Denuncian que sin actos investigativos, Fiscalía rechazó y cerró dos veces el caso Aramayo

"Luego de tres meses de una investigación preliminar, en la que no se elaboró un solo acto investigativo, ha sido rechazada la causa; pero se dispuso la reapertura de la causa porque impugnamos, y en enero de este año nuevamente fue rechazada la causa, y pese a que quien debía por lo menos ir a declarar, que era el señor Juan Carlos limpias, ni siquiera fue citado, ni siquiera se tomó la declaración de la máxima autoridad del régimen penitenciario”, dijo Valda a ANF.

A tres semanas de la muerte de Aramayo ocurrida el de abril de 2022, el abogado Jorge Valda, la exparlamentaria Carmen Eva Gonzales y la activista Guadalupe Cárdenas presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por homicidio, vejaciones, torturas y malos tratos, privación de libertad, retardación o denegación de justicia, prevaricato de jueces y fiscales, denegación de auxilio, omisión de socorro y otros en contra de los supuestos autores. La fiscalía solo aceptó la figura retardación de justicia en contra del exdirector de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, pero nunca le tomó la declaración. 

La fiscalía rechazó la denuncia por al menos 10 delitos y solo admitió de forma “absurda” el de retardación de justicia en contra del director de Régimen Penitenciario, a quien no le corresponde esa función, dijo Valda.

Agregó que a quien se debería de investigar por retardación de justicia es a los jueces que de forma ilegal tuvieron detenido a Aramayo desde el 2017 hasta la fecha en que falleció con más de 200 causas abiertas.

Con este “absurdo judicial” lo que la fiscalía busca decir es “hay un caso abierto por lo sucedido con Aramayo” cuando sabe que no 

va a prosperar y “muestra de ello es que en más de un año no hubo ningún acto investigativo”.

El Ministerio Público descartó el delito de tortura pese al informe realizado por el Instituto contra la Tortura (ITEI) en el que concluyó que el exdirector del Fondo Indígena padeció 88 agresiones y fue torturado al menos 188 veces por jueces, policías y otros funcionarios judiciales y de Gobierno, durante su reclusión de siete años.

“Ni siquiera llegaron a investigar a un solo juez ni a un solo fiscal, solamente admitieron la denuncia contra Limpias, y en este caso ni siquiera le tomaron la declaración, eso qué es lo que demuestra, que la justicia boliviana no va a investigar hechos en los cuales tenga responsabilidad producto de una tortura física, psicológica, biológica y hasta sexual que ha sufrido el señor Marco Antonio Aramayo", apuntó.

En un primer momento la investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Elba Sanjinés que no realizó ningún acto investigativo, denunció Valda, pero cierran el caso por falta de elementos. Por apelación se reabre el caso y esta vez bajo responsabilidad del fiscal Brady Mostajo Balderrama que también rechazó la causa.

"Cerraron el caso con el argumento de que no se le había tomado la declaración al denunciado (Juan Carlos Limpias) y como no se le tomó la declaración, el Ministerio Público no podía continuar con la investigación y no tenía mayores elementos", dijo Valda.

El abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, Jorge Quiroz, señaló que existe responsabilidad del Estado y sus instituciones por la muerte de Marco Antonio Aramayo por lo que es su obligación investigar.

“Tenemos que entender que hay una responsabilidad estatal que deviene de todas las instituciones estatales que tienen que ver con el manejo de la justicia”, declaró Quiroz a ANF.

Quiroz identificó responsabilidad del Estado, primero porque jueces, fiscales y policías “se coluden para iniciar más de dos centenares de procesos penales”. Dijo que este hecho, “además de ser histórico, viene a ser inhumano”.

“Que una persona pueda resistir o se le pueda haber abierto más de 200 procesos penales es una forma de tortura psicológica en contra de esta persona”, apuntó.

Valda dijo que el Ministerio Público es quien debería hacerse responsable de delitos que se deben investigar de oficio, como la tortura, por el compromiso que tiene el Estado boliviano con convenios internacionales como el Comité contra la Tortura (CAT) del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. 

Lamentó que ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de Justicia ni el Mecanismo de Prevención de la Tortura se hayan constituido como parte coadyuvante querellante o aportante a la investigación.

“Esta denuncia ha continuado gracias a una solicitud proveniente de defensores de derechos humanos, pero las entidades que debieran constituirse y coadyuvar con la investigación, así como el Ministerio Público, no han cumplido con su rol constitucional", remarcó.