La Paz, 10 de octubre de 2023 (ANF).- La vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, aseveró que es responsabilidad del estado y de sus instituciones garantizar las condiciones carcelarias para el cumplimiento de sentencias, sin embargo, al no existir voluntad política, proliferan los cobros y extorsiones en los centros carcelarios con conocimiento de las autoridades penitenciarias.
Indicó que esta situación promueve la existencia de grupos delincuenciales dentro de las cárceles que se aprovechan de los nuevos internos y de sus familias.
“El Estado es el encargado a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Gobierno y de todo el sistema penitenciario de que una persona que ha cometido un delito pague su condena, pero no tiene la capacidad ni la voluntad política ni nada para que esa persona que ha cometido un delito cumpla su condena en condiciones humanas”, dijo Herrera en entrevista con ANF.
En ese sentido, agregó, existe la lógica de que quien ingresa a un penal debe construir o pagar por su celda, “una lógica que está alimentando intereses de poder económico al interior, corrupción, porque el Estado realmente no tiene un sistema penitenciario, un sistema carcelario, donde se asigne una celda y la persona cumpla su condena, sino es solamente apresar y poner en un espacio y sálvese como pueda”.
En este escenario, indicó, surgen grupos delincuenciales que extorsionan no solo a la persona que ha ingresado a la cárcel, sino también a la familia, y “ahí se genera un movimiento económico totalmente irregular, ilegal, por la falta de políticas y de un sistema penitenciario que asigne celda”.
Los cobros irregulares ocurren en casi todas las cárceles del país y las ejecutan los delegados y delegadas de los recintos en complicidad de las autoridades policiales y penitenciarias, de acuerdo a las denuncias de los privados y privadas de libertad, que fueron corroboradas por informes de la Defensoría del Pueblo.
“En todas las cárceles tenemos a la gente que invierte, construye y después si sale libre lo vende o lo da en anticrético, entonces, genera una economía totalmente ilegal a vista y paciencia de los que ‘administran’ estos centros, y que en algunos casos también son denunciados de involucrarse en hechos ilegales como es venta y compra de espacios”, remarcó Herrera.
Reiteró que el Estado debería tener cárceles con todas las condiciones para que el que haya cometido un delito cumpla su condena, y no tengan que estar lucrando a su costa, y es por eso, agregó, hay muchos recluidos que no quieren salir de las cárceles porque han hecho grupillos de poder que básicamente “ya han hecho un modus de vida en ese sistema, están a la pesca del que ingresa para así saber cuánto dinero captar, ya sea a la fuerza, a las buenas o a lo que fuera, pero ahí tienen que pagar, y eso lo sabe Régimen Penitenciario, perfectamente”.
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