La Paz, 20 de enero del 2025 (ANF). – El dirigente gremial de la facción arcista Rodolfo Mancilla pidió este lunes la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, rechazó el planteamiento de la confiscación de productos bajo el argumento de luchar contra la especulación; entre tanto, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, defendió esa disposición.
“Definitivamente, nosotros no estamos de acuerdo ni con la reglamentación (de la séptima disposición del PGE). Ese artículo tiene que ser retirado, ya hemos planteado nosotros, nos hemos reunido”, señaló Mancilla en declaraciones a la ANF.
Aunque también dijo que no afectará al sector de los comerciantes minoristas y que está direccionado a los mayoristas y grandes empresarios.
La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado faculta a las instituciones competentes a activar las acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos en caso del incremento de precios.
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, señala el texto de esa disposición.
Actualmente dicha disposición del Presupuesto General está vigente, toda vez que esa norma entró en vigencia el 1 de enero sin modificaciones. En año pasado, la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados eliminó el polémico texto, pero no fue refrendado en el pleno.
El ministro Cusicanqui defendió esta jornada la vigencia de esa disposición referida a la confiscación de mercadería en caso de que se incrementen los productos sin justificación.
“Lo primero que hay que aclarar es que la disposición séptima está pensada para proteger los bolsillos de los bolivianos, para que los beneficios se queden dentro del país y vayan directamente a las familias bolivianas. Es por eso que en este momento se tienen espacios de diálogo, en esos espacios se está discutiendo esa disposición”, justificó Cusicanqui.
Sectores gremiales, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también exigen la derogación de dicha disposición porque atenta contra la propiedad privada, genera inseguridad jurídica y puede estar sujeta al arbitrio de los funcionarios públicos.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó la semana pasada un proyecto de ley de derogación de dicha disposición y pidió al presidente Luis Arce ordenar a sus parlamentarios agiliza el tratamiento si existiese voluntad política.
El dirigente gremial alteño Antonio Siñani advirtió con masificar las movilizaciones en las calles en caso que se siga dilatando la eliminación de la disposición séptima del PGE.
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