Afirman que "doble fianza" de Bs 100.000 para Raúl Uría solo ratifica su detención preventiva

“No hay nivel de equilibrio en relación al planteamiento, al final esta decisión que ha planteado el juez nada más es una medida que solo está ratificando la detención preventiva que debería ser una excepción”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.

El 19 de mayo el juez primero de instrucción penal de El Alto rechazó ampliar la detención preventiva de Raúl Uría por dos meses más en el penal de San Pedro y decidió otorgar medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Bs 50.000 y la anotación de un bien inmueble valorado en Bs 50.000.

Para el abogado Jorge Valda se trata de una doble fianza para una persona de escasos recursos que durante ocho meses no ha trabajado y además no tendrá salidas laborales para poder trabajar.

“Establecer para una persona que no ha trabajado ocho meses, que es humilde, que es productor de la hoja de coca, que es una persona a la que no se le ha demostrado un solo elemento delictivo, pedirle 50.000 bolivianos de fianza es de imposible cumplimiento”, señaló Valda en entrevista con ANF.

El jurista indicó que planteó en la misma audiencia un recurso de apelación para que un Tribunal de Alzada pueda revisar la determinación del juez debido a que “el hecho de señalar detención domiciliaria sin salidas laborales a una persona que tiene todo el derecho de trabajar, más aún cuando estamos atravesando una crisis que afecta a todos los hogares, es un exceso, pero estoy convencido de que no puede haber un tribunal que actúe con inhumanidad”.

Herrera indicó que la detención preventiva en este último tiempo viene siendo utilizada como un arma con la cual se va vulnerando el derecho al acceso a la justicia, atentando contra el principio de objetividad, de imparcialidad y “básicamente se estaría utilizando como una medida principalmente restrictiva y política, en función de una postura más política que de la búsqueda de justicia".

Valda señaló que el proceso contra Uría seguirá adelante, pero al haber transcurrido más de seis meses la etapa preparatoria ha concluido, siendo que Raúl Uría fue imputado el 15 de septiembre de 2022 y al presente ya transcurrieron más de ocho meses.

“La misma autoridad jurisdiccional le ha conminado al Ministerio Público a que de una vez por todas presenta un requerimiento conclusivo, si presenta una acusación con gusto vamos a ir a juicio, no tenemos ningún problema de demostrar que no hay una sola prueba”, enfatizó el abogado.

Indicó que si la fiscalía presenta un sobreseimiento “será un acto hidalgo y honesto”, en el que reconoce que Raúl Uría fue “indebidamente procesado”, pero el proceso sin importar el rumbo que vaya a tomar, agregó, el dirigente cocalero “tiene todo el derecho de defenderse en libertad”.

Para Herrera, si la fiscalía no presenta pruebas contundentes en relación al caso, “claramente se notará que es más una actitud y una postura de criminalizar la protesta, de judicializar la acción de los dirigentes que sean contrarios a una postura gubernamental”, lo que generará antecedentes para futuras movilizaciones y a futuras posturas de dirigentes de sectores sociales que no comulguen con el criterio de los gobiernos que están en el poder.

El abogado Valda tiene la esperanza de que en los próximos 10 o 15 días Raúl Uría pueda volver a su casa luego de que un Tribunal de Alzada revierta las condiciones en el fallo del juez.

La madrugada del 15 de septiembre del año 2022 Raúl Uría fue detenido por la policía cuando viajaba al departamento del Beni. Los efectivos no presentaron ninguna orden de aprehensión contra Uría por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Hasta la fecha la fiscalía no explicó ni mostró ninguna arma de fuego ni la modalidad de cómo se estarían traficando estos dispositivos.

“Básicamente esa ha sido la razón por la que logramos vencer esa muralla de mentiras y de montaje que es el Ministerio del Gobierno en este proceso”, apuntó el jurista.