En Lausana Suiza donde funciona el Tribunal Federal de Justicia, el último juez independiente de la Alta Corte fue elegido en 1942 y es un secreto a voces que los representantes del Parlamento, el Consejo Nacional (Cámara baja) y el Consejo de los Estados (Cámara alta) tienen serias dificultades con el tema de la militancia política, sobre todo cuando se producen vacancias, influencia política que no está fuera de la elección de jueces.
El modelo de elección para magistrados ha sido mal copiado por los asesores del expresidente Evo Morales, pero como el MAS IPSP se maneja en forma corporativa, el jefazo instruyó a los constituyentes para que introduzcan en la Constitución de 2009 lel sistema de elección para magistrados de los órganos judiciales. Se pensó que era original, auténtico y halagüeño y exportable quizás por los motivos de ojotas, ponchos, lazos y sombreros que utilizaron los pluriculturales y plurinacionales, para mostrar al mundo que la justicia en Bolivia con el hermano Evo y la cereza del aculliku, la “justicia era independiente y legítima”, dando el batacazo al cuoteo político.
La ciudadanía debe recordar que los únicos magistrados que dignificaron la justicia constitucional fueron los cinco magistrados titulares y suplentes que eligió el Congreso Nacional de la República de Bolivia el 5 de agosto de 1998 y ya en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a partir de uno de junio de 1999, se vistieron de independencia y se comunicaron con los litigantes por medio de sentencias y resoluciones objetivas, imparciales y de altísimo contenido convencional, comparado y doctrinario, manteniendo a la Constitución como suprema norma infranqueable por los poderes políticos del Estado. Sus fallos nunca estuvieron en tela de juicio, tanto es así que siguen siendo citados como precedentes por el espejismo de magistrados no militantes, pero afines al partido de gobierno.
Ahora bien, ¿por qué son un fracaso las elecciones de 2011, 2017 y 2024 y el modelo mixto de designación política y por voto popular?
En lo político por los dos tercios que el Movimiento al Socialismo contaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se eligieron magistrados a los órganos judiciales por afinidad política, padrinazgo y determinante influencia sindical. Es decir, que en las dos primeras elecciones con candidatos ya designados corporativamente, obviamente que los magistrados dejaron de ser independientes en el ejercicio jurisdiccional, convirtiéndose en generosos receptores de las instrucciones del ejecutivo, hasta con indulgencias en casos de narcotráfico, indultos, llegando a la ofensa extrema de reconocer como derecho humano la re re re elección del místico Evo Morales, que la OC 084/2021 de 5 de mayo emitida por la Corte IDH estableció que el sistema interamericano de los Derechos Humanos no reconocía la reelección presidencial como derecho autónomo.
La irreverencia a la Constitución y a la dignidad de los electores, fue que los magistrados pese a recibir el voto oculto y corporativo de las organizaciones sociales, con padrón inflado incluido, fueron posesionados con una minoría de votos válidos, que en muchos de los casos no llegaban ni al 5 %, pues los votos nulos, blancos y pifiados derrotaron a la legitimidad, factor superlativo suficiente para poner en evidencia que al régimen de gobierno del MAS IPSP poco le importó la sagrada cualificación de la independencia de poderes, por el contrario, se deslizaron por la subordinación, influencia y hasta extravíos de sentencias. En resumen, el modelo no solo que fracasó, sino que embarró la imagen del país, y la burla de los ciudadanos al no respetarse su voluntad de rechazo en ambas elecciones (2011 y 2018).
En el primer proceso eleccionario el Tribunal Supremo Electoral gastó 100 millones y en el segundo 125 millones ¿pero de qué sirvió? Simplemente para agudizar la justicia, perseguir a opositores políticos, encubrir la corrupción, tolerar a grupos armados y violentos que invaden propiedades agrícolas y ganaderas titularizadas, legalizar plantaciones de coca en áreas protegidas, parques Chiquitanía, Beni y Pando, y para colapsar los órganos judiciales con vocales y jueces que no dan la talla de confianza y seguridad en condiciones de igualdad e idoneidad para todos los ciudadanos del país. Si un Pipí Durán Padilla, Rául Romero Linares, Pablo Dermisaky y Edgar Oblitas Fernández resucitarán, estamos seguros que al ver la destrucción de la justicia boliviana, volverían a morirse ante tanto escarnio y corrupción. Y ni qué decir si los encuentran a los auto prorrogados al margen de la Constitución.
