La Paz, 22 de agosto (ANF).- Un total de 21 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto en el que condenaron el Decreto Supremo 3973, que permitió la quema en el Bosque Seco Chiquitano. Calificaron a los incendios que devastan a la Chiquitanía como “una de las peores catástrofes naturales” de la historia de Bolivia.
“La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) censura la aprobación de medidas normativas y administrativas atentatorias a los derechos de Madre Tierra y de la vida”, resalta el primer punto de los siete de la parte resolutiva del documento.
Asimismo, considera que las autorizaciones de chaqueo en el Bosque Seco Chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de flagrante negligencia dadas las características específicas de ese tipo de bosque, y la importancia del sistema de vida que contiene.
En el pronunciamiento, se detalla que el Decreto Supremo 3973 —aprobado el 10 de julio de 2019— autoriza el desmonte mediante la quema controlada o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, siendo que, antes de la modificación, dicha actividad era permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras privadas.
“De acuerdo a la norma, cada quema controlada ha sido autorizada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), derivando en la deforestación de más de 600.000 hectáreas en el último mes”, resalta.
El pronunciamiento atribuye responsabilidad a la ABT que, “como instancia técnica especializada, debió rechazar las propuestas de desmonte cercanas al Bosque Seco Chiquitano y proponer métodos alternativos a la quema controlada”.
Por ello, cuestiona al Estado y a las autoridades por no actuar de manera diligente para evitar, contrarrestar, y frenar el desastre natural que hoy se vive”.
Las organizaciones de la sociedad civil también exhortan al Estado boliviano a cumplir con su deber de garantizar los derechos medioambientales y emitir políticas públicas para prohibir la deforestación.
“Exhorta a las autoridades a garantizar políticas públicas adecuadas para prohibir la deforestación mediante la quema controlada, y resguardar las zonas forestales, áreas protegidas y parques nacionales ante el crecimiento de la frontera agrícola”.
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