La Paz, 18 de julio de 2023 (ANF).- El activista de los derechos humanos Julio Peñaranda manifestó que Edgar Salazar no tiene la talla para hablar de derechos humanos porque hace hasta el año pasado no pagó la asistencia familiar para su hija.
“Cómo es posible que una persona que no cumple una asistencia familiar puede hablar de derechos humanos. No tiene la talla de Amparo Carvajal”, cuestionó Peñaranda en declaraciones a la ANF.
Peñaranda declaró sobre el tema después que se conoció que Salazar, quien encabezó la toma de la APDHB, fue denunciado por no atender su responsabilidad paterna al no cancelar la asistencia familiar a favor de su pequeña hija.
De acuerdo a los documentos judiciales de 2019, Salazar no canceló los Bs 1.000 mensuales ni los 1.000 por muda de ropa, que se había comprometido. Un documento del Sistema de Registro Judicial muestra la demora en el pago de la asistencia familiar y la acumulación de Bs 19.000.
“Queda probada la planilla (…) elaborada desde fecha 14 de julio de 2020 hasta el 14 de febrero de 2022, disponiéndose que el obligado Edgar Salazar Limachi haga efectivo el pago de la suma de Bs 19.000 (…) más cuatro pares de calzados y cuatro chompas, conminándole al obligado su pago a tercer día de su notificación”, se lee en el documento de marzo de 2022, bajo la conminatoria de librar un mandamiento de apremio contra Salazar.
En medio del proceso, Salazar pidió la rebaja de la asistencia familiar a Bs 500, además la reducción de la muda de ropa. Pero la jueza negó el pedido porque el denunciado estaba mental y físicamente sano para conseguir un trabajo y cumplir con sus responsabilidades.
Peñaranda manifestó que no solo tiene un proceso, sino al menos 15 demandas en su contra por diferentes motivos. “Tenemos información que el señor Salazar tiene 15 procesos de toda índole”, e insistió que una persona con este perfil no puede ser un defensor de derechos humanos.
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca (APDHCh), Freddy Jiménez, recordó que Salazar ingresó a esta entidad como “interno” en 2008, luego fue electo dirigente y se prorrogó por más de una década.
“Secuestra y usufructúa de nuestra institución por más de 10 años. Hace perder los inmuebles, hace desaparecer los documentos históricos. Recoge los 3.000 dólares, los pocos recursos que teníamos, despilfarra los 3.000 dólares del anticrético, 500 dólares de las acciones de devolvió la Cooperativa de Teléfonos de Sucre”, contó Jiménez.
Critican que la Policía no haga cumplir el fallo de la acción de libertad
Peñaranda criticó que a siete días desde que la justicia determinó que existe una vulneración a los derechos de Carvajal, la Policía no haga cumplir el fallo, es más, señale que no es su competencia. "Entonces, a quién corresponde hacer cumplir el fallo", cuestionó el activista.
“No será que la policía está en combinación con el Gobierno y el señor Salazar para quedarse con la casa de los derechos humanos. Esa pregunta nos hacemos”, sostuvo Peñaranda.
Hace 47 días, que el grupo a la cabeza de Salazar y afín al MAS tomó la sede de la APDHB, ubicada en la avenida 6 de Agosto. Mientras que Amparo Carvajal se trepó a la terraza hace ocho días. No tiene acceso al baño ni siquiera para cuestiones básicas de aseo, no puede moverse en el edificio, solamente puede hacerlo en la pequeña terraza donde ha dormido todos estos días.
Mientras que el grupo de “avasalladores” con la complacencia de los efectivos pueden salir y entrar sin ningún problema denunció el activista.
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