La Paz, 26 de noviembre de 2023 (ANF).- “Grandes irregularidades prueban y demuestran fehacientemente que el procesamiento hecho contra César Apaza es totalmente injusto”, aseveró la abogada Evelyn Cossío tras identificar varios hechos que ponen en duda la teoría acusatoria de la fiscalía que en todo momento se resiste a investigar las irregularidades y solo pide ampliar la detención preventiva para el exdirigente cocalero.
“Los hechos que se le han atribuido jamás se han podido demostrar y probar: ninguno”, remarcó Cossío a ANF.
Las irregularidades identificadas en el caso por la defensa de Apaza van desde la existencia de listas falsas de supuestas víctimas que fueron otorgadas por el Ministerio de Gobierno; la identificación de una supuesta productora cocalera del bando del dirigente Arnold Alanes que hoy se encuentra procesada por volteo de droga como sargento de policía.
Cossío también señaló que existe la declaración de una mujer, del sector de Alanes, que indica que fue él quien incitó para que ocurra la toma e incendio del mercado paralelo; y, lo más controversial, agregó, son los acercamientos en actos públicos del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con dos de los dirigentes “más buscados” de Adepcoca (Asociación departamental de productores de Coca).
Pese a todas estas irregularidades que fueron dadas a conocer a la comisión de fiscales y a la autoridad judicial, dijo Cossío, las autoridades se oponen a realizar las investigaciones pertinentes.
“Estamos a más de un año y ellos solamente se han dedicado a solicitar y solicitar la ampliación de la detención de César Apaza, tratar de hundirlo más y no cumplir esa labor objetiva que tiene que realizar el Ministerio Público, en el entendido de que no solamente deben investigar los hechos que involucran a los procesados, sino que también tienen que realizar actos que vayan a liberar de responsabilidad penal, y en esa situación es que se ha ofrecido que se convoque a Arnold Alanes, pero las autoridades no quieren convocar a Arnold Alanes”, denunció.
En septiembre de 2022, una marcha de cocaleros del sector de Freddy Machicado rompió el cerco policial en la calle 1 de villa El Carmen y tomó el mercado paralelo dirigido por Arnold Alanes, que terminó con la quema de la sede y varios heridos, hecho que viene siendo investigado.
Al menos una decena de dirigentes fueron aprehendidos, entre ellos César Apaza que continúa recluido en el penal de San Pedro, y con graves problemas de salud.
El abogado Jorge Valda informó que en audiencia del 3 de noviembre, para cambiar las medidas cautelares de César Apaza por su delicado estado de salud, terminó ampliándole la detención preventiva por un mes más. Dijo que la decisión viene de la mano del Ministerio de Gobierno que busca impedir que participe de las próximas elecciones en Adepcoca.
“Él también está sufriendo lo que significa el secuestro político por la parte del Ministerio de Gobierno para que no participe en las justas electorales que se van a dar el próximo 27 de noviembre, en la que se elegirá a la nueva dirigencia de Adepcoca”, dijo el abogado a ANF.
Valda indicó que el juez del caso conminó en la audiencia al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para que terminen las investigaciones y presenten de una vez la resolución de acusación o una resolución de desestimación, pero “sabemos que va ser una acusación”.
“Pese a que ya varios dirigentes se habrían declarado culpables y habría reconocido haber cometido un hecho delictivo por la presión ejercida sobre ellos, César Apaza persiste en su postura íntegra de no declararse culpable de delitos que no ha cometido", remarcó el jurista.
Las irregularidades
Cossío indicó que, a lo largo de la investigación, el Ministerio de Gobierno ha aportado con una lista de nombres de las supuestas víctimas por la quema del mercado de Villa El Carmen, que resultaron ser inexistentes, sin embargo, el Ministerio Público “no toma en cuenta estos extremos”. Dijo que lista de personas que fueron evacuadas al Hospital La Merced que ofrece el Ministerio de Gobierno, “no guarda relación alguna”.
“Hay una lista de aproximadamente 17 personas que habrían sido evacuadas en calidad de heridas hasta el Hospital La Merced, pero el Ministerio de Gobierno constantemente inventa nombres de supuestas víctimas, y cuando se le solicita que las mismas presten su declaración ampliatoria, el Ministerio de Gobierno se resiste a esta situación”, apuntó.
Una de las supuestas víctimas es Sonia Callisaya, quien resultó ser una policía al conocerse su involucramiento en un volteo de droga en septiembre de este año, y “siendo funcionaria policial da su declaración diciendo ser cocalera del lado de Arnold Alanes, y cuando se pone en conocimiento esos antecedentes, estas irregularidades que han ocurrido dentro de este proceso, simple y llanamente la fiscalía se resiste a investigar e indagar”.
De acuerdo a información pública, se trata de la sargento primero Sonia Verónica Callisaya, implicada en el volteo de 100 kilos de cocaína junto a cuatro afectivos, ocurrido el 22 de septiembre cerca de la localidad de Desaguadero, donde tras una balacera fallecieron dos personas.
“Ante estos hechos se ha solicitado que se convoque a esta efectivo policial sargento Sonia Callisaya a que dé su declaración, pero hay una situación de proteccionismo por parte del Ministerio de Gobierno”, denunció Cossío.
Cossío además dijo que dentro de las investigaciones existe la declaración de una productora del grupo de Alanes, que ante un perito psicólogo dependiente del IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial), que determinó el daño que ella habría sufrido, “refiere que quien habría incitado a prender fuego en el interior del mercado (de Villa El Carmen) es Arnold Alanes”.
“Tras este informe, nosotros como defensa de César Apaza solicitamos que se convoque a declarar a Arnold Alanes, toda vez que existe una declaración que lo involucra, pero el fiscal Vladimir Bolívar Alvarado, el fiscal Omar Yujra Paucara y la fiscal Ingrid Ferraudi rechazan convocar a Arnold Alanes”, lamentó.
La abogada cuestionó el argumento de la Fiscalía sobre que el caso es muy complejo por la multiplicidad de personas investigadas y muchas aún buscadas, razón por la que mantiene en la cárcel a César Apaza, sin embargo, la parte querellante, como es el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, se reúne con normalidad en actos públicos con dirigentes que tienen orden de aprehensión.
“Lo más llamativo de todo esto es que ellos (la fiscalía) dicen que es bastante complejo el caso porque hay multiplicidad de delitos que son 13 aproximadamente, hay multiplicidad de personas investigadas como es el caso de Erlin Parí y Reynaldo Laura Laredo, quienes tienen órdenes de aprehensión, pero lo extraño es que en varias oportunidades estas personas se reúnen con la parte querellante, en este caso con el ministro de Gobierno”, señaló.
Una reciente coincidencia ocurrió hace una semana con motivo de la inauguración de la atención del Segip (Servicio general de identificación personal) en Adepcoca, a la que acudió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acto en el que compartió junto a Reynaldo Laura Laredo, vicepresidente de Adepcoca, y a Erlin Pari Pampa, ambos con órdenes de aprehensión.
“Toda esa situación se hace notar a la autoridad fiscal, se hace notar a la autoridad Judicial, de que este caso no reviste de complejidad por existir multiplicidad de sujetos procesados, porque es la misma parte querellante quien comparte conversaciones con esas personas que están siendo el día de hoy supuestamente buscadas y que no se puede dar con su paradero”, indicó.
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