La Paz, 31 de diciembre de 2023 (ANF).- “Fue un momento icónico para nosotros, inolvidable”, dice Laura Escobar, representante de Marca de la cerveza Mi Alteñita, al rememorar aquel 6 de octubre de 2022, día del lanzamiento del producto en la ciudad de El Alto, el municipio más densamente poblado de La Paz.
La espumante propuesta resume la identidad de esa urbe, que esboza en su etiqueta a una mujer de pollera que avanza con empuje frente a la adversidad. “La hemos visto como la primera cerveza de El Alto y así la han identificado las personas”, refiere Escobar.
El desafío no es solo abrirse espacio en el disputado mercado paceño y boliviano, con una propuesta original, sino hacer frente a factores no controlables por las empresas como el contrabando de bebidas alcohólicas que actualmente le disputa a la industria de destilados y fermentados el 20% del mercado.
Mi Alteñita tiene sus inicios en 2020, resultado del emprendimiento de tres empresarios de El Alto. Ese año, en medio de la visita inesperada de la pandemia del coronavirus, se comenzó a estudiar la factibilidad, la cantidad de personal, las estrategias de venta y la fórmula de la cerveza. El resultado es una bebida de tipo Ale, que se caracteriza tener un mayor tiempo de fermentado. La combinación equilibrada de la cebada, el lúpulo, la malta y un toque de semillas de cilantro derivó en una bebida sutilmente dulce, aromática y con cuerpo y de color bronce o ámbar oscuro.
“Una cerveza gourmet, industrializada, con altos estándares de calidad que no hace daño a la salud, ese fue el resultado”, dice la representante. Al inicio, la cerveza salió al mercado con un precio elevado, pero se alineó al de las otras cervezas para ampliar la presencia de su marca.
Cada nuevo emprendimiento usualmente arranca en el mercado local con la construcción de marca, testeo del mercado y demás acciones comerciales, dice el economista José Gabriel Espinoza, que realizó un estudio al respecto. El analista identifica que las condiciones actuales para emprender “son peores debido a que el mercado está amenazado de mayor manera mayor por la ilegalidad”.
El contrabando al año le afecta al país con más de 3.000 millones de dólares y una evasión tributaria de al menos 900 millones. En 2022 representó el 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB), el doble de lo que crece el país, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Los industriales advirtieron que el contrabando viene afectando a más de 38.000 industrias y a 600.000 empleos formales en un escenario en el que las instituciones llamadas a combatirla solo tienen la capacidad de neutralizar al 3,18% de la mercancía ilegal que ingresa al país.
Mi Alteñita, con una planta para producir 300.000 litros al mes, salió al mercado proyectando una producción mensual de 50.000 litros para cubrir el mercado alteño y paceño. La aceptación conmovió a los inversores. Las provincias y zonas periurbanas aceptaron con gran acogida el producto.
“Ha sido un sueño muy lindo tener los 50.000 litros propuestos a un principio, 50.000 litros que los primeros dos meses llegaron al mercado, ha sido impresionante la aceptación de la cerveza Mi Alteñita en Viacha, en Achacachi, la demanda ha sido muy buena por la identidad de las personas”, refiere Escobar.
Los pedidos llegaron hasta Oruro y rebasaron las fronteras hasta Perú y Argentina. Residentes bolivianos en esos países la solicitaron, aunque en cantidades simbólicas.
Un país permisivo con el contrabando
Pese a los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra el contrabando, este ilícito ha ido en aumento. Un marco legal condescendiente, sanciones penales reducidas, controles insuficientes en las fronteras y la corrupción en las filas de los fiscalizadores configuran a Bolivia como un país permisivo con el contrabando.
