Abordar el fenómeno del populismo desde una perspectiva jurídica es algo nuevo en el país, invita a investigarlo en tanto articulaciones con el populismo político y el denominado “media populism”. El populismo se ha expandido gracias a los medios de comunicación tradicionales y digitales, mostrándose con múltiples caras (como ideología, como estrategia de poder y como estilo comunicacional) y un nuevo rostro, el de la magistratura populista, que apela a la justicia del pueblo para encaramarse en los cargos judiciales. Estas variantes del populismo (político, mediático y jurídico) se caracterizan por buscar culpables y, para amplificar esta crisis de culpabilidad los candidatos populistas a las altas magistraturas han desplegado repertorios de demagogia y de mentiras virales; la culpa siempre es de los de arriba, nunca de los de abajo, a decir del profesor Giuliano Bobba la comunicación populista “suele basarse en la idea de crisis (de la democracia, de la política, de la justicia, de la inmigración, etc.), cuya responsabilidad no recae nunca en las personas comunes” (2024).
En el caso del sistema judicial boliviano los culpables de la mala justicia son los políticos y jueces corruptos, entonces, a los aspirantes a magistrados se les ocurre hacer campañas electorales por medios tradicionales y plataformas digitales ofertando independencia judicial, justicia renovada y liberada de sus males y corruptelas. Habiendo observado la propaganda realizada por los candidatos a las altas magistraturas del Estado Plurinacional de Bolivia, sería una mentira afirmar que la mentira se refugia solo en la política y que lo jurídico es lo puro que le pone frenos, no, la mentira se ha hecho absoluta e incontrolable y ha desatado por medio de la magistratura populista su poder intimidatorio, las bandas de impostores y mentirosos están en ambos extremos (entre los políticos y los magistrados): la mentira ya no tiene límites en la era del populismo mediático y del marketing político-jurídico. Cabe aquí otra observación, la legislación electoral se muestra desbocada (por no hablar de sentencias constitucionales de último minuto), el Órgano Electoral incumple con sus deberes establecidos en la Ley 026 del Régimen Electoral en el artículo 82 (Prohibiciones) y el artículo 83 (Inhabilitación de Postulantes); peor aún las autoridades del Tribunal Supremo Electoral minimizan la propaganda realizada por los candidatos prohibida por la norma electoral o, miran a un costado (Opinión, 15-XII-24). Para llegar a las elecciones del 15 de diciembre de 2024 hubo campaña electoral en las redes sociales, las campañas fueron por el voto nulo, blanco, por los candidatos del gobierno y, por lo que yo denomine el voto estratégico, es decir, por aquellos candidatos que fueron identificados como el mal menor (no masistas).
Las estrategias de la magistratura populista han echado mano de las plataformas políticas o politizadas para ofertar “justicia independiente” al pueblo, para ofrecer cambios en la estructura organizacional y funcional del Órgano Judicial; los populistas judiciales en campaña electoral intempestivamente explican a la gente lo que está mal en la justicia, encuentran culpables y “saben” cuál es la solución para cambiar ese gran mal llamado corrupción judicial. Para llegar al pueblo de Internet los candidatos han utilizado (estos meses de “intensa” pero prohibida campaña personal) la violencia simbólica, es decir, formas y contenidos feos y cínicos (lo que los anglosajones llaman internet ugly). Para conectarse con el pueblo la magistratura populista ha recurrido al meme, a influencers (por cierto, bastante ignorantes), a las selfies, a la lógica del escándalo, a los fake news y trolls, a la mentira, a la manipulación electoral y a la demagogia. En pocas palabras, el populismo judicial boliviano introduce nuevas lógicas para amplificar y encapsular la tragedia del odio.
El populismo constitucional se consagra como institución del nuevo constitucionalismo boliviano dado que el artículo 178 de la Constitución Política del Estado instaura que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano….”, de la letra constitucional, desde 2011, 2017 y con mayor intensidad el 2024, emerge el magistrado populista o, al menos, una serie de aspirantes a magistrados populistas que hacen campañas y hacen promesas de una nueva justicia proba e independiente, irrealizables. Dos fenómenos preliminares se pueden advertir de la magistratura populista: primero, la apertura a un pseudo modelo de mercado electoral judicial basado en la desinformación, o si se quiere una justicia mercancía que la compran los que tienen y los que pueden; segundo, el surgimiento de emprendedores judiciales que acceden a estrategias deliberadas e independientes fuera de control, basados en los códigos del populismo, es decir, apelando al escándalo, el sensacionalismo, los sentimientos anticasta y la complicidad con los políticos y los medios populistas. Pero no solamente es cuestión de promesas incumplidas o irrealizables, los candidatos a las altas magistraturas han organizado empresas de campaña electoral, han contratado asesoramiento especializado (los llamados spin doctors o consejeros políticos y profesionales de la comunicación), invirtiendo dinero negro y recolección de fondos en los propios tribunales de justicia. En pocas palabras, el poder de la magistratura populista está aprendiendo el manejo de la “media logic”, o lo que es lo mismo, la búsqueda de apoyo por medios indirectos de interacción entre candidatos y electores y, el uso de las tecnologías de la comunicación y de la mediación algorítmica.
