La Paz, 30 de abril de 2024 (ANF).- El activista de Derechos Humanos, David Inca, advirtió que la fiscalía en casi cuatro años no avanzó la investigación por vejaciones y tortura contra nueve personas ocurrido en 2019, y que al igual que los dos policías perpetradores espera que pase el tiempo para que prescriba el caso.
Esta mañana a las 09.00 debió haberse llevado a cabo la Inspección Técnica Ocular (ITO), sin embargo, la Fiscalía adujo que no tenía vehículo para trasladar a sus fiscales, a los policías y a las víctimas y se suspendió la inspección para otra fecha.
“Estoy notando que eso es lo que quiere este teniente y el otro policía, que pase el tiempo y ellos van a presentar una excepción de anulación del proceso por el tiempo cumplido, y ahí la Fiscalía tampoco ayuda, entonces, aquí se están ayudando (policías y fiscalía), esperemos que para la próxima inspección que hagan estén toditos, pero nosotros vamos a estar, eso es lo que hemos decidido”, dijo el activista a ANF.
En la última década, no se conoce algún proceso de tortura que haya llegado a sentencia. Por lo general los casos se desestiman, según la fiscalía, por la imposibilidad de identificar a los responsables, principalmente policías.
La Policía y las Fuerzas Armadas, en complicidad de fiscales y jueces, siguen siendo las principales instituciones que cometen tortura en Bolivia, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad, sostuvo Emma Bravo Cladera, directora ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI).
“Decimos esto porque muchas de las personas que nos han dado testimonio o que se tratan en el ITEI, nos dicen: ‘yo le he mostrado al juez las marcas de la tortura y me ha dicho: ¿Eso? Bueno’, y no se anota”, señaló Bravo en la presentación de la Coalición Ciudadana contra la Tortura que siguió ANF.
En el caso que sigue Inca, fue la tercera vez que se suspendió la ITO. En la anterior convocatoria faltó la abogada del teniente y en la primera no estuvo la fiscalía, “el investigador estaba y no estaba el fiscal, entonces, no es atribuible a las víctimas, porque las víctimas han estado en cada convocatoria”.
Para el activista, la Fiscalía no tiene voluntad de investigar el caso, porque si la hubiese tenido, “en cuatro años que van a ser, ya hubiera utilizado todos los mecanismos de presión que tiene, que cuando les conviene lo usan, que cuando les conviene también no lo usan, pero en esta situación no han utilizado todo ese mecanismo de presión que tienen, y lo dejan ahí”.
Para Andrés Gautier, responsable del área terapéutica del ITEI, existe una “alianza perversa” entre fiscales y policías, junto a los jueces, para encubrir este tipo de delitos debido a que reconocen que “necesitan esos métodos para conseguir información”. Al trabajar policías y fiscales de manera conjunta “se cuidan las espaldas, encubren el delito”, y como no hay sanción “se sienten protegidos”.
Inca refirió que los fiscales solo actúan cuando las víctimas reclaman, sino “ellos están calladitos, y al fin y al cabo quién tiene la culpa, las víctimas, por qué, porque no han presionado”.
Aseveró que en este caso la Fiscalía es la que se está aplazando y está permitiendo que se llegue a la prescripción, porque “de acuerdo a ley, si la investigación pasa más de tres años y no hay ninguna resolución, esto se anula”.
Lamentó que la excusa de la Fiscalía para postergar la ITO sea la falta de transporte, pero, dijo, cuando se trata de operativos para detener a las personas, los autos sobran”.
“Yo ya les he dicho, nosotros vamos a tener que buscar un medio de transporte para trasladar a los fiscales, a los investigadores, porque su argumento ha sido ese, no tenemos transporte”, apuntó.
Vejaciones y tortura
El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2019 cuando la policía detuvo a varias personas por disturbios surgidos por la crisis política que atravesaba el país tras la renuncia del presidente Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral.
La mañana del 11 de noviembre, nueve personas fueron detenidas en diferentes lugares de El Alto y llevadas a la Estación Policial Integral (EPI) de Ciudad Satélite. El comandante del recinto les dijo que por la tarde saldrían libres a cumplirse las ocho horas, sin embargo, al llegar al lugar el teniente Yamil Marco Aspi Luna, dijo a su superior que, por órdenes superiores, que nunca reveló, tienen que ser trasladados a La Paz, contó Inca.
En el trayecto hacia la fuerza anticrimen de La Paz, los detenidos fueron golpeados con patadas y puñetes y mantenidos con bolsas negras en la cabeza. Luego, en conferencia de prensa, fueron presentados como organización criminal.
“Las víctimas lo han reconocido, dicen que el teniente les ha puesto bolsa negra en la cabeza, los ha golpeado, delante de él les ha sacado la bolsa y lo han visto de frente”, señaló.
Este martes, el teniente Aspi Luna acudió a la ITO junto a su familia, y se mostró amenazante con las víctimas, “se ha parado delante de un compañero, lo ha mirado de pies a cabeza, dos a tres veces, se ha reído delante de él, lo ha provocado”, aseguró.
Dijo que por este hecho pidió a la Defensoría del Pueblo que presente a nombre de las víctimas y de los testigos una petición para que se acojan a la Ley de Protección de Víctimas y Testigos.
El activista dijo que la tortura de noviembre de 2019 no se puede atribuir al gobierno de Evo Morales porque él renunció el 10 de noviembre, ni al gobierno de Jeanine Áñez debido a que ella fue posesionada el 12 de noviembre, y quienes deberían responder son los mandos policiales.
“Directamente para nosotros los responsables son el comandante nacional de ese entonces, el comandante departamental y el regional, pero sobre estos hechos al único que están apuntando es al teniente y al otro policía, los han dejado solitos como si ellos hubieran hecho todo el operativo, porque aquí no hay comandantes, no están dentro de la investigación”, apuntó.
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