Retardación de justicia mantiene en incertidumbre a médico Jhiery Fernández, el caso sigue abierto

Pese a que el tema de fondo de su proceso ya fue resuelto de manera favorable, aun no hay una sentencia absolutoria por completo debido a que la Gobernación de La Paz se opone a pagar daños y perjuicios al galeno y presentó una apelación. Una audiencia que no llega a concretarse debe definir esta situación.

“Yo estoy cansado ya de ir a preguntar de una u otra cosa al juzgado y con lo que ha apelado la gobernación estoy yendo a presentar memoriales, sigo y sigo y sigo y nunca nos dan audiencia”, dijo el médico a ANF.

Desde 2014 a 2023, son nueve años del caso, “cuántos años más voy a estar pendiente de lo que va a pasar con mi vida, hasta ahora no sé cuál va ser mi destino”, reprochó.

El galeno dijo que se siente atado y sin posibilidad de viajar en busca de oportunidades para ejercer su profesión debido al proceso que sigue abierto y no se sabe cuándo terminará.

“Yo quisiera ir a Sucre, a Santa Cruz, a Tarija a cualquier lugar a trabajar, pero no puedo porque tengo un proceso abierto aquí en La Paz y no sé cuándo se va a resolver, tal vez hasta cuando tenga mis hijos y mis hijos sean mayores vamos a seguir esperando esa bendita audiencia”, lamentó.

El caso de Fernández es emblemático en la justicia boliviana. Es el reflejo de la crisis y la mediocridad del sistema de justicia y sus autoridades a quienes no les importa condenar a un inocente con tal de tener en la cárcel a quien responda por un delito.

El proceso no está cerrado y eso ocurrirá una vez que el juez determine el pago de las costas por la vulneración de los derechos del galeno.

“Esta pequeña traba está haciendo que mi sentencia absolutoria no salga, y como está esa apelación de la Gobernación de La Paz, si bien no es sobre el fondo del tema, es algo colateral del juicio, es una apelación a la sentencia y constituye una piedra para que no salga mi sentencia absolutoria completa”, enfatizó.

Para Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, se trata de un caso de retardación de justicia porque una vez absuelto el médico Fernández, inmediatamente la autoridad debería resarcir los daños.

“Quién debe calificar de forma precisa esta situación es el juez y tiene que determinar que la autoridad inmediata pueda resolver el tema, pueda resarcir, reparar daños, limpiar la imagen del médico, que es lo que corresponde”, dijo a ANF.

Después de tanta insistencia se logró que se programe la audiencia de Fernández para la primera semana de marzo, luego de que una anterior se suspendió.

Las instituciones que se querellaron contra Fernández responsabilizándolo por la muerte del bebé Alexander fueron el Servicio Departamental de Salud (Sedes), la Gobernación de La Paz, la Defensoría de la Niñez y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).

Luego de que se determinara un nuevo juicio contra Fernández por la muerte del bebé Alexander, la Fiscalía y todas las instituciones que lo acusaban retiraron los cargos.

En ese ínterin, dijo el galeno, vino el tratamiento del pago de los gastos ocasionados por los fiscales y las instituciones, y por mayoría -dos de los tres jueces. Se acordó que todos quienes acusaron debían pagar la indemnización, pero la jueza Lourdes Tola cambió el contenido de la absolución indicando que la Gobernación de La Paz no debía pagar.

“Lourdes Tola ha cambiado el contenido y ya no a puesto que tienen que pagar todos, sino que la Gobernación está exenta de pagar”, recordó Fernández.

Por esta decisión arbitraria Tola fue procesada y dilató el cierre del caso. 

La gobernación de La Paz argumentó que se apartó de la acusación contra Fernández y quien debe responder por los daños y perjuicios es principalmente la Fiscalía que ha llevado adelante la investigación.

Fernández indicó que desde el Ministerio de Justicia señalaron que no iban a pagar ningún resarcimiento debido a que esa instancia solo actuó como parte coadyuvante, aunque en los hechos se comportó como parte acusadora, lo cual fue permitido por la jueza Patricia Pacajes.

“Cuando uno está en juicio, si has acusado tienes derecho a interrogar a los testigos, judicializar pruebas, o sea a ser un actor del juicio, pero si eres coadyuvante simplemente vienes y miras y nada más, y eso era lo irónico, de que en el juicio los del Ministerio de Justicia introducían pruebas, interrogaban a testigos, a peritos, no era simplemente alguien que iba a observar, sino que se metía en el acto mismo del juicio, y eso no debería haber pasado, pero la jueza Pacajes ha dejado pasar eso pese a que varias veces hemos reclamado”, lamentó el médico.

El Ministerio de Justicia participó con un abogado que se oponía y atacaba constantemente al galeno, incluso esta institución destacó como un logro positivo la sentencia condenatoria de 20 años de cárcel contra Fernández, cuando se dio. Ante los reclamos y un posible proceso contra el abogado Daniel Juniors Mollo Figueroa, que actuó durante el proceso como representante del Ministerio de Justicia, en esta institución señalaron que había sido despedido. 

“El Ministerio de Justicia impulsó el juicio en mi contra, pero no hay nada en contra de ellos y solo el funcionario que estaba casi durante todo el juicio, que era del Ministerio de Justicia, lo que han hecho es supuestamente despedirlo”, dijo.

Fernández envió cartas al ministerio pidiendo un proceso en contra de Mollo Figueroa, “que se le haga un proceso sumario interno para que salga con antecedentes y como funcionario público no ejerza más, pero han dicho del Ministerio de Justicia que se lo ha despedido y el caso ahí quedó”.

Sin embargo, Mollo Figueroa nunca fue despedido, sigue figurando como funcionario de ese ministerio en un cargo jerárquico y su declaración jurada fue renovada el 24 de febrero de este año. 

El activista de derechos humanos de El Alto David Inca señaló que dentro del proceso de reparación que debe recibir el galeno está la indemnización, que es devolver los gastos procesales, pero eso solo es una parte debido a que “reparación también se entiende que se haga una dignificación, un acto donde la Fiscalía pide disculpas, el órgano jurisdiccional, los jueces que lo han sentenciado injustamente, esto como institución del Estado, así también los medios de comunicación que lo han estigmatizado”.

Por otro lado, dijo, está la compensación, es decir “compensarle no en el sentido de indemnización sino compensar por el daño que ha recibido y aquí entra la figura del lucro cesante y daño emergente, es decir qué es lo que él tenía que ganar durante estos siete años, qué proyectos tenía para el futuro en temas de economía”, pero “todo esto se pierde al no haber una ley integral que haga efectiva una reparación”.

Inca remarcó que se necesita una ley integral para las víctimas en gobiernos en Estado de derecho, es decir en un Gobierno constitucional que viola los derechos humanos como ha ocurrido con el médico Jhiery Fernández y no solo limitar la reparación integral para las víctimas de un Gobierno de facto o de golpe de Estado como pretende el gobierno.

“El caso de Jhiery Fernández es muy connotado para que la ley de reparación integral que se va a tratar en el legislativo sea amplia, en el buen sentido de la palabra, y no solamente sea restringida solo a las víctimas de octubre del 2019, sino que sea amplia tanto para el pasado como para el futuro, entonces ahí tendría sentido esta ley”, enfatizó Inca.