Los estudiosos del ecosistema de los medios y las plataformas digitales, como lo explica el profesor Augusto Valeriani (2024), ha producido una transición del “media logic” al “network media logic” o “social media logic”, es decir, la llegada de los medios sociales de comunicación en red y la presencia de nuevas lógicas de producción y consumo mediáticos centrados en el funcionamiento de las plataformas digitales y las redes sociales que destacan por su conectividad, programabilidad, popularidad y datificación; la combinación de viejos y nuevos contenidos comienzan a dejar su dieta mediática en el populismo judicial boliviano. Pero no es tanto la forma de la transformación conectiva y la manipulación electoral judicial cuanto es el advenimiento de un poder intimidatorio de la magistratura populista y su falsa potestad de impartir justicia del pueblo boliviano. Los repertorios de demagogia y de mentiras virales son la característica de esta última elección parcial judicial: quien promete verdad o justicia miente, por lo tanto, mienten los del gobierno y los candidatos a magistrados, la mentira implica la intención de engañar, en este caso el engaño se detecta en las elecciones judiciales y las promesas de sus pseudocandidatos (Jacques Derrida nos recuerda que Platón utiliza la palabra pseudos que quiere decir a la vez mentiroso, falso, ficticio) (2001).
En la falsa potestad constitucional de impartir justicia del pueblo boliviano, este pueblo solo es valorado en la medida en que se llega a ocupar cargos en la estructura judicial, a partir de allí los poderosos usan la magistratura para intimidar al pueblo, para hacerlo su enemigo, para robarle y empobrecerlo por la vía del litigio judicial. El pueblo es siempre el centro de todo populismo, para los populistas es una formula perfecta afirmar que el pueblo imparte justicia aunque sea su contrario (una elite judicial heterogénea) la que tenga el poder de intimidar y pisotear al pueblo, de hacerlo gemir y gritar pidiendo justicia en las puertas y pasillos de los tribunales de justicia; al populismo judicial poco le importa que sea un pequeño grupo de jueces y magistrados poderosos y corruptos quienes se roben la soberanía popular-judicial. En resumen, el populismo judicial y su poder intimidatorio es parecido al del juego antagónico entre elite y masa: el “doctor” es el que sabe, la gente de la calle es la chusma ignorante a la que hay que “asesorar” en sus desgracias interminables.
Aunque Bolivia es un terreno fértil para la corrupción judicial, queda claro que algo nuevo está sucediendo para empeorar el sistema judicial con una herramienta conceptual que podría ser útil para demostrar la existencia del populismo autoritario en las altas magistraturas, este fenómeno se puede caracterizar provisionalmente como “el poder intimidatorio de la magistratura populista”; no se puede desarrollar la teoría y el concepto especifico de este fenómeno nuevo que aqueja al sistema judicial boliviano en un artículo de prensa, pero si es posible abrir el debate sobre la demagogia judicial que apertura la magistratura populista y sobre la intensificación del miedo ciudadano que infunden jueces, fiscales y altas magistraturas profundamente autoritarias y corruptas. No se trata, cuando hablamos de populismo jurídico de una división moral entre justos e injustos, de víctimas o victimarios judiciales o, de los puros contra los corruptos de toga; se trata más bien de una ideología de dominio jurídico entre los que tienen el monopolio de la ley y los desposeídos que no tienen nada para resistir las injusticias.
Lo que caracteriza a la magistratura populista y su poder intimidatorio es su relación de subordinación con el poder político y su extrema corrupción tutelada por la Constitución populista y su artículo 178 ya mencionado supra; además de su manera de comunicarse con ese pueblo de Internet mediante la manipulación electoral y la intimidación suavizada; lo que los convierte a los candidatos judiciales en personas no muy queridas o, más bien, hacen de la magistratura populista una función despreciable, una imposibilidad de sentido de pertenencia del pueblo hacia el sistema judicial boliviano; la magistratura populista inspira desconfianza, miedo y rabia de ese pueblo del que dice la Constitución emana la justicia, como pura retórica, pues lo cierto es que lo extraordinario (el juez) se pone por encima de lo ordinario (el pueblo). Para terminar, en los tiempos del populismo judicial y sus ofertas electorales demagógicas también se detecta la primacía de la mentira a plena luz, es más sutil, veloz y reticular (en las redes sociales y plataformas digitales) donde la gente puede saberlo todo y, donde la falsa promesa de justicia nueva quiere pasar por verdadera. Una política pública imprescindible es la creación de un cordón sanitario contra la magistratura populista.
El autor es politólogo y abogado, Docente UMSA
