La Paz, 4 de diciembre de 2023 (ANF).- “Hemos creído que se podía cambiar esta situación en el gobierno de Luis Arce, pero no vemos cambios”, dice Félix Huaycho, dirigente de la Federación de micro y pequeños empresarios de Santa Cruz que da cuenta de cómo el aumento del contrabando ha ido quitando mercados a los productos nacionales y dejando muchos emprendimientos en agonía.
La falta de movimiento económico y mercados para los productos nacionales, agravado por el ingreso de mercancía de contrabando, “mantiene a las unidades productivas al borde de la quiebra”.
“Si bien algunos microempresarios accedieron a créditos del programa SIBolivia, promovidos por el gobierno, solo se convirtieron en deuda al no haber mercados”, destaca Huaycho.
Los productores nacionales consideran que las normas existentes, para luchar contra el contrabando, son muy débiles frente a grupos muy bien organizados que internan mercancía de contrabando o se dedican a venderlas, y que han devenido por la forma de actuar en “crimen organizado”.
De acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) con datos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), los esfuerzos del Estado han resultado insuficientes, al menos en los últimos 14 años, al pasar los productos de contrabando ingresados al país de 1.000 millones de dólares en 1999 a 3.331 millones en 2022. Este negocio ilegal crece anualmente al doble de la economía de Bolivia y en la gestión pasada representó una evasión tributaria de 930 millones de dólares.
Los especialistas advierten la falta de una estrategia integral de parte del Estado que vaya de la mano del fomento a la formalización de sectores gremiales, reducción de barreras arancelarias para desincentivar la importación ilegal, fortalecimiento institucional en el control fronterizo y lucha contra la corrupción, factores que contribuyen a facilitar el contrabando en Bolivia.
El contrabando viene afectando a más de 38.000 industrias y a 600.000 empleos formales. Las instituciones llamadas a combatirla solo tienen la capacidad de neutralizar al 3,18% de la mercancía ilegal que ingresa al país, de acuerdo a estimaciones de los industriales.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, general de brigada Pedro Vargas, dijo en el “Seminario Internacional del Comercio Informal al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al Contrabando” que el Gobierno lleva adelante la política “Fortalecer la lucha frontal e integral contra el contrabando para la seguridad y defensa de la producción nacional” e identificó cuatro problemas que, según dijo, poco a poco se están solucionando: Acciones operativas dispersas e insostenibles en la lucha contra el contrabando; insuficiente coordinación interinstitucional; limitada capacidad y condiciones operativas para encarar la lucha contra el contrabando; y, limitadas condiciones de desarrollo y gobernabilidad en fronteras vivas y áreas de riesgo.
Vargas destacó la firma de más de 12 convenios con diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas la Cámara Nacional de Industrias, para una lucha conjunta contra este delito que constituye el principal factor de daño a la economía del país.
“En la coyuntura actual, el tema del contrabando ya no solamente es el ingreso que está afectando a todos los sectores productivos, a la empresa privada, el día de hoy ya está el contrabando con la salida de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos alimenticios, de nuestro combustible”, advirtió Vargas.
Los operativos con decomiso de mercancías aumentaron en un 77 por ciento y el valor de la mercancía decomisada creció en 9,6 por ciento en el último año, según datos de la Aduana Nacional. En julio de 2022 el Gobierno puso en marcha el Plan del Sur para evitar el ingreso de mercancía ilegal por la frontera argentina. Las acciones siguen siendo insuficientes.
La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Riveros, cuestiona factores que constituyen una oportunidad para aquellos que venden productos de contrabando e identifica a los municipios. Dice que por captar ingresos “otorgan patentes y licencias de funcionamiento” a negocios de venta de ropa usada. De la misma forma, critica la falta de control del Servicio de Impuestos (SIN), institución, de la que dijo, dosifica facturas a estos establecimientos y así los legaliza.
