La Paz, 4 de diciembre de 2024 (ANF).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) emitió un comunicado para presentar su postura institucional sobre la administración estatal y lamentar que el Gobierno pretenda, con la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, seguir aumentando su gasto a costa de un incremento del endeudamiento público.
“Con la proyección de un déficit de 9,2% del PIB entraremos en el 11 avo año con déficit fiscal, 9 de ellos mayores al 7%. Es este déficit que genera en gran parte los problemas que enfrentamos, como la falta de moneda extranjera, la escasez de combustibles, la creciente inflación y escasez de productos de la canasta familiar. Nos preocupa también que este elevado déficit fiscal genere la necesidad de incrementar el endeudamiento público. El proyecto de Ley del Presupuesto incluye la autorización para una serie de operaciones de crédito”, dice el comunicado de la CNC.
Pese a registrar números negativos que se traducen en la actual crisis económica, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa para su aprobación un PGE 2025 con un incremento consolidado del 11,7%.
“Nuevamente, exhortamos al Gobierno Nacional, a reflexionar sobre su política económica en momentos en los que se requiere austeridad y prudencia. Entendemos que, el sector empresarial y el pueblo boliviano en general, estamos enfrentando una coyuntura económica difícil, por lo que instamos al Gobierno Nacional actuar en consecuencia”, piden los empresarios privados.
El artículo 13 del PGE 2025 autoriza al Ministerio de Economía contraer una deuda de 3.000.000.000 de dólares; esos préstamos no pasarían por la aprobación de la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución Política del Estado, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón.
Además, el artículo 19 del mismo proyecto lleva como título “Garantía para el endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital exterior” y dice expresamente que: “Se autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB), en su calidad de Agente Financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro descritas en el Parágrafo II del Artículo 9 de la Ley N°1503 de 5 de mayo del 2023 para respaldar dicha operación, estando autorizado el BCB a suscribir los contratos y/o documentos correspondientes para dicho fin”.
Ese artículo posibilitaría empeñar las últimas 22 reservas de oro, que por ley no pueden ser tocadas, para contraer más deuda con la promesa de pagar en el largo plazo; es decir, en futuros gobiernos.
Decomisos a título de sobreprecio
La disposición adicional séptima del mismo proyecto de ley autoriza el decomiso de productos en toda la cadena productiva y comercializadora si es que las autoridades consideran que existe un sobreprecio en el costo final.
La CNC consideró que esa disposición es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano y resaltó que los precios deben regirse por el mercado, no por el criterio de algún funcionario.
“El intento de controlar los precios sólo hará que se dejen de producir y comercializar los mismos, generándose desabastecimiento, lo que ya se insinúa en algunos mercados. Tampoco estamos de acuerdo con pretender que los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales declaren obligatoriamente información de producción, transformación y comercialización de esta, con carácter de declaración jurada. Esto constituye una intromisión en las actividades privadas y sólo generará mayor burocracia y oportunidades de corrupción”, indica otra parte del comunicado.
Pese a las observaciones al proyecto de ley del PGE 2025, la CNC también destacó la intención de fomentar la actividad económica y privada con la exención de impuestos de una parte del impuesto a las Utilidades de las Empresas; beneficiarios del Exterior para los inversionistas extranjeros que reinviertan sus utilidades en el país; la exención del IVA para la importación y la venta en el mercado interno de bienes de capital y plantas industriales y para la importación de carburantes; además de reanudar los planes de facilidad de pagos incumplidos con Impuestos Nacionales o la Aduana sin penalidades.
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