La Paz, 22 de febrero de 2025 (ANF). - Ante la decisión del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales calificó como una medida arbitraria y desproporcionada prohibir el ingreso de teléfonos celulares y cámaras de video a sus instalaciones.
“Llama profundamente la atención que, en un contexto donde la institucionalidad está debilitada y la ciudadanía enfrenta serias dificultades para acceder a información confiable, Impuestos Nacionales haya optado por restringir el único instrumento con el que la población puede evidenciar abusos e irregularidades”, afirmó.
A través de una circular del 14 de febrero, el presidente interino de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, instruyó restringir el ingreso de teléfonos celulares, cámara de video y otros dispositivos a esas dependencias. Esa información fue confirmada a la ANF e indicaron que tiene el fin de resguardar la información tributaria de los contribuyentes y precautelar la seguridad de los funcionarios públicos.
La legisladora dijo que esa medida fue asumida luego que ella realizó una fiscalización en esas instalaciones tras recibir alrededor de 2.000 mil denuncias de los contribuyentes por el incumplimiento en el pago del reintegro del IVA (RE-IVA) y grabó la respuesta de los funcionarios.
A la vez, la legisladora recordó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que las instituciones del Estado deben garantizar la transparencia en la gestión pública y los mecanismos de control, consideró que prohibir el uso de esos dispositivos va en contra de esos principios de transparencia.
“Conforme a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar la transparencia en la gestión pública y fomentar mecanismos de control ciudadano para prevenir y denunciar actos irregulares. En este sentido, la prohibición del uso de celulares atenta directamente contra estos principios, obstaculizando el derecho de la población a documentar y denunciar posibles vulneraciones a sus derechos”, enfatizó.
Asimismo, señaló que el acceso a la información pública no es una concesión del Estado, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado. En este sentido, pidió a las autoridades de esa institución eliminar esa medida.
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