La Paz, 18 de octubre de 2023 (ANF).- “Has venido a la cárcel a cumplir una condena, no ha estudiar”, es la frase que siempre escuchaba Mirna cada vez que pedía seguir una carrera universitaria. Esta expresión será el augurio de un camino lleno obstáculos para acceder a la educación superior siendo una privada de libertad. Mirna afrontó trámites burocráticos engorrosos, que una vez superados daban lugar a otros; acusaciones falsas; prejuicios homofóbicos; abusos de autoridad; cobros económicos ilegales; informes falsos en su contra; y, hasta un traslado para que desista de su propósito, ya que estudiar era tomado como un “fastidio” y “más trabajo” por quienes debían garantizarle ese derecho.
Al tercer año de detenida, por su perseverancia, logró ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad San Simón de Cochabamba, ciudad en la que guardaba reclusión, pero en seis años avanzó menos de la mitad. Las trabas administrativas y represalias le quitaron tres años de formación, pero no detuvieron su propósito. Su único interés ahora es conseguir que las mujeres privadas de libertad puedan acceder a la educación superior y no sigan siendo relegadas a la formación en labores básicas y domésticas.
“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”, se lee en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, un mandato que en las cárceles está ausente para las mujeres.
La pedagoga argentina Violeta Núñez señala que la educación se puede identificar como un derecho que hace a la condición del ser humano pues “es a través de ella que se construye un lazo de pertenencia a la sociedad”, por lo que se puede establecer que “quien no tenga el acceso a este derecho pierde la oportunidad de pertenecer a la sociedad, de participar en ella, hacer uso de sus derechos y cumplir sus deberes”, refiere la Fundación Construir en el informe “Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia 2022”.
Superando los obstáculos
En octubre de 2012 Mirna se vio involucrada en un hecho delictivo en el que falleció un taxista y fue enviada a la cárcel de San Sebastián, en Cochabamba, en un proceso lleno de interrogantes y plagado de vulneraciones que pedía para ella la pena máxima. Ella era chofer de taxi y estudiante de Ingeniería de Sistemas en una universidad privada. El ingreso a la cárcel interrumpió su formación universitaria y el cuidado de su hija pequeña.
Como la estadía sería larga, en 2015 se enteró de una convocatoria de la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón y pidió a Régimen Penitenciario postular ya que no le permitía continuar sus estudios en la universidad privada por políticas internas.
“Me dijeron, sí, vamos a ver, pero no hubo resultados”, recuerda.
Un año después, en 2016, insistió y la gobernadora del penal, mayor Vanesa Vidal, al verla muy interesada y motivada cursó un informe al juzgado para que pueda salir con una custodia a rendir el examen de ingreso a San Simón. “Aprobé en la primera con 97 puntos”, refiere orgullosa, luego de una amanecida de revisión del material que se le hizo llegar a última hora por descuido de una de las policías.
Inició el trámite para las salidas a clases debido a que el sistema era presencial, pero al haber un cambio de gobernadora su suerte también comenzó a cambiar. Señala que la capitán Dayana Mejía tomó por cierta una “denuncia falsa” en su contra de parte de otra interna, que aseveró haber sido ultrajada por la pareja de Mirna -Mirna es lesbiana-, y en la discusión la interna denunciante deslizó la versión de que el único interés de Mirna de salir a pasar clases es fugarse. Fue suficiente para que el trámite de salida quede paralizado. Más adelante saldrá a luz la verdad y que la denuncia tuvo como motivación prejuicios homofóbicos que secundó el personal policial.
En protesta, Mirna fue protagonista de actos de indisciplina. Le negaban el derecho a la educación en base a una denuncia infundada. Canalizó su frustración discutiendo con otras internas y desafiando a la autoridad en defensa de sus derechos, lo que fue visto por la gobernadora del penal como un acto de instigación que buscaba el desorden generalizado.
Con ayuda de un abogado, cuenta Mirna, logró demostrar a la gobernadora del penal que la denuncia carecía de fundamento, pero igual tuvo que cumplir 30 días de restricción y sin visitas por las peleas. 2017 fue un año perdido para el estudio.
En 2018 intenta retomar sus clases, pero la universidad no le permite inscribirse debido a que desde que ingresó no tomó ninguna materia. Le dijeron que debía volver a dar el examen de ingreso. En 2019 intentó nuevamente. Presentó un memorial al juzgado tercero de sentencia que no dio curso a su solicitud de salir a dar el examen.
