Jurista ve que el Estado y sus instituciones son responsables de la muerte de Aramayo

Dijo que Bolivia en este momento se encuentra en un estado de vulnerabilidad y pasible a una sanción internacional por lo ocurrido y sugirió a las autoridades contactar a la familia del fallecido para otorgarles un resarcimiento.

“Tenemos que entender que hay una responsabilidad estatal que deviene de todas las instituciones estatales que tienen que ver con el manejo de la justicia”, declaró Quiroz a ANF.

Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, falleció el martes debido a una “falla multiorgánica” agravada por un cuadro de “diabetes e hipertensión”. En los siete años que pasó de reclusión el exfuncionario sufrió tortura psicológica, física, biológica y sexual, de acuerdo a un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI).

Quiroz identificó responsabilidad del Estado, primero porque jueces, fiscales y policías “se coluden para iniciar más de dos centenares de procesos penales”. Dijo que este hecho, “además de ser histórico, viene a ser inhumano”.

“Que una persona pueda resistir o se le pueda haber abierto más de 200 procesos penales es una forma de tortura psicológica en contra de esta persona”, apuntó.

Agregó que entre las instituciones responsables también está la Dirección de Régimen Penitenciario que debió desde un inicio velar por la salud de Aramayo, así como los jueces que son los responsables en primera instancia. “Hay una corresponsabilidad institucional del Estado”, remarcó.

Así el Estado pretenda lavarse las manos con los jueces y con los funcionarios de Régimen Penitenciario, dijo Quiroz, la Constitución Política del Estado establece que “la justicia es una función primordial que ejerce el Estado en relación a las personas que va a someter a esta misma justicia”.

“No hay forma de que el Estado pueda soslayar su responsabilidad frente a lo ocurrido”, enfatizó.

El jurista remarcó que el Estado en estos momentos debería de realizar un acercamiento hacia la familia de Aramayo y tratar de resarcir económicamente el daño causado, debido a que “en estos momentos (ese hecho doloso) convierte a Bolivia en Estado vulnerable y pasible de una sanción ante los institutos de Derechos Humanos, ya sean regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos que es el sistema universal”.