Bayard también fue recluido en la cárcel de San Pedro

La Paz, 29 nov (ANF).- Los dirigentes cívicos de Tarija, Reynaldo Bayard y Marcelo Salazar fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.
El juez Quinto de Instrucción Penal, Willam Dávila, decidió la detención preventiva.
En tanto que Gonzalo Salazar quedó en libertad pura y simple.
La detención preventiva de Bayard y Salazar es una decisión tomada “teniendo en cuenta la documentación presentada por la parte querellante” y la suficiente causa, argumentó el juez Dávila al anunciar la disposición.
Pasado el mediodía de este sábado comenzó la audiencia de medidas cautelares, en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal de las tres personas detenidas el jueves en Santa Cruz acusadas por el Gobierno de atentado a instalaciones energéticas en el Chaco tarijeño.
Estos seis detenidos son el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, los hermanos Guillermo, Marcelo y Gonzalo Salazar, Carlos Zeballos y Mauricio Fuentes, quienes el viernes se acogieron a su derecho al silencio y no emitieron declaraciones ante la Fiscalía.
El juez Dávila quien remitió al prefecto de Pando Leopoldo Fernández con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, y este sábado decidió la situación legal de tres de los seis detenidos de Tarija.
Bayard y los otros detenidos se acogieron al derecho al silencio, pero este sábado se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, cumpliendo los plazos legales. El fiscal adscrito al caso es Félix Peralta.
SILENCIO
El Presidente del Comité Cívico de Tarija y los dirigentes cívicos de Villa Montes, Marcelo, Gonzalo y Guillermo Salazar, además de Mauricio Fuentes y Carlos Zeballos, determinaron no prestar declaraciones ante la comisión especial de fiscales que investiga estos hechos registrados en septiembre pasado cuando autoridades y cívicos opositores se movilizaron para exigir la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el respeto a la autonomías.
Bayard está acusado por el atentado perpetrado cuando cerraron una válvula del gasoducto Yacuiba–Entre Ríos y la toma de la planta de Vuelta Grande, hecho que fue tipificado como atentado terrorista y delitos contra la seguridad del Estado. Zeballos, Fuentes y los hermanos Salazar son acusados por haber brindado colaboración a las manifestaciones y participar también en el atentado dinamitero contra el gasoducto, perpetrado el 10 de septiembre. El investigador en este caso, mayor Jhonny Aguilera, dijo que los imputados fueron involucrados por los ciudadanos villamontinos, José Vaca Ortiz, que guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro y Jimmy Benítez, al que la justicia aplicó medidas cautelares.
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