Dos años después, con la virtualidad por el Covid-19, una de sus amigas presentará sus papeles para su reincorporación a la universidad y será rechazado. En su indetenible interés por estudiar, Mirna hace contacto con el director de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, Humberto Trigo, quien cuestiona que las autoridades de Régimen Penitenciario no la representen en su interés de estudiar. Trigo se compromete a reincorporarla. Al año, Mirna es estudiante plena de la San Simón y se reactiva su sueño de seguir una carrera universitaria.
Esa pequeña victoria, pero significativa, vendría con una andanada de obstáculos carcelarios que irá sorteando y poniendo a prueba su perseverancia y deseo de estudiar. En plena virtualidad, el primer requerimiento era contar con un equipo electrónico. Consiguió con sus ahorros una laptop, pero desde Régimen Penitenciario, según cuenta, le dijeron que lo que necesitaba era un celular. Los funcionarios le pidieron un celular con especificaciones puntuales e incluso le indicaron el lugar de donde debería adquirirlo.
El aparato le posibilitó llevar adelante sus clases durante la gestión 2021: de siete materias cursadas reprobó una debido a que el examen final de una de ellas era el 5 de enero del siguiente año, cuando el permiso se había extinguido. La autoridad policial fue inflexible: ¡No insistas, no tienes permiso!
Cuando decide tomar dos materias en el verano de 2022 recibe como respuesta condiciones del personal de seguridad. “Me piden pagar 1.000 bolivianos para seguir estudiando, ya me habían cobrado 2.000 el año anterior, pero como no tenía dinero, les dije que no, entonces me dicen ‘no vas a estudiar’ y me acusan de haber hecho mal uso del celular”.
La nueva jefa de seguridad, teniente Joselyn R. C. y la exjefa de seguridad, Marisol P., insisten en que usó el celular para hacer “cosas indebidas” como “ver porno”, pese a que las clases siempre fueron bajo la mirada de las policías, a veces varones. “A mi derecha y a mi izquierda, siempre controlaban lo que hacía y luego de la clase el equipo se quedaba con ellas”.
Requisan su celda y le incautan la correspondencia, aunque la ley garantiza la inviolabilidad, le decomisan fotos familiares e imágenes sobre diseños para tarjetas y tejido de zapatos, entre otros. Presenta una queja por el cobro de las policías. Régimen Penitenciario autoriza las clases de verano, pero la gobernadora del recinto le dice que no tiene personal y que debe contratar a un custodio que la supervise. Le aclara que está en la cárcel para cumplir una condena y no para estudiar. Le reitera amenazante que hizo mal uso del aparato tecnológico. Y sobre el uso de internet, le advierte: “Tu verás de dónde sacas internet, ese no es mi problema”.
Mirna resuelve el internet con una amiga policía que le provee señal desde afuera del penal, cerca de la ventana del ambiente donde ella pasa clases. Familiares y amigos que le llevaban los libros de estudio hasta el penal, pero por cada ingreso le cobraba la guardia de turno, más aún si los libros llegaban fuera de horario. “Yo tenía que pedir para la policía a cargo lo que se antojara”, dice. De dos materias solo aprueba una, por el horario. El permiso de clases solo cubre horarios de oficina.
Pretender cursar más materias regulares en la gestión 2022 fue la gota que rebalsó el vaso. Fue acusada por segunda vez de hacer mal uso del aparato, esta vez de una laptop, que estaba programada, por el personal penitenciario, para acceder solo a la plataforma educativa, y además quedaba bajo custodia policial.
Pese a la negativa de las autoridades carcelarias, Mirna se inscribe a la universidad. Encuentra soluciones creativas, pero a un elevado costo económico. Un compañero le ayuda a conectarse con las clases en vivo haciendo un puente con el teléfono fijo de la cárcel. Tenía clases de hora y media a tres horas seguidas, algunos días. Las quejas llegaron hasta la gobernación: Mirna usa mucho tiempo el teléfono.
La teniente Joselyn R. C. le reiteró sobre sus clases: “ese privilegio se te ha negado”. Mirna denunció la vulneración ante los jueces de sentencia y ejecución y la respuesta fue el avance de su proceso penal de forma vertiginosa, pese a los años de mantenerse estancado. La gobernadora pide el traslado de Mirna a otra cárcel.
“Hacen una solicitud para mi traslado en mayo de 2022 y nunca me notifican como señala el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal. Es lamentable que supuestamente notifiquen a Defensa Pública, pero no notifiquen a la persona cuando saben que su domicilio real es un centro penitenciario”, señala.
