La Paz, 13 de septiembere de 2024 (ANF).- Los casos de criminalización en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos en Bolivia se han incrementado este año. La detención de Juan Giacoman, defensor medioambiental, ocurrida el miércoles 11 de septiembre en la ciudad de La Paz, durante una protesta en contra de los incendios que están arrasando el oriente boliviano, es una muestra del incumplimiento de protección y garantía de protesta en favor de las personas que se dedican a la defensa de derechos.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, entre enero y septiembre de este año, se han registrados 54 ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos y en contra de las libertades fundamentales, en las que éstas se encuentran como actores vulnerados. Resaltan 27 hechos en contra de defensores de la tierra y el territorio, 13 en contra de defensores medioambientales y ocho en contra de defensores de derechos laborales.
De la cifra de 54 se desprende, también, el registro de 19 casos de criminalización en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos. De éstos, 16 fueron perpetrados en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio, uno contra un defensor de derechos laborales, uno contra una defensora de los pueblos indígenas y uno contra un defensor del medioambiente, refleja una nota de prensa de Unitas.
Los casos de criminalización surgen a raíz de acciones de defensa asumidas por estas personas y organizaciones. Por ejemplo, la persecución y criminalización en contra de 12 dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de La Paz, cuya acusación formal por 10 delitos asociados a la quema del mercado paralelo de la coca, el año 2022, recién fue presentada en mayo de este año (15/05/24). También sobresale el caso del dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, quien fue detenido en inmediaciones de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, tras protagonizar una protesta (28/8/24).
No sólo esto, sino también sobresalen en los casos aquellos defensores indígenas de su tierra y territorio, como es el caso de tres autoridades de la jurisdicción indígena del valle de Zongo de La Paz que están siendo procesadas por la justicia ordinaria por denunciar la minería ilegal en su territorio (9/4/24) o el caso de los dirigentes indígenas de la comunidad Alcko Tambo de Potosí, en contra de quienes la empresa minera La Estrella presentó una acción de libertad por el bloqueo que instalaron en el acceso al ingenio minero del sector, una medida de protesta asumida por la falta de respuesta a su demanda de parar la contaminación (1/3/24).
Si se compara la cifra con lo ocurrido en 2023, los datos del Observatorio dan cuenta que, en ese año, los casos de criminalización a defensores de derechos llegaron a 18, siendo 14 las personas defensoras de la tierra y el territorio llevadas a estrados judiciales por acciones vinculadas a su rol y otras cuatro personas defensoras del medioambiente, de manera específica, guardaparques procesados por impedir el ingreso de maquinaria minera a áreas protegidas.
Para el Observatorio, el caso de Giacoman evidencia también el espacio desfavorable en el que las personas y organizaciones defensoras desarrollan su labor, dado que la detención de este defensor se dio en un contexto de represión policial a la manifestación de ambientalistas de la que era parte. Ese hecho, además, vulnera la libertad de reunión y protesta pacífica de estas personas.
El contexto de los incendios en el país ha generado una serie de vulneraciones en contra de las personas y organizaciones defensoras del medioambiente. El Observatorio ha registrado restricciones al acceso a la información e impedimentos de protesta proferidos no sólo por la Policía, sino también por instituciones públicas responsables del cuidado y protección de los bosques.
El pasado 10 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, un grupo de defensores medioambientales fueron desalojados de las instalaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) por protestar en contra de la inacción estatal frente a los incendios y la demanda de acceso a la información. Además de apagarles las luces para impedir su manifestación, los retiraron del lugar, y la ABT programó una reunión con ellos para el día siguiente.
A esto se suma la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de tres ministros, tres gobernadores y 12 alcaldes a los que atribuye no haber atendido oportunamente} los incendios forestales (11/09/24). Las autoridades citadas con la acción popular presentada por la autoridad defensorial son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.
Análisis
Conforme a sus obligaciones internacionales, el Estado debe garantizar un entorno seguro y propicio para que estos defensores puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias, violencia o persecución. Ello implica acciones de prevención, protección, investigación y sanción.
De manera especial ante situaciones de riesgo, el Estado debe garantizar la protección efectiva de las y los defensores de derechos humanos. Esto incluye medidas como el establecimiento de mecanismos de protección o protocolos de respuesta rápida.
Cuando se producen ataques o violaciones contra defensores o defensoras, el Estado tiene la obligación de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva estos actos, además de asegurar que los responsables sean sancionados, señala la red de instituciones.
/ANF/
Articulo sin comentarios
