La Paz, 17 de febrero de 2025 (ANF).- El activista de derechos humanos David Inca denunció que, pese a una resolución constitucional que prohíbe la exposición de detenidos sin sentencia, el Ministerio de Gobierno y la Policía continúan publicando imágenes y datos en sus redes sociales. El abogado Eusebio vera señaló que esta situación continuará mientras no haya denuncias sobre estas vulneraciones.
“Si bien por medios de comunicación no están saliendo ahora, por sus redes sociales lo están haciendo, en las redes sociales de la Policía y el Ministerio de Gobierno”, alertó Inca a ANF.
Los días 13 y 15 de febrero en la página oficial de Facebook del Ministerio de Gobierno, se puede apreciar a personas detenidas siendo exhibidas, a pesar de la resolución constitucional del 6 de febrero que prohíbe esa práctica.
“Eso va a verificación, porque quien tiene que hacer esa verificación por un lado es la Defensoría del Pueblo, y entiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también está haciendo seguimiento a esa sentencia”, explicó el activista.
Inca recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) establece que exponer a detenidos antes de una sentencia vulnera el principio de presunción de inocencia. “En tanto y en cuanto exista una sentencia es posible presentarlo públicamente y decir: ‘este es el culpable o la culpable’”, dijo.
El activista señaló que esta práctica es un patrón repetitivo en los distintos gobiernos, en los que “todo ministro de Gobierno quiere demostrar que detiene a los malos y los expone públicamente. Eso lo han hecho en todo gobierno, es un modus operandi gubernamental para demostrar a la población que están haciendo su trabajo”, indicó.
Según Inca, esta costumbre ha derivado en casos de injusticia y persecución indebida, como el caso de Reyna H., mamá de dos hijitos, “a quien le han hecho persecución y la han presentado como una delincuente cuando ella no ha hecho nada malo”.
El 6 de febrero, la Defensoría del Pueblo logró una resolución constitucional que estableció la protección del derecho a la imagen y el respeto a la presunción de inocencia de Reyna H. Este hecho marcó un hito en la defensa de los derechos humanos en el país.
Reyna H. fue exhibida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el pasado 22 de enero, cuando la acusó públicamente de cometer tres delitos, con cargos que luego se revelaron como infundados.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó que el ministro Del Castillo debe realizar una reparación pública mediante una conferencia de prensa, en la que se rectifique la información y se dignifique a la afectada.
“Ahí la decisión judicial es que exista una reparación pública, que implica esa dignificación; es decir, públicamente el ministro Del Castillo tiene que decir: ‘nos hemos equivocado, a una persona inocente la hemos presentado’, y eso no ha hecho el ministro”, reclamó Inca.
Según el activista, si el ministro no cumple con la orden judicial, podría enfrentarse a un proceso legal promovido por la Defensoría del Pueblo, entidad que logró la sentencia en favor de Reyna H.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que la Resolución Constitucional 038/2025 se basa en jurisprudencia internacional, incluyendo la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Blass Valencia contra el Estado Boliviano.
Semanas antes, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo un “llamado urgente” a las autoridades para evitar la repetición de estos hechos y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Dicho pronunciamiento instó a que se garantice el respeto a la libertad, el debido proceso, la no revictimización y la reparación de los derechos vulnerados de los ciudadanos Reyna H. y Juan L., quienes fueron expuestos indebidamente.
El principio de presunción de inocencia está respaldado por la Observación General N° 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”, establece el documento de resolución constitucional.
Inca reiteró que el incumplimiento de la resolución judicial es una señal de que el Gobierno no está respetando los derechos humanos, y pidió a las instancias internacionales que mantengan un seguimiento estricto sobre estos casos.
El abogado Eusebio Vera dijo al respecto que esta situación persistirá mientras no haya denuncias formales que cuestionen la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
“Mientras alguien no presente una denuncia por vulneración a derechos y garantías constitucionales, yo estimo que va a seguir esa mala práctica de las autoridades, ya sea del Ministerio de Gobierno o de la Policía boliviana, va a seguir esa mala práctica”, sostuvo Vera en declaraciones a ANF.
El abogado recalcó que esta situación no debería ocurrir en un Estado de derecho, pero, dijo, lamentablemente se ha convertido en una acción frecuente en el país.
“No debería ocurrir, no debería suceder, pero en nuestro país está siendo recurrente esta situación”, agregó.
/ANF/
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