En las terceras elecciones judiciales verificadas el 15 de diciembre fueron de las más escabrosas y desastrosas, tanto en el desperdició de tiempo (un año y diez meses), como en la transparencia y supervisión del proceso, por los elementos que se pasan a describir:
a) Desde los 4 órganos del Estado: Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral (TSE), Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las Salas Constitucionales Departamentales activaron sus mecanismos devastadores para neutralizar las elecciones en su versión 2023-2024, con consecuencias de daños económicos, incertidumbre en los ciudadanos, indignación de los postulantes y autoprórraga de magistrados vulnerando la Constitución.
b) Convirtieron los cargos judiciales no renovados en su debido tiempo, en el patio trasero en que sólo siembran los entornillados, los que extravían expedientes, guardan peticiones de extradición y no aclaran las denuncias de cobros. El suprapoder que tiene como presidente de facto del TCP a Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, al desconocer que la función pública es un "derecho fundamental", y decidir con la SCP 0770/2024-S4 las elecciones judiciales parciales, comete la atrocidad de restringir el derecho al sufragio universal, impidiendo que los ciudadanos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija ejerzan el derecho a elegir a los magistrados al TCP por estos departamentos. Así como se limita el ejercicio democrático para elegir a los magistrados del TSJ para los Departamentos de Beni y Pando.
c) El TSE habilitó 7.334.435 ciudadanos para participar en las elecciones judiciales parciales en su faceta completa para elegir a 10 magistrados para el Tribunal Agroambiental (TA) y 6 magistrados para el Consejo de la Magistratura (CM). La supervisión y control del proceso no fue de lo más óptimo, al observarse largas filas para recabar el certificado de impedimento que se observó en todos los departamentos; en algunos establecimientos penitenciarios caso Cochabamba de 4.100 internos cerca de un 5% no estaban habilitados para votar; en el Colegio Holanda de El Alto denunciaron que los jurados no dejaron ingresar a los votantes al conteo de votos y otras denuncias que empañaron el proceso.
d) La falta de transparencia pública y respeto a los ciudadanos fue la decisión de la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional de no aplicar el sistema de Retransmisión Rápida Electoral una vez practicado el escrutinio en cada mesa Electoral (Direpre). La decisión omite el principio de transparencia pública que exige la Constitución y la Ley del Régimen Electora. Lo ilegal en su práctica reiterada en procesos electorales, de ninguna manera pueden ser validados por no contribuir al fortalecimiento de la democracia.
e) Desde el TED de Santa Cruz y otros departamentos, se informó que un 80% votaron en las elecciones judiciales parciales, dicha cuantificación no parece ser tan evidente, pese al carácter sancionatorio que aplicó el TSE, las largas filas por impedimento justificado y la desinformación fueron factores de desánimo; máxime si no se consignó la Nota de los candidatos seleccionados.
f) Sensiblemente, los propios vocales del TSE portando pancartas alusivas al voto ciudadano para renovar la órganos judiciales, imágenes que se mostraron por medios televisivos y escritos, influyeron para que los postulantes habilitados confundan el debate académico y de confrontación de propuestas en un verdadero acto plebiscitario, colocando afiches con ofertas rimbombantes de superar los males de la justicia, y nada menos con votos de minorías, situación que no controló ni sancionó el órgano electoral.
