La Paz, 7 de julio de 2023 (ANF).- Desde 2014 hasta la fecha, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) ha estado en la mira del Movimiento al Socialismo, al menos en 10 ocasiones intentaron intervenir y tomar de manera violenta. Este 2 de junio lo lograron, identifican los activistas de los derechos fundamentales; además ANF hizo un recuento.
“No me voy a mover”, afirmó la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, luego de que cerca de las 10.30 del 2 de junio de este año, un grupo de afines al MAS -liderada por Edgar Salazar- ingresó a esas oficinas y con mentiras tomó las instalaciones para luego desalojar a todos sus ocupantes.
El grupo de afines del partido de Gobierno entró con la excusa de presentar una denuncia, pero luego alegaron ser los verdaderos dueños de la institución. “Quiero anunciar públicamente que la Policía no está defendiendo la casa de derechos humanos, sino a los ladrones y a los que han usurpado”, denunció Carvajal tras la toma.
Desde ese día, la octogenaria activista ha permanecido en vigilia junto a su directorio y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos pese a las inclemencias del frío y las inexistentes condiciones para sostener una medida de esta naturaleza. Permanecen en el callejón ubicado en la parte posterior al ingreso principal de la avenida 6 de Agosto en la ciudad de La Paz.
“La asamblea ha sido tomada de diferentes maneras. Detrás de todo ese grupo siempre ha habido algún nivel de influencia, gente que desde su opción política partidaria intentaron convencer de que la asamblea tenga que ser funcional bajo un partido político, y no es así, defendemos los derechos humanos”, señaló a la ANF Yolanda Herrera, vicepresidenta de la APDHB.
“Es gente del MAS que trabajaba en el Ministerio de Gobierno, siempre ha sido el MAS. Nos amenazan pero no hemos respondido ni verbalmente ni físicamente. El ser humano tiene derechos incluso desde el primer momento de su concepción porque ya que es un ser humano. El Estado debe garantizar estos derechos”, dijo también Marina Vargas, activista de Derechos Humanos y exvicepresidenta de la asamblea.
¿Y a qué se deben estas intervenciones? Los del MAS consideran que la APDHB se habría parcializado con el gobierno de Jeanine Añez – y con otros sectores opositores al Gobierno actual- y no así con las víctimas de Sacaba y Senkata durante la crisis política de 2019. “Nosotros somos independientes. Yo creo que no tenemos claridad en el fondo del problema que son los Derechos Humanos”.
Ocupaciones ilegales desde 2014
En lo referente a lo acontecido en junio de este año, no es la primera vez que el MAS y las organizaciones sociales afines apoyan los intentos para tomar estas instalaciones (1), tanto de la representación nacional, como de las departamentales
Así, el 14 de enero de 2014 (2), “grupos de choque masistas” con ayuda de un resguardo policial interrumpieron la realización del XX Congreso Ordinario de la APDHB expulsando a todas y todos los activistas y negándose luego a abandonar las instalaciones de la 6 de Agosto. En esa ocasión, la asamblea apuntó a Teresa Zubieta, Víctor Vacaflores y Sonia Brito de Vacaflores de provocar y promover esta toma y que cualquier tipo de invasión, atentado o daño a los bienes, a los archivos y la documentación sería responsabilidad de ellas.
“Han tomado en varias ocasiones. Recuerdo cuando estaba Zubieta y Brito y gente del Ministerio de Gobierno aparecieron y nos dijeron que salgamos. Nos decían: ‘aténganse a las consecuencias’. Nosotros permanecimos ahí, no nos movimos. Finalmente fueron ellos quienes se salieron”, contó Vargas.
Tanto Zubieta y Brito en 2021 y 2022 fueron designadas por el gobierno de Luis Arce como embajadoras en el Vaticano y en Italia, respectivamente.
Por otra parte, el 6 febrero de 2017 (3), gente afiliada al MAS y liderada por el exdirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez –quien falleció en 2020-, irrumpieron también de manera violenta la oficina departamental. Para tal propósito, intimidaron a Carvajal para que entregue las llaves o caso contrario la tomarían por la fuerza.
