La Paz, 14 de junio de 2023 (ANF). - Ante el fallo judicial, el presidente de la dirección paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APHDB), Édgar Salazar, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), planteó la realización de un congreso nacional para definir la titularidad de esa instancia. Al respecto, la presidenta de esa instancia, Amparo Carvajal afirmó que continuará con su mandato y después se hablará de elecciones.
Nos han dado recomendaciones que nos pueden abrir caminos del diálogo para llevar a cabo un congreso ordinario, bajo los estatutos aprobados el 2014. Sobre esa base, nosotros vamos a buscar algún mediador para que no se haga ver a la población que nosotros tenemos la intención de aprovecharnos por su edad. Esperamos que exista reflexión por parte de ella”, dijo Salazar.
Ante esa propuesta, la defensora de derechos humanos, Amparo Carvajal, aseguró que continuará con su mandato que finaliza en marzo de 2025, y seguirá trabajando por los sectores más vulnerables. Cuando concluya su gestión recién se hablará de desarrollar una elección para designar a su sucesor.
“Nosotros nunca hemos negado un acercamiento, si ellos son los que han hecho en otro lado su federación. Si él dice que ha sido elegido por dos años, yo también debo afirmar que fui elegida por dos años, después de dos años vamos a ver un nuevo congreso. Yo estoy acá por mandato y se debe respetar el periodo de mandato”, precisó.
La Sala Constitucional Cuarta de La Paz rechazó el amparo constitucional que presentó Carvajal contra Salazar, por la toma violenta de las instalaciones de la Asamblea de Derechos Humanos el 2 de junio. Hasta el momento, un grupo de personas afines al oficialismo permanecen en el edificio.
Resolución
El directorio de la APDHB, dirigida por Carvajal se reunió este miércoles y se emitió una resolución donde rechazó el fallo de la justicia y consideró que es un atentado y valida el uso de las medidas de hecho, para despojar un bien inmueble. Además, aseguró que representa un riesgo jurídico hacia la propiedad privada.
“La negación del amparo constitucional constituye un atentado contra el derecho de posesión y valida el uso del despojo de un bien con medidas de hecho. Esta acción es un principio de alta inseguridad jurídica en nuestro país que debe alertar a toda la población en general, por los nefastos antecedentes que deja la justicia”, dice uno de los puntos.
Asimismo, ante la indefensión judicial en el país, anticiparon que acudirán a organismos internacionales donde denunciar los atropellos de los que fueron objeto. Tomando en cuenta que los defensores de derechos humanos se sientes desprotegidos por las autoridades competentes.
“Concurriremos a las organizaciones internacionales hasta que se condene estos delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, porque no fueron protegidos por las instancias jurídicas competentes. Hoy en día, los verdaderos defensores de derechos humanos nos sentimos indefensos ante la justicia boliviana”, señala otra de las conclusiones.
Por otra parte, garantizaron que continuarán con la defensa y promoción de los derechos humanos, la libertad, la justicia y las libertades democráticas en los sectores más vulnerables del pueblo boliviano.
Finalmente, Carvajal ratificó que seguirá en la vigilia en la parte posterior de las oficinas de derechos humanos, no claudicará hasta recuperar esas instalaciones.
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