiento de parte de los Estados”, remarcó.
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