La Paz, 11 de enero de 2024 (ANF).- La Human Rights Watch (HRW), en su informe mundial sobre el estado de los derechos humanos, señala que el sistema de justicia hace un uso excesivo de la detención preventiva. Pone énfasis y observa los casos de la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el líder cocalero César Apaza.
“El sistema de justicia de Bolivia hace un uso excesivo de la prisión preventiva, incluyendo contra líderes de oposición”, se lee en el reporte. Con base en información de Fundación Construir, a diciembre de 2022, el 66% de los detenidos estaban a la espera de un juicio.
Señala que las cárceles continúan hacinadas, porque albergan a tres veces más detenidos de los que permite su capacidad. Que entre 2021-2022, la población carcelaria creció en un 19%, es decir aumentó a 24.824. “Con atención sanitaria inadecuada y un uso excesivo de la prisión preventiva”.
HRW establece que el sistema judicial de Bolivia “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”. Este informe se suma a los tantos otros reportes de organismos internacionales que han observado la ausencia de independencia judicial.
En relación a la independencia judicial y el debido proceso, menciona los casos de la expresidenta Jeanine Añez detenida desde marzo de 2021; el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho detenido en 2022 y el líder cocalero, César Apaza en prisión preventiva desde septiembre de 2022. Los tres, a través de diferentes recursos y acciones, han buscado asumir su defensa en libertad, pero les han negado de manera sistemática.
“En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Añez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes—delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana—por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019”, dice el informe.
Precisa que, tras su detención, fue acusada de terrorismo, la HRW revisó los documentos de imputación y proposición acusatoria y “halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada”. Asimismo, observó que no haya podido asistir a su propio juicio cuando fue sentenciada.
En relación al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detalla que fue detenido por el delito de terrorismo, en el denominado caso “golpe I”, “un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia”, precisa.
El organismo también revisó los documentos de “detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo”. Señala que su familia y su abogado alegan que “no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece”.
En el caso del expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, señala que está con detención preventiva desde septiembre de 2022. Que el año pasado sufrió una embolia cerebral.
“Su familia denunció que las autoridades no le proporcionaban una atención médica adecuada. En julio, la Defensoría del Pueblo dijo que la fiscalía, a petición de la Defensoría, estaba investigando denuncias sobre torturas y otros malos tratos a Apaza por parte de agentes del Estado”.
En los tres casos que anota HRW, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales les han ido ampliado sus detenciones preventivas una y otra vez y en varias situaciones les han negado acceder a un centro de salud a pesar de su estado de salud. Apaza, por ejemplo, tras estar en la clínica fue nuevamente enviado a la cárcel, aunque tiene el medio cuerpo paralizado.
Libertad de expresión
En su informe mundial, hace notar que Bolivia “carece de regulación” sobre la asignación de la pauta publicitaria por parte del Estado, un tema que ha sido objeto de preocupación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Mencionada que el país “tampoco cuenta con una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución”.
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