La Paz, 14 de noviembre de 2024 (ANF).- A cinco años de los hechos ocurridos en diferentes regiones del país tras la renuncia y salida del territorio nacional del expresidente Evo Morales, en medio de una crisis política y denuncias de fraude electoral, el gobierno de Luis Arce dejó relegado la mayoría de los casos de vulneración a los derechos humanos y solo priorizó los que le generan rédito político, denunció el activista y representante de las víctimas de Senkata, David Inca.
“Lo que ha habido aquí es un interés de cálculo político de atender procesos que sí benefician mediáticamente al Gobierno y al partido de gobierno MAS-IPSP, y han desatendido procesos que no convenían al partido político o a un líder específicamente, porque su imagen iba a estar de por medio”, dijo el activista a ANF.
De acuerdo al informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), agregó Inca, el Ministerio Público de oficio estaba obligado a realizar denuncias, investigaciones e identificar a los autores de las vulneraciones de Derechos Humanos, y no solamente en el caso Senkata, sino también en lo que ocurrió en Vila Vila, Playa Verde, en Cochabamba, en el Plan 3.000, en Santa Cruz, en Yapacaní, en Montero, y también abrir casos que hubiesen sido cerrados debido a la falta de impulso procesal por parte de algunas víctimas.
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