La ex ministra Julia Ramos escucha la audiencia en la que se decidió enviarla a la cárcel. Foto: ANF
Nancy Vacaflor
La Paz, 21 de diciembre (ANF).- El millonario caso de corrupción del Fondo Indígena tocó la base social del Movimiento al Socialismo. Indígenas, campesinos e interculturales forman parte de la extensa lista de más de 2.000 involucrados en el irregular manejo de los 1.100 proyectos aprobados en esta entidad y un posible daño económico de casi 200 millones de bolivianos. Entre los involucrados figuran una ex ministra, dos senadores oficialistas y altos dirigentes sociales del partido gobernante.
Dos informes sellaron el destino del Fondo Indígena y la crisis en las organizaciones sociales afines al MAS. La Contraloría General del Estado, el mes de febrero del 2015, concluyó en un informe que 153 proyectos no habían sido concluidos pese a que recibieron financiamiento para su ejecución.
La entidad remitió el caso al Ministerio Público para su investigación, porque detectó un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos. El reporte de Gabriel Herbas salió a la luz en plena campaña para las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
El escándalo cobró factura en esos comicios. En particular, la candidata del oficialismo a la gobernación de La Paz, Felipa Huanca, tuvo que resignarse a la derrota luego de que su nombre aparecía en la lista, así como de muchos otros dirigentes que a título de representantes legales recibieron en sus cuentas particulares recursos públicos para los proyectos.
El otro informe fue de la interventora del Fondo, Larisa Fuentes, que identificó 30 proyectos “fantasma”, es decir que, pese a los recursos que recibieron, las obras no existen. El daño en este caso asciende a 14.514.340 bolivianos, además de 713 proyectos que ya debieron ser entregados, en los que se presupone un daño económico de 87.739.378 bolivianos.
La intervención al Fondo fue producto de una decisión del presidente Evo Morales, tras conocer los niveles de corrupción detectados. El gobierno y el MAS aseguran que no protegerán a ningún dirigente, sin embargo, hasta la fecha varios de ellos que recibieron montos millonarios siguen en la dirigencia y en cargos públicos.
En tanto, la oposición le recuerda de forma permanente al gobierno que permitió una discrecional administración de la institución, dejando que Bs 685 millones se depositen a 968 cuentas particulares de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, según la denuncia el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz.
El Fondo contaba con un directorio como máxima instancia de decisión, desde el 2010, aprobaron los estados financieros, los informes anuales y los proyectos. No obstante, según el gobierno y el MAS no tiene responsabilidad sobre el irregular manejo de la entidad.
Directorio estaba presido en los últimos años por la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien renunció al cargo después de que se conoció el informe de la Interventora.
También formaban parte del directorio la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, la Asamblea del Pueblo Guaraní, además eran parte los Ministerios de Planificación, de Producción, de Economía y del Ministerio de la Presidencia.
La principal culpa recayó en los directores ejecutivos del Fondo, Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, que están detenidos, mientras que Daniel Zapata se dio a la fuga. Ambos aseguraron que el directorio conocía de todas las operaciones que se realizaban. Aramayo incluso denunció que los dirigentes sindicales presionaban para la aprobación de proyectos.
El Fondo nació en 2005, mediante decreto supremo, sin embargo, entregó su primer desembolso en 2010; desde entonces, transfirió más de 729,7 millones de bolivianos para 1.100 proyectos. Sólo el año pasado empezaron a revelarse proyectos fantasma e irregularidades en esta entidad.
Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los criterios que pesaron para que el Fondo aprobara más proyectos a algunas organizaciones en detrimento de otras, y por qué se aprobaban más de cinco planes en un solo día, y hasta en cuestión de segundos. Entre los beneficiarios de estas aprobaciones veloces figuran Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Julia Ramos, entre otros.
Los interculturales por ejemplo recibieron más de Bs 212 millones para el financiamiento de 357 obras. Luego, se ubica la Csutcb, que recibió más de 208 millones para 289 proyectos, en cambio, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo recibió poco más de 90 millones de bolivianos para 117 proyectos.
En menos de 10 días, entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, el Ministerio Público activó operativos sorpresivos de aprehensión contra varios altos dirigentes de organizaciones sociales y autoridades del MAS.
El Juzgado Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia disupuso la detención contra la ex ministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos; la presidenta de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, Melva Hurtado, y el dirigente campesino Remy Vera.
Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino implicados en el Fondo se beneficiaron con detención domiciliaria y arraigo además de una fianza económica.
El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y disidente del MAS Damián Condori también fue detenido. Mientras que contra el líder indígena de tierras bajas, Adolfo Chávez, existe una orden de aprehensión, sin embargo él decidió no volver al país y buscar refugio en uno de los países de América Latina. El exembajador de Bolivia en Paraguay, Rosendo Alpiri, se internó en la selva por considerar que no hay garantías para su defensa en este caso.
“Pueden negociar una suerte de impunidad”
Milton Mendoza, exfiscal anticorrupción
“La política del gobierno es luchar contra la corrupción, pero lamentablemente no tenemos resultados alentadores. Un tema es resolver jurídicamente el tema del Fondo Indígena donde existen serios indicios de responsabilidad de muchas personas que han comprometido recursos públicos del Estado y que se han dilapidado en ingentes cantidades. Es un reto para el Ministerio Público que defiende a la sociedad tener resultados no solo con imputaciones sino con sentencias.
El segundo paso, en hechos de corrupción no solo es meter a la cárcel a los responsables, sino lo más importante es recuperar los recursos comprometidos. Lo que no se está haciendo (…).
También hay un componente político, porque los involucrados son dirigentes sindicales que tienen cierta base social y que incluso pueden negociar una suerte de impunidad. Por eso mismo, el reto es mayor para la Fiscalía, porque en casos como estos que tienen elementos económicos, políticos, hasta de presión social porque son grupos corporativos, ya que asumen defensa de sus dirigentes es mucho más importante los resultados. Pero hasta ahora el Ministerio Público no está demostrando este objetivo de manera contundente”.
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