La Paz, 4 de abril de 2024 (ANF).- Las torturas sufridas por el apicultor Juan Bascopé hace 10 años, a manos de policías y militares, han puesto en riesgo su salud y vida con el agravamiento de las secuelas cardíacas que le impiden respirar bien y lo mantienen con un persistente dolor en el pecho, cabeza y postrado en cama.
“Mi corazón me preocupa mucho, por eso me había estado doliendo tanto mi pecho, mi garganta se tapaba, mi cabeza como con un zumbido me está doliendo, mi presión también está alta, el médico me ha dicho hasta tu muerte te va a doler, por eso siempre tienes que tomar pastillas, estoy muy preocupado”, contó Bascopé a ANF.
El apicultor dijo que su corazón estaba bien, pero le comenzó a doler de una forma rara desde el 17 de julio de 2014, cuando fue sometido a una cruel tortura a manos de policías y militares, instituciones que han naturalizado este delito.
“Cuando me han torturado, mi corazón quería salirse; por todo lado me han golpeado, en el tórax, en las costillas, quería saltarse mi corazón, un daño grave ha sufrido, ahí se ha maltratado, no está normal tu corazón, me ha dicho el médico”, refirió.
Bascopé acudió al cardiólogo en el hospital de Clínicas el 8, el 15 y el 27 de marzo, tras sentirse muy fatigado por los dolores. Le realizaron varios exámenes como ecografía de tórax, radiografía, electrocardiograma y laboratorio en general.
Dijo que en las placas se observan las aortas del corazón muy inflamadas, según le refirió el médico, “están como bolas”. También tiene el colesterol muy elevado, producto de la dieta desbalanceada rica en grasas y carbohidratos que brinda la cárcel. Una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas, como señala la Regla 22 de Mandela, no existe. El 27 de abril, en una nueva cita médica, conocerá el diagnóstico final.
“Me han dado receta, nomás, y pastillas para 15 días, me han dicho ‘tienes que cuidarte, está maltratado tu corazón, hay cosas que no tienes que comer’”, agregó.
Tensuren D, para la presión alta; Temisar Plus 80, para disminuir las probabilidades de ataque cardíaco; y, Telmix D Forte, para el tratamiento de la hipertensión leve a severa e insuficiencia cardíaca, son algunos medicamentos que deben acompañarlo de por vida.
“Toda tu vida tienes que tomar pastillas, porque está maltratado tu corazón, no va a poder sanar, pero tienes que venir al control, tienes que hacerte revisar”, le dijo el médico a Bascopé.
Ingiere el medicamento tres veces al día, pero siente que no le calma el dolor en el pecho, por eso “solo estoy echado en la cama, me duele mi corazón, jodido me duele”.
Aquel 17 de julio de 2014, cuando fue detenido, Juan Bascopé fue llevado por más de una veintena de policías y militares a las dependencias del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) en la zona Sur de la ciudad de La Paz, un lugar de violación de derechos humanos donde los efectivos consumaron una venganza. El inmueble, ubicado en la avenida Costanera, fue testigo de una de las escenas de tortura más terribles en democracia. Ni bien ingresó recibió patadas y puñetes. Los militares, con ropa de camuflaje, según recuerda, se ensañaron con él. Un efectivo le sostuvo la cabeza por los pelos, mientras otros le tomaban por los brazos, y le propinaba repetidos golpes en la cara, hígado y vientre. Su cabeza retumbaba, sus oídos zumbaban, su cara empezó a sangrar. No tenía forma de protegerse. Al percatarse, en medio de la golpiza, de la presencia de los fiscales Luis Fernando Ferrufino Castellón, Gregorio Blanco Torrez y de un viceministro de Gobierno, del que no pudo identificar el nombre, se sintió más desamparo aún. Esas autoridades solo miraban lo que ocurría.
Este abuso solo sería la antesala del dolor. En el mismo CEIP fue entregado a cinco policías que investigaban el caso, entre ellos, un capitán de nombre Andrés y los subtenientes Mauricio Rojas Rodríguez y Romer Álvarez Cuaretti. Lo subieron un piso más arriba en el viejo inmueble, donde funcionaba un gimnasio. Le cubrieron la cabeza ensangrentada con una bolsa negra, esposaron sus manos hacia adelante y amarraron sus pies. Fue derribado al piso e inició la investigación científica. Juan recibía pisotones, golpes en la cara, en el pecho, en el vientre, mientras una voz enérgica y encolerizada le exigía que confiese la autoría de las muertes y entregue las armas. Culpaban a Bascopé de la muerte de tres efectivos de la fuerza de erradicación de hoja de coca, ocurrido un año antes en Apolo. Bascopé se reclama inocente.
