La Paz, 12 de diciembre de 2024 (ANF).- En Bolivia, la Policía Boliviana se posiciona como la institución estatal que más vulnera los derechos de la población LGBT. Así lo refleja el Observatorio de Derechos LGBT, respaldado por datos de la Defensoría del Pueblo. Entre 2021 y 2023, esta entidad lideró las denuncias por agresiones hacia esta población, con un preocupante incremento de casi cinco veces en los casos reportados entre 2022 y 2023.
Conforme al derecho internacional, el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus agentes, incluso si estas exceden los límites legales o violan el marco interno. Este principio, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a Bolivia a rendir cuentas por las violaciones cometidas por sus fuerzas de seguridad.
Favio Schuett, responsable de Incidencia Política y DDHH en ADESPROC Libertad y parte del equipo del Observatorio LGBT, señaló en la mesa redonda “Juntos Contra la Tortura, por una Ley Integral”, que el incremento en las denuncias podría interpretarse como un signo de mayor empoderamiento de la población LGBT, que ahora tiene más confianza para reportar abusos. Sin embargo, esta tendencia también pone en evidencia la persistencia de prácticas discriminatorias dentro de la Policía Boliviana, lo que contradice su rol de garantizar justicia y seguridad.
Entre las principales vulneraciones registradas se encuentran la negación de garantías del debido proceso y el acceso a la justicia. Esta situación refleja una crisis estructural en el sistema de protección de derechos humanos, donde la población LGBT enfrenta no solo discriminación, sino también un desamparo institucional.
El Observatorio de Derechos LGBT también señala un aumento alarmante en las denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante 2023. Estas agresiones no solo violan derechos fundamentales, sino que generan temor y desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Uno de los factores que perpetúan estas violaciones es el uso discrecional de tipos penales para criminalizar a personas LGBT. “Prejuicios e ideas subjetivas sobre la moral y las buenas costumbres han sido utilizados como argumentos para justificar detenciones arbitrarias, extorsiones y malos tratos, agravando la situación de vulnerabilidad de esta población”, señala Schuett.
La percepción de que las expresiones de afecto entre personas LGBT constituyen delitos es otra manifestación del problema. “Esta visión sesgada fomenta la violencia institucional y legitima prácticas que deberían ser erradicadas de las fuerzas del orden”.
El acceso a la justicia para las personas LGBT sigue siendo una deuda pendiente en Bolivia. Las barreras institucionales, combinadas con la discriminación, dificultan que las víctimas de abusos policiales encuentren reparación y justicia. Esto no solo perpetúa la impunidad, sino que también refuerza el ciclo de violencia.
En este contexto, el rol del Observatorio de Derechos LGBT resulta crucial, señala el activista. Su trabajo de seguimiento y visibilización de las violaciones permite que se articulen demandas por justicia y se evidencien las falencias del sistema estatal en la protección de los derechos de esta población.
La deuda histórica con la población LGBT en Bolivia exige que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar sus derechos. Es fundamental, refiere, incluir a estas comunidades en proyectos legislativos que promuevan su protección y sancionen las prácticas discriminatorias dentro de las instituciones públicas.
En el marco de la discusión de una Ley Integral contra la Tortura, “es imprescindible reconocer y atender las vulneraciones sistemáticas que sufren las personas LGBT”. Solo a través de un compromiso genuino con la igualdad y los derechos humanos, podrá Bolivia construir un Estado verdaderamente inclusivo.
La Policía Boliviana, en su rol como garante de seguridad, “debe asumir la responsabilidad de reformarse internamente para erradicar los abusos y recuperar la confianza de la población. Este es un paso ineludible hacia una sociedad más justa y equitativa”.
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