“Ellos (los de la alcaldía) están viendo más que se pueda pagar una patente que no cuesta más de 80 bolivianos anuales y no ven el daño terrible que se está causando a la industria boliviana”, dijo la representante a ANF.
Riveros refiere que incluso existe compra de facturas en puntos fronterizos para el paso de mercancía ilegal que, “lastimosamente, tampoco son reportadas en Impuestos Internos”.
El viceministro Vargas, sobre el tema, destacó que ya existe un convenio firmado con el SIN para ver el tema de las facturas en la frontera con Perú, en Desaguadero, que es considerada como una “situación muy crítica”, donde “abiertamente se venden estas facturas”.
Enemigos de lo “Hecho en Bolivia”
Riveros califica a los gremialistas de “enemigos de lo ‘Hecho en Bolivia’”, debido a que el 90 por ciento de lo que comercian, según asegura, es contrabando y solo un 10 por ciento tiene que ver con producción nacional.
“Hemos tenido bastantes reuniones con los gremialistas en las cuales ellos tampoco quieren consumir lo nuestro, y eso se evidencia cuando en las mañanas se ve más ropa china que lo Hecho en Bolivia”, apunta.
“Las normativas son muy débiles”, remarca Huaycho y dice que por este motivo en varias regiones del país, como Cochabamba, se realizan las “ferias del contrabando” de manera abierta, situación que alerta sobre “un sector informal muy organizado” en federaciones y asociaciones en el que pululan contrabandistas.
“No va ser fácil luchar contra eso, simplemente tiene que ser a través de una estrategia del Estado”, insiste Huaycho.
La Cámara Nacional de Industrias concluyó en un estudio que el principal problema de la industria nacional “Hecho en Bolivia” es el contrabando. En el estudio establece que a mayor devaluación de las monedas de los países vecinos mayor contrabando hacia Bolivia. La diferencia cambiaria hace que los productos de países como Argentina -actualmente la principal vía de ingreso de productos no regulados-, Perú, Chile, Brasil y Paraguay tengan mayor ventaja frente a la producción nacional.
“El contrabando definitivamente nos está llevando a una asfixia lenta. Es un cáncer para nuestras industrias”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.
Vehículos, material eléctrico, artículos textiles, ropa usada, bebidas alcohólicas, cigarrillos y accesorios de vestir son la mercancía ilegal más decomisada por la Aduana Nacional.
Los industriales bolivianos hicieron cuatro propuestas al Ejecutivo nacional para una lucha más efectiva contra el contrabando: reactivar el Consejo Nacional de Lucha contra el contrabando, que finalmente se anunció el funcionamiento el 17 de noviembre; modificar la normativa legal para reducir de 200.000 a 50.000 UFV el valor del monto que sea considerado como delito aduanero; municipalizar la lucha contra el contrabando; y, fortalecer los entes estatales con equipamiento y tecnología para efectivizar la lucha contra el tráfico ilegal.
Menos castigos y mayor inclusión
Para el analista económico José Gabriel Espinoza, Bolivia carece de una estrategia integral para luchar contra el contrabando. Espinoza difiere de propuestas punitivas para luchar contra este flagelo al considerar que, por el contrario, lo fortalece. Refiere que faltan condiciones administrativas y arancelarias para fomentar la formalidad y reducir la informalidad.
“Siempre hemos atacado al contrabando y también a la informalidad desde una perspectiva punitiva, o sea, mientras más informales hay ponemos multas y restricciones más altas, lo que empuja a la gente a más informalidad todavía”, señala Espinoza a ANF.
El especialista dice que lo mismo sucede en el caso del contrabando, es decir, mientras más problemático se vuelve, se elevan las multas y los controles y sube el gasto del Estado en las fronteras, “que hacen que el contrabando sea cada vez más rentable”.
Espinoza considera que en este caso se debería probar un enfoque nuevo “que pasa por ejemplo por reducir los aranceles e impuestos para la importación, es decir, quitarles el negocio a los contrabandistas”.