El delito de contrabando en el país es sancionado con privación de libertad de seis a diez años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios y la restitución de las mercancías o su equivalente a favor del consignante, incluyendo el pago de los tributos aduaneros. Esto ocurre solo si la mercancía incautada supera el valor de 200 mil UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), es decir, a un aproximado de 493.978 bolivianos; eso quiere decir que “un contrabandista puede traficar mercadería ilegal por casi medio millón de bolivianos, más o menos el equivalente a ocho camiones de alto tonelaje con mercadería convencional, sin el temor a ir a la cárcel”. En caso de ser intervenido, el importador ilegal tendrá que pagar una multa para resolver su ilegalidad, pero no puede ser procesado por la vía penal.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) propuso que esta actividad ilícita sea punible a partir de las 50 mil UFV (Bs 123.722) de tributo aduanero omitido y no como se establece actualmente a partir de las 200 mil UFV.
Los casi siete mil kilómetros de frontera que tiene Bolivia con cinco países (Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú) hace que sea casi improbable un control efectivo. Solo en la frontera con Chile el viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Pedro Vargas, identificó más de 105 pasos ilegales. El poco personal y la falta de equipamiento es otro factor que socava la lucha efectiva. Las fuerzas anticontrabando solo tienen la capacidad de decomisar el 3,18% de lo que ingresa al país de forma ilegal.
La corrupción “es un factor que también facilita el contrabando con relación al ingreso de mercadería y no podemos taparnos los ojos en el sentido de que todos son funcionarios buenos, existen funcionarios buenos y también existen funcionarios malos que son corruptos y permiten el ingreso del contrabando”, dijo a ANF el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando informó a ANF que, en el marco de la lucha contra la corrupción y transparencia, cinco oficiales del Ejército fueron dados de baja por estar comprometidos con el contrabando y otros 12 fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria y estuvieron presos en cárceles de La Paz y Oruro. Además, se emitieron más de 100 sumarios informativos a diferentes efectivos militares que cometieron actos de indisciplina en favor del contrabando. También informó que se identificó y detuvo a efectivos de la policía implicados en el ilícito.
De acuerdo a un estudio de Cámara Nacional de Industrias, los rubros que más se ven afectados por esta problemática son el de las bebidas alcohólicas, las bebidas analcohólicas, los alimentos, la industria farmacéutica, textiles y muebles. El contrabando se ve alentado por la depreciación de las monedas de los países fronterizos.
El trasiego de la cerveza ilegal
El economista José Gabriel Espinoza estableció en el estudio “El costo del comercio ilícito de bebidas alcohólicas: Estimación, contexto y visibilización” que en la gestión 2022 el consumo ilegal de bebidas alcohólicas llegó al 20%, del total consumido, siendo 13% de cerveza y 7% el consumo ilegal de otras bebidas; es decir, dos de cada 10 litros de bebidas alcohólicas consumidas en el país provienen del mercado ilegal, ya sea como contrabando, falsificación, adulteración o producción ilícita.
De acuerdo a los datos, el contrabando de bebidas alcohólicas, en particular el de cerveza, ha ido creciendo de manera sustancial, y este fenómeno tiene que ver básicamente con la “altísima carga tributaria que enfrenta la cerveza hoy día” y la depreciación de las monedas de los países de la región.
“Por cada litro de cerveza que uno consume está pagando más o menos un 60% en impuestos, es decir, es uno de los sectores con más carga tributaria que tenemos en Bolivia y por lo tanto esto hace sumamente rentable a aquellas personas que se dedican al contrabando”, refiere el especialista.
A esto se suma el hecho de que Bolivia en los últimos 10 años “ha tenido una apreciación cambiaria muy fuerte respecto de los países vecinos, en particular Argentina, que es nuestra principal puerta de ingreso de contrabando de este producto, y luego Brasil”.
Espinoza indica que hay un impacto muy fuerte para la industria, pero no solamente para las empresas grandes, sino “para las pequeñas empresas que han tratado en los últimos años de establecer un mercado artesanal de cerveza, en muchos casos basadas en microemprendimientos, que obviamente tienen que competir de manera muy desequilibrada con los productos de contrabando”.
