La Paz, 26 de diciembre del 2023 (ANF). – La ingobernabilidad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, este 2023, ha escalado producto de las pugnas internas del Movimiento al Socialismo (MAS). Hace cuatro meses está en suspenso su facultad de interpelación y diferentes leyes y designaciones se paralizaron.
Una huelga de hambre, tensión en las sesiones por la aprobación de normas, designaciones que no avanzan y la pérdida de una de sus facultades de fiscalización son las características que primaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al cierre de este año.
El diputado del MAS Juan José Jauregui admitió que hay un clima de “ingobernabilidad” que ha pesado este 2023, provocado por los “evistas”, principalmente. Lo que se ha traducido en los intentos de paralizar algunos proyectos de ley referidos a los créditos internacionales.
“Visiblemente hemos sido testigos de que se han antepuesto los posicionamientos y mandatos del jerarca político (Evo Morales), del jerarca de un partido para poder minar la gestión de Lucho Arce. No de otra manera se puede reflejar la paralización de varias iniciativas legislativas que se quedaron en Diputados y la mayor parte en la Cámara de Senadores en la Comisión de Planificación, presidida por el senador Hilarión Mamani (evista)”, declaró Jauregui a la ANF.
Los proyectos de ley más polémicos fueron los créditos internacionales, la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, las propuestas referidas a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, el Presupuesto General del Estado Reformulado de 2023, el PGE 2024, entre otros. Evistas y opositores rechazaron varios de esos proyectos.
El diputado del MAS Freddy López calificó de mentirosas las acusaciones contra “evistas” porque presuntamente generan un clima de ingobernabilidad en el Legislativo y Ejecutivo. Afirmó que a través de su labor están velando los intereses de pueblo y la vigencia de la Constitución.
“Quienes están con sus intereses son algunos diputados renovadores. Sus mismos ministros no están cumplimiento (con su trabajo). Nosotros hacemos cumplir la Constitución. Hemos aprobado más de 30 créditos que suman 4.000 millones de dólares que en bolivianos serían alrededor de 28.000 millones”, subrayó.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga no existe un escenario de ingobernabilidad, lo que existe -dice- es una “pequeña pelea de cárteles” por la candidatura presidencial del 2025.
“No veo ningún escenario de ingobernabilidad. Estoy seguro que el 2025, (pasará) como una pelea matrimonial, van a volver a estar juntos y se van a repartir uno a la Presidencia, el otro a la Vicepresidencia y el otro a la senaturía”, subrayó.
En su opinión, “evistas” y “arcistas” se unieron a la hora de aprobar normas como la ley del oro, el PGE reformulado del 2023 y PGE 2024, lo que demuestra que la división en el oficialismo es circunstancial.
Esta gestión se ha caracterizado por eventos que han paralizado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, la realización de una huelga de hambre de los legisladores de la facción evista exigiendo el tratamiento del proyecto de ley 144 para garantizar las elecciones judiciales.
Varios factores incidieron para que la ALP no lleve adelante la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. Principalmente, acciones ante esta última institución.
Al final, los propios magistrados definieron la “ampliación de su mandato”, el TCP aprobó la autoprórroga para ellos y para el resto de los magistrados y consejeros, en el marco de una consulta que formuló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia sobre el proyecto de ley 144.
Uno de los temas más críticos fue el golpe que asestó una Sala Constitucional a la ALP, suspendiéndole su facultad de fiscalización, específicamente de interpelación, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas.
Además del ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, sus colegas de la Presidencia, Hidrocarburos, Medio Ambiente y Agua, Gobierno, Obras Públicas, Justicia y Cultura, se sumaron como terceros interesados en el amparo constitucional que determinó suspender las interpelaciones en el Legislativo.
El ministro Montenegro acudió a la justicia constitucional con un amparo constitucional alegando una supuesta vulneración de sus derechos al convocarlo a una interpelación por el caso de la Gestora Pública, sin que se hubieran cumplido los procedimientos legislativos. Hasta la fecha el TCP no ha revisado la resolución de la Sala Constitucional.
El tema generó gran repercusión, porque una vez mas una instancia constitucional actúa por encima de las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso la facultad de interpelar está en el numeral 18 del artículo 158 de la CPE.
En el Legislativo también primaron los insultos, los amagos de enfrentamiento, principalmente entre asambleístas de las dos facciones del MAS. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara Baja amenazó con palabras groseras a su colega “evista” Freddy López.
Las designaciones tampoco se han podido completar desde el año pasado, es el caso de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, que sigue con un interinato; de igual manera sucede en otras instituciones que permanecen sin autoridades titulares.
El diálogo y la articulación de acuerdos no fue una práctica en la Asamblea. Esto ha quedado develado con la actitud del vicepresidente David Choquehuanca que optó por “imponer” el receso legislativo, pese a que esta instancia rechazó la conformación de una comisión, porque urge el tratamiento de temas fundamentales como el PGE 2024 o los relacionados a las autoridades judiciales.
Las pugnas y división del bloque opositor también ha sido una realidad. Tanto Creemos y Comunidad Ciudadana tienen sus facciones, ya no existe una posición compacta en torno a los diversos temas que llegan a la ALP.
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