La Paz, 9 de diciembre del 2024 (ANF). – La ejecutiva regional de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), Yamile Cruz, advirtió este lunes que los contratos que firmó Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) son inconstitucionales, no tiene estudios para abastecer de agua a la región y serán altamente contaminantes para el Salar de Uyuni.
“Esos contratos son inconstitucionales porque no se basa bajo la normativa. Tenemos la Ley 928, donde indica que no se puede firmar alianzas, no se puede firmar convenios con las empresas desde la extracción de la materia prima. El contrato significa justamente eso, extraer la materia prima”, declaró Cruz.
De acuerdo al análisis que realizaron, los contratos que firmó YLB con las transnacionales Uranium One de Rusia y Hong Kong CBC de China para la extracción de litio en el Salar de Uyuni son inconstitucionales, porque la prospección, exploración, explotación, producción y comercialización son competencia exclusiva del Estado, no se puede delegar a un privado.
“En estos contratos citan como base legal, el artículo 15 de la Ley 1546 (Ley de Presupuesto General del Estado 2024), precisamente destinado a direccionar contratos del litio boliviano, que contradice abiertamente la Ley 928. Lo más crítico, esta ley del PGE no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, reza el artículo de análisis que presentaron.
Teresa Morales, exministra de Evo Morales, complementó que la empresa Uranium One no tiene experiencia demostrada en la extracción de litio. A eso se suma el incremento del monto de inversión.
“El convenio inicial estipulaba un costo de $us 450 millones, el contrato firmado posteriormente eleva a $us 976 millones, duplicando prácticamente la inversión requerida. Lo más grave es que este incremento se aplica a un proyecto que mantiene la misma capacidad de producción y la misma micro localización. Este sobreprecio de $526 millones carece de justificación técnica o financiera, lo que genera serias sospechas sobre irregularidades y negociaciones poco transparentes”, alertó Morales.
Otra de las preocupaciones que expresaron las evistas es la falta de estudios para no afectar el abastecimiento de agua por la extracción de litio en la región potosina. Según Cruz y Morales, la firma de contratos “representa serias amenazas” ambientales, debido a la ausencia de estudios rigurosos y certificaciones confiables.
“Hasta la fecha, no se han realizado estudios de cuantificación de reservas de agua con el respaldo de una empresa certificada. Los datos disponibles provienen únicamente de estudios preliminares realizados por YLB, los cuales carecen de la rigurosidad necesaria y no ofrecen confianza”, precisaron en el documento extendido a la prensa.
Además, denunciaron que una vez que inicien la extracción de litio, el dique de colas estará en el miso Salar de Uyuni, lo que provocará contaminación en el recurso natural.
Los contratos para extracción directa se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); en ese marco, Cruz y Morales pidieron a los parlamentarios no aprobar los proyectos por va contra la Constitución Política del Estado.
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