Destacó que el sector cervecero “es el que más tributa en el país, precisamente por esta alta carga tributaria”, después de las empresas extractivas mineras e hidrocarburíferas. Pero, de acuerdo a su estudio, una gran parte de esa recaudación se dejó de percibir por el contrabando. En 2022 el país perdió 218,6 millones de dólares por el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y un acumulado de 1.581 millones de dólares de 2016 a 2022.
Un delito que amenaza a empresas y empleos
Los primeros 50.000 litros de cerveza Mi Alteñita se acabaron hasta diciembre. En enero y febrero de este año tenían la expectativa de repuntar en ventas, pero no ocurrió, el contrabando principalmente de Argentina copó el mercado en las fiestas de carnaval. Escobar estima que el impacto del contrabando en las ventas fue de un 50%.
La producción de Mi Alteñita en enero y febrero se mantuvo en 15.000 litros mes, en marzo cayó a 10.000, en abril, pese a las campañas de impulsación mediante el contrato de más personal, solo logró subir y mantener la venta en 15.000 litros.
Escobar identifica que, en fiestas como carnavales, entradas folclóricas y fiestas de fin de año, que podrían representar una oportunidad de mejores ventas, nunca ha podido remontar por la presencia del contrabando. “Si bien no hemos podido subir en ventas, nos hemos mantenido”, dice.
Mientras tanto, el contrabando de bebidas alcohólicas sigue filtrando las cinco fronteras de Bolivia, pero principalmente la del Sur, por la que ingresa la mayor cantidad de cerveza y vino, de acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor Internacional publicado en 2020 y financiado por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), la mayor empresa en su rubro.
De acuerdo al estudio, las principales marcas de cervezas que ingresan al país son Conti, Brahma, Skol, Kaiser, Itaipaiva y otras de origen brasilero; Quilmes y Schneider de origen argentino. Con respecto al fernet, el principal es Fernet Branca. Dentro de los vinos no se identificaron marcas en particular, pero son aquellos de alta gama por su precio, señala.
Las bebidas “se comercializan a través de minoristas con y sin licencia, por lo tanto, los productos de contrabando también de venden en canales formales. Están también en mercados populares y los distribuidores mezclan productos legales e ilegales en sus ventas para que el consumidor ignore que está consumiendo un producto ilegal”, concluye.
Por eso muchos analistas y estudios señalan que “contrabando y comercio informal van de la mano”.
La primera semana de diciembre, la Aduana Nacional allanó cinco viviendas en la ciudad de Santa Cruz e incautó 27 toneladas de bebidas alcohólicas y granos de soya valuados en más de 200.000 bolivianos.
“Esa es la cantidad (de dinero) que nosotros más o menos hemos ido trabajando en estos meses para el pago a nuestros empleados”, dice Escobar quien expresa que “duele mucho cuando las personas eligen un producto de contrabando en vez de dar trabajo a nuestros propios compañeros”.
Remarca que este ilícito causa un gran daño a las empresas nacionales que apuestan por los trabajadores bolivianos, dando empleo y sobre todo “cumpliendo con todas las normas de sanidad y de industrialización para tener un buen producto”.
Lamenta que por los bajos precios las persona elijan bebidas de contrabando, adulteradas y sin registro sanitario, que les va hacer daño a la salud, en lugar de optar por una cerveza de especialidad, “que garantiza los controles de calidad y que no hace daño a la salud”.
Escobar señala que, pese a la adversidad en el mercado, “felizmente la planilla de trabajadores (de la factoría) se ha mantenido, son aproximadamente 90 personas entre La Paz y El Alto que trabajan en la planta y en oficina 25”.
Un delito que se roba el futuro
El economista José Gabriel Espinoza concluye en su estudio que en 2022 el país perdió una recaudación de 218,6 millones de dólares por el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y un acumulado de 1.581 millones de dólares de 2016 a 2022. Este dinero no cobrado pudo haber beneficiado a municipios, por la coparticipación tributaria, mejoramiento de la salud, educación y bonos sociales.