En el lado del comercio, agrega, se debe establecer mecanismos que faciliten la formalización, que permitan que las empresas formales, que producen productos de consumo masivo, que es donde se concentra la industria boliviana, “puedan vender a precios relativamente competitivos”.
Sobre la participación de los municipios en los controles, como proponen los industriales, dice que aún no hay un marco legal que permita que las alcaldías los lleven adelante, además de no tener capacidad de fiscalización en los mercados.
“Solamente pueden controlar el cumplimiento de normas sanitarias y de uso de espacios, pero no pueden controlar el origen de la mercadería, tampoco pueden imponer multas que tengan que ver con ese elemento”, señala Espinoza que indica que además las alcaldías “hoy día tienen un problema fiscal muy grande que las ha debilitado mucho”.
Desde la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Rodrigo Puerta, su director ejecutivo, señaló que los controles de los gobiernos municipales no lograrán reducir la presencia de productos de contrabando en los diferentes mercados, y mucho menos en los municipios fronterizos, debido a que no tienen las condiciones ni las competencias.
“Los gobiernos municipales por mucho control que hagamos en un trabajo hormiga a la venta de productos de contrabando, no vamos a reducir la cantidad de contrabando, eso debe quedar muy claro, donde se reduce (el contrabando) es en el control en fronteras, bajo los mecanismos que tiene el Gobierno Nacional”, dijo el funcionario a ANF.
Mientras que el ejecutivo de la Federación de Gremiales del Sur de El Alto, Luis Paco, rechaza cualquier vinculación de sus afiliados con el contrabando. Dice que las compras de productos las hacen dentro del país y se supone que todo fue debidamente controlado en las fronteras.
“Evidentemente no toda la mercadería que adquirimos es 100 por ciento nacional, pero eso nosotros no lo controlamos, el Gobierno central es el que controla las fronteras, los que nos dedicamos al comercio informal agarramos mercadería tanto de El Alto como de La Paz y lo comercializamos”, indica a ANF.
Refiere que los gremialistas no están en condiciones de exigir papeles de importación o facturas a sus proveedores para certificar la procedencia legal, que además implicaría la subida de los precios.
“Nosotros no pedimos certificaciones, documentos de Aduana, Senasag, nada, nosotros directamente vamos y nos dicen la docena está a tanto, entonces a nosotros nos hace presumir que, si se está comercializando dentro del país, ha pasado todos los controles”.
Sobre la propuesta de control municipal, indica que, de darse, eso llevaría a la facturación de sus productos y el aumento de precios. “Vamos a tener que pedir factura al proveedor para demostrar –ante el control—que el producto no ha sido de contrabando, y el proveedor evidentemente nos va hacer subir el costo del producto, y no corresponde”.
Paco considera que la única forma de disminuir el comercio informal es creando industrias y fuentes laborales que les garanticen ingresos y una mejor opción que el comercio informal, pero como el desempleo sigue, “ayuda a engrosar las filas de la familia gremial” y resuelve en parte el problema.
“Quienes nos dedicamos al comercio informal le hacemos un grueso favor al Gobierno porque nos autoempleamos y no pedimos ningún bono, no gozamos de ningún beneficio, al contrario, generamos economía, movemos el motor económico del país”, destaca.
Espinoza explica que, en los grandes centros de consumo de las ciudades capitales, el problema se junta con el alto grado de informalidad y con un sistema tributario y laboral sumamente inflexibles y arcaicos, “que empuja a la gente hacia la informalidad”.
“Son dos problemas de la misma moneda, contrabando e informalidad vienen de la mano y obviamente la solución necesita un enfoque integral”, remarca.
Mientras Huaycho dice que ya no quiere molestar al Gobierno enviando notas o pidiendo reuniones para plantear sus demandas debido a que “no va a solucionar” el problema, más bien, agrega, “estamos trabajando una propuesta de país para presentarla ante la sociedad, donde busquemos una alternativa como sector”.
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