La Paz, 18 de abril (ANF).- La exdiputada del MAS, Rebeca Delgado, indicó este martes que los siete exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la inhabilitaron como candidata a la Alcaldía de Cochabamba en las elecciones de 2015 deberán responder penal y civilmente por negarle sus derechos políticos.
“Significa que el Tribunal Supremo Electoral en 2015 ha vulnerado mis derechos, que es responsable y que ellos (…) tendrán que asumir sus responsabilidades civiles porque hay daños económicos y, esencialmente, penales porque la vulneración de derechos es un delito”, aseguró Delgado en contacto con los medios.
Los vocales en cuestión son Ramiro Paredes, Dina Chuquimia, Wilma Velasco, Wilfredo Ovando, Fanny Rivas, Irineo Zuna y Marco Ayala, quienes a finales 2014 emitieron una resolución que prohibió a los legisladores de la gestión 2010-2015 puedan ser habilitados para participar en las elecciones subnacionales en sus distritos.
Ello provocó la protesta de varios candidatos, entre ellos Delgado y el exsenador del MAS, Eduardo Maldonado, quienes decidieron presentar una demanda contra el Estado boliviano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NNUU) por la vulneración de sus derechos políticos.
Delgado y Maldonado habían roto con el oficialismo y éste decidió iniciar una campaña contra ellos. Según ambos, los vocales del TSE estaban bajo las órdenes del Gobierno.
La denuncia fue aceptada en 2016 y el martes se dio a conocer que esa instancia falló a favor de Delgado y Maldonado, por lo que el Estado boliviana deberá resarcirlos económicamente.
El fallo le dio al Gobierno boliviano 180 días de plazo para hacer un cálculo de a cuánto debe ascender el monto de la compensación para ambos exlegisladores y qué acciones tomará para evitar que situaciones así se repitan en el futuro. Apuntó al actual ministro de Justicia, Héctor Arce, para que sea quien haga cumplir esta resolución.
“¿Quién es el que tiene que decidir eso? Es el exprocurador del Estado, señor Héctor Arce, quien en ese momento (de la inhabilitación) pidió incluso que no se admita mi denuncia”, aseguró.
Para Delgado, Arce “es quien debe responder en 180 días cómo va a garantizar que nunca más vulneren los derechos políticos y civiles en Bolivia”.
/AGL/
