La Paz, 26 de junio del 2024 (ANF). – La directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Lizeth Pamela Troche, sostuvo este miércoles que no puede pronunciarse sobre casos particulares de autoridades y exautoridades, porque existe una cláusula de confidencialidad.
La autoridad fue consultada sobre los avances de la investigación en el caso de ganancias ilícitas contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari; también si iniciaron un proceso contra la exministra Julia Ramos, después de la denuncia sobre los 174 bienes que tendría a su nombre.
“En relación con las preguntas específicas dirigidas a la UIF y en relación con los casos de investigación, nosotros por normativa no podemos hablar sobre ningún caso de investigación. Nosotros estamos bajo una cláusula de confidencialidad, enmarcado en el Decreto Supremo 4904 (…), es por eso que no nos podemos referir en ningún caso de investigación”, declaró Troche.
En mayo se conoció que la Fiscalía de La Paz inició una investigación contra Israel Huaytari, a petición de la UIF por un presunto caso de legitimación de ganancias ilícitas.
De acuerdo al cuadernillo de investigación, se reflejó que la autoridad legislativa recibió 193 depósitos en una cuenta mancomunada con su esposa, cuyo valor supera los Bs 1,4 millones.
Huaytari atribuyó el hecho a un ataque para dañar la gestión del gobierno de Luis Arce. Negó tener una esposa y argumentó que los depósitos que le realizaron fueron porque vendió equipos de un cinema. No brindó mayores detalles.
En el caso Julia Ramos, exministra de Evo Morales, fue denunciada por la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero porque una certificación Derechos Reales develó que tiene a su nombre 171 bienes inmuebles en el barrio Bartolina Sisa y tres terrenos gigantescos en municipio de Uriondo de Tarija.
La exautoridad y actual vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) admitió que a su nombre están 423 bienes y no 174, como dijo Campero; pero actualmente está en proceso de transferencia a sus dueños, porque en 2008 los titulares le confiaron a ella que compre 25 hectáreas de terrenos para que posteriormente sean favorecidos con el programa de vivienda social.
En declaraciones a los medios, la exministra calificó el hecho como un acoso político y anunció que tomará acciones contra quienes revelaron la denuncia.
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