¿Se puede calificar como golpe de Estado el ingreso de unas tanquetas y un grupo de uniformados a la plaza Murillo el 26 de junio? ¿Puede ejecutarse un golpe de Estado con un sol radiante como testigo? ¿Puede haber un desplazamiento militar sin autorización del capitán de las FF.AA. Luis Arce? ¿Cómo es posible que todo el mundo se haya informado del movimiento militar, menos los encargados de la seguridad del Estado? ¿Cómo pudo ocurrir aquello si la policía plurinacional es superior al FBI (principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos), según Jhonny Aguilera? Y si se trataba de un golpe de Estado, ¿por qué el capitán general de las FF.AA. Luis Arce, no ordenó la destitución de ipso facto y el procesamiento militar de Juan José Zúñiga cuando se encontraron en la puerta del palacio? ¿Autogolpe? ¿Golpe de Estado a pedido del jefe de Estado?
El ex comandante del ejército, general Juan José Zúñiga, no es un soldado raso. Entonces ¿vale legalmente su denuncia reiterada en el sentido de que Luis Arce le ordenó hacer lo que hizo? ¿Vale el reconocimiento que han hecho los ministros, Edmundo Novillo y Marianela Prada, de que se reunieron y sabían todo lo que tenía que hacer el “general del pueblo”? ¿Por qué no citaron a declarar a estos dos ministros (por lo menos para el despiste)? ¿Será tan limitadito Zúñiga como para ejecutar una orden ilegal? ¿Cuál o cuáles son las finalidades de ejecutar mandamientos de aprehensiones contra analistas económicos y un potencial candidato presidencial, sin notificación previa como corresponde en todo proceso? ¿Por qué reactivan el caso Zúñiga después de casi un año y cuando se ha iniciado la campaña electoral?
Que alguien haya osado subvertir el orden constitucional y cambiar el gobierno legalmente constituido, es un hecho criminal que debe ser investigado, esclarecido y sancionado con todo el rigor de la Ley. Sin embargo, los autoatentados criminales constituyen una vieja estrategia de los gobiernos del MAS, que los ejecutan (a través de sus brazos operativos y grupos afines que hacen el trabajo sucio), y luego los atribuyen a la oposición política.
Uno de los primeros autoatentados fue la toma militar de Pando el 11 de septiembre de 2008, donde al menos 16 campesinos resultaron muertos. A los pocos días se estableció que estos enfrentamientos fueron ejecutados por los infiltrados del gobierno, y así Evo Morales lograba no solo defenestrar al prefecto Leopoldo Fernández, sino también privarlo de su libertad y encima lo responsabilizó de los hechos de violencia, que fueron ejecutados precisamente por Juan Ramón Quintana.
El famoso caso terrorismo-separatismo, ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, ha sido sin duda el más patético por la frialdad y violencia ejercida en el mismo corazón de la capital cruceña. Aquí eliminaron a Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer, y procesaron a 39 personas inocentes por un hecho jurídico-penal inexistente, y lo atribuyeron también a la oposición. Este caso fue “fabricado” para tomar el control político y territorial de la “media luna” y doblegar a la dirigencia cruceña. La liquidación tenía que ser literalmente bélica (léase violenta y a cualquier precio), dejando a su paso y como “testigos mudos”: muertes, encarcelados, exilados, refugiados, incertidumbre, lágrimas y la impotencia ciudadana a flor de piel.
El incendio en la fiscalía departamental y otras oficinas de Santa Cruz el 28 de diciembre de 2022 cuando secuestraron al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue otro caso de terrorismo de Estado. La fiscalía tiene y tenía seguridad policial las 24 horas, y el cuarto piso lo ocupaba la policía anticorrupción de la Felcc; sin embargo, no existía ningún policía en el lugar ni fue enviado algún contingente de inmediato para tratar de controlar y apagar el incendio. La prueba “estrella” de que se trató de un autoatentado criminal, promovido por el gobierno, fue que no solo el lugar permaneció abandonado y desprotegido, antes y durante el incendio realizado a plena luz del día, sino también que no dejaron ingresar a los bomberos para sofocar el fuego; y todo ocurrió a una cuadra del comando departamental de la policía.
El autor es jurista y autor de varios libros.