El 19 de julio fue llevado a Apolo y la policía lo volvió a torturar. Recibió patadas, puñetes y culatazos, al no encontrar las armas, usadas en el enfrentamiento entre efectivos y comunarios, que supuestamente escondía Bascopé en la comunidad de Miraflores. Nuevamente, el fiscal Luis Ferrufino, cuya misión es defender la legalidad, fue cómplice del trato cruel y nunca fue citado a declarar. Al retornar de Apolo, efectivos de los Diablos Rojos le fracturaron tres costillas y le destrozaron los nervios de los dedos de las manos con un fierro. Pusieron el fierro entre sus dedos y lo retorcieron.
En la audiencia de medidas cautelares, Bascopé denunció las torturas sufridas. Mostró su pecho con un inmenso hematoma, necesitaba atención médica, pero la jueza Dina Larrea decidió pasarlo por alto. Al llegar al penal de San Pedro en La Paz, el médico del recinto, Harold Reyes Álvarez, le negó atención médica pese a su reiterado pedido. Nadie quiso reconocer y evidenciar las torturas sufridas. A más de 10 años de las torturas, un proceso investigativo no logró sancionar a los policías y militares torturadores. El Estado prefiere pagar sanciones millonarias y ser declarado “violador de derechos humanos” por la Corte IDH que hacer justicia.
“Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, es solo un enunciado en el Artículo 15 de la Constitución Política, así como “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”, en el Artículo 114.
Policía y Fuerzas Armadas, en complicidad de fiscales y jueces, siguen siendo las principales instituciones que cometen tortura en Bolivia, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad, es una de las conclusiones del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), que lleva más de 20 años abordando el tema en Bolivia.
Por los dolores en el pecho, Bascopé acudió en 2014 al Instituto del Tórax, dice que su corazón aparecía inflamado en la ecografía, según le informó un médico, pero una de las especialistas le dijo que la causa era por “consumo de droga y alcohol”.
Cuando el cardiólogo le preguntó este año porque no pidió en tanto tiempo una revisión, Bascopé le respondió que por “el informe (diagnóstico) de la doctora, que me trató de drogado, alcohólico, por esa razón ya no he podido salir”. Además, que salir de la cárcel al hospital no es gratis.
En su caso, con la familia alejada por la fatiga que genera el sistema judicial, debe enviar con alguien la solicitud al juzgado de Achacachi, luego alguien debe regresar para recoger la providencia, y cuando hay autorización de salida del penal, debe tener dinero para pagar el taxi y la comida que exige el policía de custodia. “Todo es plata, yo gasto entre 400 a 500 bolivianos saliendo, por eso ya no he salido”, dijo.
Que los reclusos deben gozar de los mismos niveles de atención sanitaria disponibles afuera del establecimiento y deben tener acceso gratuito y sin discriminación a los servicios de salud, como señala una de las reglas de Mandela, es inaplicable en el país.
“Ahora está más inflamado tu corazón”, le dijo el cardiólogo, aunque no le precisó la patología, “ahí te lo han maltratado”, con la tortura, agregó.
En una década de prisión, Bascopé siente que, por primera vez, en esta gestión, los médicos, y hasta el director del penal de San Pedro, se preocupan por su salud. Facilitaron la salida para los exámenes y laboratorios. Pero durante ese tiempo nunca recibió un tratamiento adecuado por las torturas sufridas. Todos los gastos corrieron por su cuenta y la solidaridad de algunas instituciones, hasta donde alcanzó. Ahora solo se medica con muestras médicas, si es que las consigue.
Pidió al Gobierno que le devuelva la salud y pague los medicamentos y las operaciones que requiere, al ya no tener con qué hacerlo, pero “nunca se interesó”.
“Yo antes estaba muy bien hasta que me torturaron, yo hacía todas mis cosas sin dificultad, ahora no puedo hacer nada, mi salud ha decaído hasta un 60%, por eso pido que el Gobierno corra con los gastos de la operación y el tratamiento”, dijo hace unos años. Hoy su situación de salud es peor.
El Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI) certificó las lesiones y fracturas sufridas por Bascopé. Amnistía Internacional pidió informes sobre la tortura a la Fiscalía General del Estado. Su caso es otro más de impunidad.
Casi ya sin fuerzas, Bascopé continúa en la batalla por su libertad, ante una sentencia injusta, que le ha quitado años, fuerza y vida.
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