La directora del recinto penitenciario tampoco le notifica y le quita la posibilidad de que pueda presentar pruebas de descargo. “Es increíble que por tan solo querer estudiar se cometan tantas irregularidades y se generen tantos procesos”, lamenta.
Para sustentar su traslado, la gobernadora del penal reactiva resoluciones disciplinarias de castigo de hace seis años por hechos prescritos, según la ley. Mirna dice que tenía cuatro resoluciones en 2017 por incidentes con su novia, pero de acuerdo al artículo 108 del Código Penal, han prescrito. “Las sanciones accesorias prescribirán en tres años, computadas desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado”.
La ley 2298 de Ejecución Penal en su artículo 126 se refiere a la prescripción y dice que “la acción para imponer una sanción disciplinaria prescribe en quince días calendario de haberse cometido la falta. La facultad para ejecutar una sanción disciplinaria prescribirá en quince días a partir de su ejecutoria”.
Pero surge otra resolución en 2019 de la que Mirna asegura que no tenía conocimiento. “Me inventan una resolución en 2019 y realizan mi traslado”. Contrario a otros casos, la población penitenciaria de San Sebastián, mediante un voto resolutivo, pide que no se traslade a Mirna y denuncia “discriminación”. A parte de representar una piedra en el zapato para las autoridades carcelarias por su derecho a estudiar y su actitud respondona ante el abuso, las policías siempre le reprocharon su preferencia sexual. Le prohibían estar cerca de los baños, eran especialmente exhaustivas en la revisión a su pareja cuando la visitaba, le cuestionaban que se tomen de la mano dentro del penal, besarse tenía sanción: “Eres un mal ejemplo para los niños”.
Mirna fue trasladada en julio, cuando se encontraba en plenas evaluaciones. Llega al penal de Miraflores de La Paz, desde donde continúa su lucha para que las mujeres privadas de libertad tengan la oportunidad de estudiar carreras universitarias y no solo manualidades.
Realizó un análisis sobre las condiciones y oportunidades de educación para las mujeres en las cárceles y viene gestionando a nivel universitario algunas acciones que permitan la posibilidad de estudio. En las cárceles de mujeres no hay estudios universitarios en comparación con algunas cárceles de varones.
En La Paz, en su perseverancia, conversó con el juez Juan Carlos Pérez, del juzgado de Ejecución Penal Cuarto, para denunciar la injusticia en contra de ella y decirle que quiere seguir estudiando. Recuerda que lo primero que le preguntó el juez, fue: ¿cuál es tu caso?, y al saberlo, le respondió con una lapidación: “tu sentencia es alta, solo puedes estudiar si te toca extramuro, además ustedes han venido a cumplir condena, no a estudiar, cuando salgas libre piensa en eso”.
La respuesta de la autoridad no la detuvo. Tras insistir y fundamentar, la gobernadora del penal de Miraflores dio curso a que pueda estudiar. Era mediados de octubre de 2022. No pudo salvar sus materias. Actualmente tiene permiso para pasar clases y en ese tiempo debe hacer todas sus tareas y coordinaciones. Los trabajos grupales quedan fuera de horario.
Una demanda generalizada
La realidad de Mirna también toca a muchas privadas de libertad que quieren estudiar. Daniela, también del penal San Sebastián, lamenta que no se den las condiciones para estudiar una carrera superior en ese recinto. Ella logró inscribirse a clases virtuales en estudios superiores, pagó la inscripción, hizo los trámites, consiguió los horarios, todo el requerimiento exigido por la gobernación del penal, pero el personal de seguridad le pedía más requisitos y horarios específicos y tuvo miedo de continuar el trámite. “Era como una amenaza de que si continuaba y me aceptaban me iban a realizar el traslado”.
Dice que en teoría los únicos requisitos para pasar clases en el penal son presentar la solicitud con la boleta de inscripción, solicitar el ingreso del aparato electrónico y entregar los horarios de clases, pero internamente “las policías han pedido horarios específicos, que teníamos que tener un custodio específico para poder pasar las clases”.
Y debido a que en San Sebastián no hay un lugar específico para pasar las clases virtuales, las internas tienen temor del hostigamiento de las policías. “Teníamos la experiencia de Mirna, las policías no respetaban cuando ella pasaba clases, ponían música, televisor a alto volumen, jugaban, hacían bulla mientras ella pasaba clases”, refiere Daniela.
En San Sebastián las internas se forman en el Centro de Educación Alternativa (CEA) que es para salir bachiller. Además, se imparten algunos cursos como artesanía, costura y tejidos, pero “estudiar a un nivel técnico superior o alguna licenciatura no hay nadie porque no nos facilitan, prácticamente está prohibido hablar del tema porque empiezan con las amenazas y todo viene de las custodias”.
