La Paz, 20 de agosto de 2024 (ANF). - La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) S.A. evitó dar más detalles sobre cómo se realizará el pago millonario del Bono de antigüedad a 401 trabajadores, que ganaron un juicio laboral. Según la estimación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) asciende a Bs 142 millones.
El responsable del área Legal de la empresa intervenida, Enrique Barreda, dijo que mientras no se cuente con una planilla que establezca la cantidad que recibirán los trabajadores beneficiados, no se puede hablar de un monto económico ni que exista un daño o quiebra de la empresa.
“En tanto esto no haya, no se puede hablar de un daño, no podemos hablar de montos, no podemos hablar discrecionalmente de una quiebra. Obviamente, adelantándonos a una posibilidad de pagos se está hablando internamente y administrativamente de cómo se puede llegar a una negociación”, afirmó el representante legal.
El informe técnico legal de la AAPS, emitido el 13 de mayo de esta gestión, confirmó que EPSAS debe pagar Bs 142.670.210 a 401 personas del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (SUTAS), que demandaron a la empresa por la supresión del pago de bonos de antigüedad.
Ante la consulta de cuál será la forma de pago del bono, Barreda señaló que sostuvieron encuentros con los beneficiarios para llegar a un acuerdo, insistió que se debe esperar a que el juzgado que conoció el caso emita una planilla donde establecerá los montos que se deberá pagar a cada trabajador y a cuánto alcanzará la restitución del bono de antigüedad.
“Internamente y administrativamente se está viendo la manera una forma de conciliar este pago. Si bien es un fallo ejecutoriado, todavía falta que la autoridad competente emita una posible planilla de liquidación. Esos cálculos proyectados por algunos informes que han ido circulando son proyecciones, pero no son la autoridad competente que ha dispuesto, son estimaciones discrecionales”, declaró.
El mismo informe de la AAPS señaló que la firma intervenida no cuenta con una estrategia para asumir la millonaria pérdida económica que representa el juicio laboral. Además, indicó que la ejecución de ese pago puede poner en riesgo la inversión en proyectos y un déficit de más de Bs 100 millones.
Procesos
Por otra parte, el informe legal del jefe de Asuntos Jurídicos de la AAPS, Freddy Bustinza, indicó que, en los últimos 10 años, EPSAS perdió el 90% de los proceso laborales y penales a causa de despidos injustificados y la restitución de beneficios sociales.
“EPSAS S. A., en los últimos 10 años, afronta un incremento significativo de procesos laborales por despidos injustificados, reintegro de beneficios sociales y otros, así como denuncias y procesos penales, cuyos resultados en más del 90% son desfavorables y negativos para la empresa, a pesar de que el Departamento Legal cuenta con entre 10 a 15 funcionarios”, señala el documento.
A la vez, aseveró que existió una desinstitucionalización, manejo irresponsable y discrecional del área legal o jurídica, que no responden a los lineamientos, políticas y planificación de los niveles ejecutivos y gerenciales de la empresa, que representa un grave riesgo para el servicio.
Se consultó sobre la cantidad de procesos laborales que enfrenta la empresa intervenida y a cuánto ascendería la restitución del pago de beneficios, el abogado no precisó esa información y solamente dijo que esos procesos surgieron por la decisión discrecional de los anteriores interventores.
No existen respuestas certeras sobre si la empresa cuenta o no con los recursos que tendrá que destinar para el pago a los demandantes, si se iniciará una acción legal contra los responsables por las decisiones que asumieron y que ahora la empresa debe responder por más de 140 millones de bolivianos, entre otras inquietudes que surgen a propósito de esta situación.
/EUA/ANF/
Articulo sin comentarios