La Paz, 31 de octubre de 2024 (ANF).- Los micro y pequeños productores de Santa Cruz expresaron su preocupación ante la falta de implementación efectiva del Decreto Supremo N° 5241, que permite la reprogramación y refinanciamiento de créditos bancarios.
A pesar de la aprobación de la norma, representantes de este sector aseguran que los bancos aún no han recibido el instructivo correspondiente y continúan con las ejecuciones de garantías, incluyendo viviendas.
“El tema de créditos bancarios es lo que nos aflige, muchas unidades productivas están perdiendo las garantías como las viviendas”, afirmó a ANF Félix Huaycho, portavoz de la Federación de micro y pequeños empresarios de Santa Cruz (Fedemype).
Desde la Federación se ha señalado que esta falta de acción en la implementación del decreto está llevando a que varios rubros que lo conforman a que consideren unirse a las protestas nacionales en busca de soluciones.
“Hay sectores que están protestando por esta situación, nosotros como Federación vamos a plantear una propuesta real, acorde a la realidad que estamos pasando”, señaló.
Según la normativa, las entidades financieras están obligadas a ofrecer mecanismos “simplificados y ágiles” para reprogramar y refinanciar los créditos. Sin embargo, los microproductores informan que en la práctica esto no se está aplicando.
“Hemos tenido reunión con la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y con representantes del Ministerio de Economía y basándose en eso han sacado el decreto, pero estamos viendo que en la práctica no está funcionando, o sea, no ha llegado la instructiva a los bancos”, añadió Huaycho.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó al momento de aprobarse el Decreto Supremo que esta medida tiene como objetivo aliviar la situación de aquellos prestatarios afectados por factores externos, como eventos climatológicos adversos y conflictos sociales. No obstante, en el terreno real, muchos de los beneficiarios potenciales afirman no haber experimentado ningún cambio en sus condiciones crediticias.
Mientras tanto, los juicios, procesos de recuperación de garantías e, incluso, las amenazas de remates continúan afectando a microempresarios que, en muchos casos, luchan por conservar sus propiedades.
“Estamos notando que en estos días no hay ni siquiera la instructiva de la ASFI, y eso nos preocupa de gran manera”, mencionó el portavoz.
Si bien el Gobierno ha promovido este decreto como una medida de alivio, varios sectores afirman que la falta de implementación efectiva solo agrava la situación de los pequeños productores. Sus economías ya vienen afectadas desde la pandemia y también por factores climáticos y sociales, por lo que depende en gran medida de que se les brinden facilidades reales y viables para reestructurar sus deudas.
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