A la orden de “pónganse los guardatojos” por parte del dirigente de la federación -varios se encontraban de manera camuflada dentro de esa instalación-, se quiso autoconvocar a un congreso para cambiar el directorio de La Paz. Ese día, Gutiérrez prefirió no escuchar a la presidenta de la APDHB, quien le pidió en reiteradas ocasiones un diálogo, incluso le tomó el brazo, pero él se hizo soltar de manera brusca.
Entonces, Gutiérrez dio la orden de instalar el congreso al que denominó “por la unidad” y negó que el partido de Gobierno haya estado detrás de la toma. Pese a esa irrupción a esa oficina, horas después se fueron, no descartando un nuevo intento de toma.
Por otro lado, el 10 de agosto de 2021 (4), Amparo Carvajal se dirigió a Impuestos Nacionales a realizar los pagos correspondientes; sin embargo, los funcionarios le informaron que no podía hacerlo porque el registro había pasado a nombre del dirigente afín al MAS, Edgar Salazar Limachi. Los del MAS se habían apoderado del NIT.
El pasado 25 de agosto de 2021, un grupo de personas se instaló en puertas de la asamblea con el objetivo de tomar sus instalaciones (5), en esta ocasión, el grupo protagonista se identificó como el Comité Impulsor de juicio por el presunto golpe de 2019 y que denunciaron a los opositores al Gobierno.
El 17 de diciembre de 2021 (6), activistas de derechos humanos afines al instrumento político conformaron una dirigencia paralela de la APDHB, a la cabeza de Salazar. La reunión se llevó a cabo a convocatoria del aludido en el edificio de la FSTMB.
En noviembre de 2021 (7), la presidenta de la Asamblea denunció que había “intentos” de tomar nuevamente esa organización por gente que estaba haciendo circular una convocatoria a congreso y la cual tildaba de “apócrifa”. “Además de confundir a los que luchan por los derechos humanos, esa convocatoria podría ser un nuevo intento de afectar nuestras actividades y de tomar la Casa de los Derechos Humanos, por lo cual responsabilizamos de antemano al Gobierno ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra integridad institucional e individual”, denunció esa vez Carvajal a la prensa.
El 22 de septiembre de 2022 (8), Edgar Salazar y otro grupo de personas afines al Movimiento Al Socialismo tomó por la fuerza un inmueble de la asamblea ubicada en la calle Oruro – que se alquilaba para sus gastos de mantenimiento-. El dirigente paralelo esa vez insistió que era el representante nacional por lo que se actuó de esa manera. También adelantó que el siguiente paso sería “recuperar” la sede de la APDHB. Carvajal contó que ese grupo había cambiado las chapas y no tenía acceso.
El 20 de octubre de 2022 (9), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció que el Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico cometía injerencia en contra de la institución al apoyar a Salazar y por responder a la carta de él que hacía referencia a una nueva toma de las instalaciones.
“Al respecto, debo informar que de acuerdo a la reunión sostenida en fecha pasada, debo informar que se tomará las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión, mismos están en patrocinio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”, se lee en la carta con data del 12 de julio de ese año. (ver foto).
“Ellos vienen y dicen que son representantes de organizaciones sociales. Juana Martínez, que era representante de El Alto, estaba junto con nosotros, pero luego vino como interventora con el grupo este de las mujeres de Zubieta. Ellos en general dicen que los ambientes son de ellos, y así nada más, sin decir nada desaparecen”, prosiguió Vargas.
“La movilización es por esfuerzo propio, ahora, en esta vigila, estamos los ejecutivos del país, también están activistas de ocho departamentos del país para mostrar que no es la lucha solo de una persona, sino de todos”, enfatizó Bedregal.
El 13 de febrero de este año (10), se denunció que Virginia Ugarte Condori, dirigente gremial afín también al MAS fue posesionada como presidente de la institución de derechos humanos de El Alto. Justamente Edgar Salazar convocó a un congreso de los miembros de esa institución en esa ciudad; sin embargo, se presentaron dirigentes de organizaciones sindicales que no tienen ninguna relación con la defensa de derechos fundamentales. Así instalaron el evento. Salazar y Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al partido azul presidieron el acto.
Ya se cumplió un mes en que Carvajal y todos los activistas se encuentras haciendo vigila. Pese a todo, la presidenta aseguró que seguirá su lucha, “hasta morir”.
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