La Paz, 31 de mayo de 2024 (ANF). - Las acciones legales, procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informe sobre el estado actual, reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas, nómina de veedores nacionales e internacionales, informe del Órgano Electoral acerca de la organización son los puntos que debe responder el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las elecciones judiciales paralizadas.
La ANF tuvo acceso a la nota enviada por el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, Jorge Meza, a la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, en la que señala esos aspectos y le pide que se envíe la información requerida en un plazo de siete días a partir de la notificación del comunicado.
“Con base en lo anterior, y en el marco de la cooperación establecida entre esta Comisión y su Ilustre Estado con el objetivo de observar dichas elecciones, me permito solicitar respetuosamente al ilustre Estado Plurinacional de Bolivia que, dentro del plazo de 7 días contados a partir de la fecha de transmisión de esta comunicación, remita toda la información que considere relevante sobre el tema mencionado”, señala el documento.
Desde el 2023, las elecciones judiciales sufrieron diversos percances y postergaciones. El 23 de marzo de ese año se lanzó la primera convocatoria para la preselección de magistrados del Órgano Judicial, tomando en cuenta que las altas autoridades concluían con su mandato en diciembre. Sin embargo, debido a recursos legales fue paralizada.
En febrero de este año se aprobó una ley transitoria que garantizaba el proceso de preselección y elección de las autoridades judiciales, mismo que estaba encaminado y se encontraba en la fase de evaluaciones, pero debido a amparos constitucionales y una acción popular se suspendió nuevamente.
La nota fue remitida por el organismo internacional el 16 de mayo a la Cancillería boliviana, cinco días después el ministro de Justicia, Iván Lima, a través de una nota al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, solicitó que se remita toda la información que pidió la CIDH, el 22 de mayo se envió una nota a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural para que expidan esa documentación.
La nota enviada por el secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, Jorge Meza a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa. Foto: ANF
Las peticiones
Primero se solicitó una tabla que resuma todas las acciones de defensa contra el proceso de elecciones judiciales que se encuentren actualmente en trámite ante el Órgano Judicial, debe incluir: tipo de la acción, actos, omisiones o normas denunciadas; peticiones principales de cada una de las acciones; estado actual de cada una de las acciones; información sobre las decisiones provisionales o definitivas y si esas resoluciones tienen efectos generales o parciales.
Requieren un resumen de los procesos constitucionales contra el proceso de elecciones judiciales que se encuentren actualmente en trámite ante el TCP; informe del Órgano Legislativo sobre el estado actual del proceso y las etapas siguientes. Reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas; listado de las organizaciones e instituciones acreditadas para participar en el proceso de preselección en calidad de veedores nacionales e internacionales y, finalmente, informe del Órgano Electoral acerca del estado de organización del proceso electoral para la elección de autoridades judiciales y del Consejo de la Magistratura.
En Asamblea
En ese contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga dijo que esa información debe ser remitida lo más antes posible por las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, las cuales deben ser aprobadas por el pleno de la Asamblea Legislativa para su validación y posterior entrega al Ejecutivo.
“Nos han pedido que esos puntos sean remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente se debe realizar los informes en las comisiones mixtas y que sean remitidos al pleno de la Asamblea, esa instancia debe aprobar estos informes para que sea enviado al organismo internacional”, explicó.
Por otra parte, el parlamentario consideró que debe llamar la atención que un organismo internacional solicite esa información, ya que refleja que Bolivia es un país con inseguridad jurídica y que mantiene a autoridades prorrogadas.
“Desde afuera nos ven como un país con inseguridad jurídica, así nos ven desde afuera. Es un país que no goza de seguridad jurídica y el hecho de no contar con autoridades y magistrados ilegales, obviamente crea una incertidumbre en la población y en la comunidad internacional”, manifestó.
/EUA/nvg/
Articulo sin comentarios
