La Paz, 26 de mayo de 2025 (ANF).- Frente a una economía boliviana en crisis, sin reservas internacionales, con escasez de combustibles y un sistema financiero tensionado, la Alianza Libertad y Democracia liderada por Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez propone un agresivo plan de estabilización y reactivación para el período 2025-2030.
El eje del programa, presentado con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, contempla una combinación de apoyo externo, ajustes fiscales, reformas estructurales y un nuevo tipo de cambio, con el objetivo de restablecer la confianza, detener la devaluación del boliviano y atraer inversiones.
“Desde el año 2011 venimos advirtiendo sobre la caída de la exploración hidrocarburífera, el despilfarro fiscal, la falsa nacionalización y el colapso de la inversión extranjera”, señala Quiroga en la introducción del plan.
Ya en 2020, el exmandatario había planteado la necesidad de un programa de salvataje económico con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Entonces, estimaba un requerimiento de 7 mil millones de dólares. Hoy, ese monto resulta insuficiente.
El plan estima que, al asumir un nuevo gobierno, el país estará en una situación crítica: sin reservas, con deudas por combustibles y una alta demanda de dólares insatisfecha.
En este contexto, se propone negociar en la transición al menos 1.000 millones de dólares en líneas rápidas de financiamiento de libre disponibilidad: 320 millones provenientes de la cuota boliviana en el FMI y 700 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Esta inyección inicial permitirá cubrir urgencias como la importación de combustibles, la normalización de operaciones en aerolíneas estatales y la provisión de divisas para importadores y ciudadanos.
Para reforzar la estabilidad, el plan establece tres pilares de acción inmediata: obtener respaldo externo, recuperar la credibilidad gubernamental y ofrecer un plan económico sólido.
“Si la población ve un gobierno serio, con dólares y un plan coherente, va a retomar la confianza en el boliviano y dejará de buscar refugio en el dólar”, afirma en el documento.
Parte esencial del plan es devolver los dólares a los bancos para que estos puedan honrar los depósitos de sus clientes. Actualmente, existen 2.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera.
El acuerdo con el FMI no solo busca acceso a entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, sino que también pretende dar una señal de seriedad a otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF y el propio FLAR.
Una vez sellado el acuerdo con el FMI, se buscará sumar entre 3.000 y 6.000 millones de dólares adicionales de otras fuentes multilaterales, lo que permitiría una inyección total de hasta 10.000 millones.
El plan también prevé una reprogramación de la deuda pública con tres objetivos: aliviar la carga de pagos de capital a corto plazo, convertir créditos específicos en líneas de libre disponibilidad y resolver los obstáculos que impiden el desembolso de 3.400 millones ya comprometidos.
Otro frente crucial es la reducción del déficit fiscal, actualmente insostenible. El objetivo es llevarlo al 3% del PIB, lo que equivale a unos 1.500 millones de dólares.
Para lograrlo, se propone un rediseño del aparato estatal, con la reducción de ministerios (de 17 a 12), eliminación de entidades innecesarias y racionalización del personal.
Se sugiere revisar o cerrar empresas públicas deficitarias, eliminar gastos superfluos y aplicar un plan de austeridad que combine eficiencia con lucha contra la corrupción.
El documento plantea eliminar algunos impuestos, reducir otros y combatir el contrabando como medida de mejora recaudatoria, junto con una gestión por resultados orientada al cumplimiento de metas concretas.
Otro punto nodal es la restitución de un tipo de cambio real, único y flexible, inspirado en el sistema del “Bolsín” aplicado en Bolivia desde los años 80 hasta principios del siglo XXI.
Esta medida busca poner fin al tipo de cambio paralelo y volver a una moneda competitiva. Para implementarla se requerirá respaldo internacional en dólares y un Banco Central independiente.
En cuanto a la atracción de inversiones, el plan promete estabilidad económica y seguridad jurídica, así como la eliminación del doble impuesto a la inversión extranjera.
Se busca un régimen tributario competitivo, especialmente en sectores extractivos, y un ambiente pro-inversión con menos trámites, apoyo institucional y libertad para importar y exportar.
La estrategia de recuperación también incluye la repatriación de capitales y la salvaguarda del sistema financiero mediante programas de liquidez, fortalecimiento patrimonial y flexibilización regulatoria.
Para prevenir quiebras masivas, se creará un “hospital de empresas” que facilite reprogramaciones y evite cierres traumáticos de negocios en dificultades.
En paralelo, se propone combatir el contrabando reestructurando la Aduana Nacional y garantizando neutralidad impositiva para las exportaciones, con una ley específica que blinde sus incentivos.
En total, se espera una inyección de al menos 12 mil millones de dólares entre créditos y capitales repatriados, que actúen como un “puente” hasta que el aparato productivo se recupere.
Reconociendo los efectos sociales de la crisis, el plan contempla programas de empleo de emergencia junto a municipios y gobernaciones, enfocados en obras intensivas en mano de obra.
También se prevé un programa con el sector privado en el que el Estado subsidia parcialmente salarios y otro de protección social para los desempleados sin cobertura.
En materia de gestión pública, se aplicará un enfoque de “gestión por resultados”, con metas anuales y presupuestos orientados a impactos tangibles.
Asimismo, se propone la institucionalización del Instituto Nacional de Estadística (INE) como una entidad técnica e independiente, con la misión de certificar la calidad de toda la información pública.
También, se lee en el documento, Bolivia será uno de los pocos países que no solo garantizará el acceso a la información, sino también su análisis público, promoviendo transparencia y participación ciudadana.
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