g) La elección parcial de magistrados a los órganos judiciales, por la fórmula política en que los sectores sociales (sindicatos, organizaciones Indígenas Originarias Campesinas, COB, Bartolina Sisa, Interculturales, federaciones de cocaleros y otras), se disputan los espacios de poder en la estructura e instituciones del Estado, perfeccionando la fórmula del -dominio de poder-, probablemente está vez, con el voto corporativo dividido en la preferencia instructiva de postulantes y, en su caso minando el derecho de conciencia y de elección en libertad de que gozan los más de medio millón de funcionarios públicos, considerando que desde las elecciones anteriores (2011 y 2017) los magistrados y los autoprorrogados se parcelaron las órganos internamente, prueba de esta práctica política y prebendal es que ante la renuncia de algún magistrado, el o la magistrada suplente coloca su propio personal y los demás sin despedidos, lo que explica que las campañas son financiadas.
h) En este escenario, la mayor ofensa a su dignidad la sopesan los empleados públicos de las instituciones del Estado, que tienen que cumplir con -doble deber- el determinado por el TSE de concurrir a sufragar, y subir la imagen del recuadro marcado a la autoridad -responsable o irresponsable- de descomunal trama contagio.
i) Los magistrados proclamados como ganadores para asumir el cargo en los Altos Tribunales de Justicia, el más votado ha logrado aproximarse al 25% por ejemplo Carlos Eduardo Ortega consiguió 88.315 votos válidos como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, titular por el departamento de Chuquisaca y Edson Dávalos obtuvo 43.659 votos (22,59%) para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como titular. Ambos son ganadores, pero con legitimidad precaria, por cuanto ninguno ha alcanzado los 119.000 ciudadanos que corresponden a la Circunscripción No. 1 del Departamento de Chuquisaca (Sucre Capital y la Provincia Oropeza). Las otras 4 circunscripciones que oscilan entre 60.000 y 40.000 habilitados para sufragar en estas elecciones, significaría que no están representadas o, es el voto polarizado militante o afín a los sectores en contienda (Arcistas y Evistas) lo que ha generado el fracaso de todo el modelo y que urge que los actores políticos y organizaciones civiles de la sociedad con nuevas visiones en la conducción de la nave del Estado (agosto 2025), se empeñen en transformar la justicia y los órganos vinculados, pasando indudablemente por una reforma parcial de la Constitución.
Los autoprorrogados que llevan un año de ejercicio en la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo se la Magistratura, con más de 8.000 causas resueltas el TSJ y más de 3.000 el TCP, por citar, en lo cuantificable no deja de ser relevante, pero dado su origen -no constitucional-, conllevaría la nulidad de estas sentencias, autos, resoluciones y declaraciones, y la consiguiente restitución de los haberes y aguinaldos percibidos ilegalmente, como cuanta toda disposición económica discrecional ventilada en juicio de responsabilidades.
El informe de la Misión de Observación de la OEA, presidida por Edilson Lanza destaca que las elecciones judiciales de 15 de diciembre en Bolivia se realizaron con transparencia y tranquilidad. Exhorta a todas las instituciones a buscar con urgencia una solución que permita completar la selección de los Magistrados en los departamentos que faltan; llamó la atención sobre la "situación creada por los magistrados DEL TCP que extendieron su mandato", y que, a través de decisión, en la que incluso intervinieron, retienen una mayoría en esa Corte".
Por la información del OEP presentada el viernes 19 de los resultados de las elecciones judiciales con una participación ciudadana de más de 82%, los votos válidos alcanzaron a un 64, 29% y los blancos y nulos llegaron al 35%.
Una nota a tomar en cuente es que el voto se polarizó como expresión de las pugnas que sostienen los artistas y evitas, por tal elemento la mejor votación recibida para ser magistrada del TCP Como titular por Potosí recayó en María Laura Villca con 58,95% y Julio Alberto Miranda Martínez como suplente con 41. 05% lo que digno destacar.
Apuntan, que el modelo vigente ha demostrado sus limitaciones y que su evaluación integral debe ser prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones; de mantener el sistema consideran importante una Ley marco que normalice toda la normativa referente a los comicios judiciales para "garantizar la transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia, y ver la posibilidad de incorporar un Comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales, para asegurar que la evaluación sea en base a méritos y capacidades.
El profesor Luigi Ferrajoli dice que: "El poder judicial debe ser independiente de la política (...) y que la elección judicial es contraria al constitucionalismo".
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