Con el ejercicio realizado por Espinoza se advierte cómo el contrabando roba oportunidades de crecimiento y mejoramiento de las condiciones de la población en la cobertura de los diferentes servicios.
Espinoza concluye que con ese dinero no cobrado se pudo haber construido 22 hospitales de tercer nivel con capacidad de 200 camas cada uno; cubrir hasta el 44% del bono Juancito Pinto; contratar hasta 42 mil nuevos maestros para el sistema público de educación para lograr 14 niños por profesor en el nivel inicial, que hoy es de 32.
O también realizar obras de mejoramiento vial. El costo fiscal del mercado ilícito de bebidas alcohólicas, dice, podría permitir atender más de 1.700 proyectos adicionales a los que se pueden implementar hoy en día; mejorar más de 85.270 cuadras adicionales de vías urbanas en el país, equivalentes a 12,4 millones de metros cuadrados de enlosetado, en al menos 90 municipios adicionales dentro del programa de mejoramiento vial.
Por las dimensiones de la afectación, “hoy no hablamos de un contrabando hormiga, hoy hablamos de grandes mafias; son más de 3.300 millones de dólares que se lleva el contrabando (en general), eso representa básicamente un mes del PIB”, dijo Pablo Camacho, presidente de los industriales, en rueda de prensa.
Los especialistas advierten la falta de una estrategia integral de parte del Estado que vaya de la mano del fomento a la formalización de sectores gremiales, reducción de barreras arancelarias para desincentivar la importación ilegal, fortalecimiento institucional en el control fronterizo y lucha contra la corrupción.
Espinoza señala que la primera y principal acción que se requiere para la lucha contra el contrabando es la coordinación efectiva de las diversas instituciones estatales involucradas. “Creemos que es urgente sentarnos a coordinar, está claro que políticas estrictamente coercitivas no ayudan, porque detrás de esto hay una problemática muy grande: hay empleo, hay tipos de ocupación, hay generación de ingresos, entonces, todo este problema se tiene que solucionar desde una manera transversal, desde un enfoque integral, no solamente se debe restringir en el mercado, sino que también se debe favorecer la producción legal, pero al mismo tiempo también se debe permitir la salida laboral de un segmento de la población que evidentemente está vinculado a este comercio”.
Optimismo frente a la adversidad
Si bien las proyecciones todavía no se plasmaron de acuerdo a lo planeado, Escobar asevera que en Mi Alteñita y su equipo humano el pesimismo no tiene cabida. La calidad de su producto los alienta.
“Tratamos de ser positivos ante esta situación porque sabemos que tenemos un buen producto que tiene fuerza en el mercado; ¿nos afecta la competencia?, si, ¿nos afecta el contrabando?, obvio, y más que todo en estas fechas de fin de año y en carnavales que son meses muy fuertes para nosotros”, señala.
Pero “somos optimistas y seguiremos adelante, generando estrategias de comunicación para reforzar a la población el daño que causa una cerveza de contrabando, que, si bien es más barata, no se sabe sobre los controles sanitarios”.
Mi Alteñita apunta a abrir su primera agencia distribuidora en La Paz la última semana de enero, a inicios de los carnavales, para contrarrestar la mala racha de ventas en esas fechas, así como fortalecer su presencia en Oruro, departamento al que por ahora envían pedidos a distribuidoras. También avanzar en las zonas periurbanas de La Paz que se han constituido en un importante nicho de mercado, y en la ciudad de El Alto, donde se va consiguiendo mayor presencia en espacios como tiendas, locales, restaurantes, hoteles y supermercados.
También están próximos a lanzar Mi Alteñita en lata, un producto más flexible y de mejor manipulación, sobre todo en fiestas folclóricas y conciertos, sumando una presentación más a las de 620 y 330 mililitros, en botella, con las que ahora cuentan. Ser pesimista no es una opción y eso lo demuestra Laura Escobar con la amplia sonrisa que esboza, como preludio de un futuro promisorio.
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