La Paz, 11 de julio de 2023 (ANF).- Pese al anuncio de una intervención “más integral” para identificar a las autoridades judiciales que fueron parte de la “aberración procesal” en el caso de Marco Antonio Aramayo, fallecido el 19 de abril de 2022 con más de 200 procesos penales, la defensoría del Pueblo con Nadia Cruz no concretó ninguna investigación y cerró el caso antes de que concluya su gestión.
Luego de la muerte de Aramayo, el 26 de abril, Cruz indicó a los medios de comunicación que “se está haciendo una intervención más integral” y que se solicitó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia “se identifique a las autoridades jurisdiccionales y fiscales que hubiesen intervenido en el caso y que se establezcan responsabilidades”, sin embargo, hasta la fecha no se conoce ninguna investigación ni sanciones a los funcionarios, y por el contrario, Cruz “cerró el caso”, de acuerdo a información que brindó a ANF la actual gestión de la Defensoría del Pueblo.
Pese a tratarse de un delito de lesa humanidad como tortura que sufrió Aramayo en vida, alertado y documentado por el Instituto contra la Tortura (ITEI), Nadia Cruz descartó este extremo. Actualmente no existe ninguna investigación ni resolución defensorial sobre el tema. La muerte del exdirector del Fondo Indígena fue el resultado de una serie de “vulneraciones a sus derechos fundamentales”, concluyó el ITEI.
La única denuncia presentada sobre el caso por la muerte de Aramayo fue cerrada en dos ocasiones. A tres semanas de la muerte de Aramayo, el abogado Jorge Valda, la exparlamentaria Carmen Eva Gonzales y la activista Guadalupe Cárdenas presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por homicidio, vejaciones, torturas y malos tratos, privación de libertad, retardación o denegación de justicia, prevaricato de jueces y fiscales, denegación de auxilio, omisión de socorro y otros en contra de los supuestos autores. La fiscalía solo aceptó la figura retardación de justicia en contra del exdirector de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, pero nunca le tomó la declaración.
“Ya le hemos señalado tanto a la fiscalía como a los diferentes actores estatales que no es permisible que en nuestro país una etapa preliminar que debiera durar 20 días dure más de un año, esa ya es una vulneración y una afectación”, dijo Cruz tras la muerte de Aramayo y horas antes de su deceso advirtió de la existencia de “serias violaciones” al debido proceso y negligencia de Régimen Penitenciario por no facilitar atención oportuna a la exautoridad, pero todo quedó en la impunidad.
La actual gestión de la Defensoría del Pueblo informó a ANF sobre las acciones previas de la institución en el caso de Aramayo que datan desde el 31 de julio de 2020, cuando intervino de oficio tras la denuncia pública que realizara el exdirector del Fondo Indígena, “pidiendo justicia y señalando que mantenía detención 6 años en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, superando así la pena (5 años) que establece la ley para el supuesto delito cometido”.
En la intervención de la Defensoría del Pueblo, señala el reporte a ANF, se realizaron solicitudes de requerimientos de informes dirigidos a la Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Dirección General de Régimen Penitenciario, Procuraduría General del Estado (PGE) y Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MJTI). “Se evidenció que desde el 2014 el ciudadano Aramayo contaba con varios procesos penales en su contra radicados en diferentes juzgados de ocho departamentos de Bolivia”.
Respecto al seguimiento de su estado de salud, “el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, efectivizó las correspondientes visitas y el 14 de abril del 2022, advirtió su trasladado al Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas. Las acciones continuaron a fin de constatar que el ciudadano reciba la atención médica requerida y de forma paralela la Defensoría del Pueblo emitió pronunciamiento público expresando preocupación por el estado de salud y vida del ciudadano Aramayo Caballero”.
Tras su deceso, ocurrido el 19 de abril de 2022, “conforme a la normativa interna institucional el caso del señor Aramayo fue concluido por el fallecimiento del peticionario”.
“En suma, se advirtió que la multiplicidad de procesos penales a los que se ha sometido al señor Marco Antonio Aramayo Caballero, originó la imposibilidad de ejercer adecuadamente su defensa técnica y material; y siendo además necesario fortalecer la atención medica de las personas privadas de libertad”, se lee en el informe de la Defensoría a ANF.
La muerte de Aramayo sigue en la impunidad. Solo se podrá reabrir el caso en la Defensoría, según informaron, tras una petición o evaluación y decisión del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
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