“Ven que una está haciendo algo por estudiar y dicen: ‘bueno, creo que el siguiente traslado será de fulana de tal’, mencionando el nombre o ‘creo que van a ir a acompañar a su compañera ya que quieren estudiar’”.
Dicen que hay una frase que usan en San Sebastián y es “los papeles hablan”, entonces, “cuando una jefa de seguridad fabrica papeles no importa que la interna diga que eso es falso porque van a hacer valer el papel, es muy difícil luchar contra eso”.
Bertha, otra privada de libertad, cree que las policías sabotean a quienes quieren estudiar por temor a que las internas puedan saber algo más y estar en el espacio que ellas consideran suyo, las oficinas de la gobernación, porque “al estudiar nosotras estaríamos poniendo un horario y un espacio y les estaríamos quitando a ellas de hacer lo que quieran con ese lugar y ese horario”.
Además, no existe ni un protocolo ni un reglamento sobre educación superior para las cárceles. Si bien la Constitución y la Ley de Ejecución de Penas respaldan este derecho, así como los tratados internacionales, “cuando tú pides autorización para estudiar lo toman como algo malo, pero en otros recintos como los penales de varones es libre, hay más facilidades, pero ahí muchos no quieren estudiar”, reflexiona.
“Cuando quise hacer mis trámites para estudiar siendo preventiva —refiere Verónica —, las oficiales me hicieron varias amenazas, me dijeron ‘podemos acelerar tu sentencia y así te puedes ir a otro penal’”.
Dice que esta clase de amenazas “es aterradora” cuando lo que ellas buscan es demostrar su inocencia. “Es algo que asusta mucho y cuando vemos que a Mirna la ejecutoriaron para trasladarla, nos dimos cuenta que son represalias”, remarca Verónica.
Un derecho sin enfoque de género
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, subrayó que el derecho a la educación está constitucionalizado, y hay varias normas internacionales que apoyan a lograr el ejercicio de este derecho, sin embargo, en Bolivia sus políticas concretas y su sistema penitenciario solamente condenatorio “constituyen una burla y más aún que se hable de centros de rehabilitación”.
Indicó que en las cárceles uno de los sectores más vulnerables es el de las mujeres y que la administración de los centros penitenciarios, desde el director o la directora de los penales hasta el director de Régimen Penitenciario, no abordan los derechos humanos con enfoque de género, por lo tanto, “todas las medidas y todas las directrices que aplican van más en consonancia de favorecer a los varones que a las mujeres”.
Enfatizó que el derecho a la formación y al crecimiento profesional debería ser favorecido en todos los niveles porque “una mujer que avanza en el nivel de formación, de capacitación técnica, es una sociedad que avanza y en ese ámbito a pesar del delito que haya cometido y por el cual esté en el centro penitenciario, debería haber políticas que favorezcan su formación, principalmente”.
La activista indicó que las condiciones para la educación universitaria en las cárceles se pueden dar y eso se muestra con las audiencias virtuales, pero “lo que realmente escasea es la voluntad política para permitir que las mujeres privadas de libertad puedan acceder a formación superior”.
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos recordó que el Covid-19 ha permitido que todos tengan la posibilidad de estudiar por Internet, incluso a los internos les ha dado las audiencias virtuales y “eso no puede perderse”.
“La cárcel es progresiva, es decir, algo que ya se ha logrado hay que seguir desarrollándolo, no podemos perderlo, el derecho es progresivo, en la misma cárcel las conquistas son progresivas, en eso hay que trabajar”, apuntó.
En una entrevista a un medio local, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que “a diferencia de los varones, las mujeres en los centros optan más, si bien tienen dentro del abanico de opciones temas educativos, por el tema laboral; muchas veces tenemos ausencias en las aulas de los centros de mujeres porque ellas tienen la necesidad de generar recursos porque tienen una responsabilidad” con sus hijos.
Sin embargo, el informe Mapa Sociojurídico “Mujeres privadas de libertad en Bolivia 2022” de la Fundación Construir establece que el principal interés sobre formación, en opinión de las privadas de libertad entrevistadas, son las carreras universitarias.
“Se puede evidenciar que una de las principales demandas es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos, aspecto que tiene que ser atendido de manera pronta, tomando en cuenta que en algunas cárceles de varones se puede encontrar este tipo de formación”, se lee en parte de la publicación.
La diputada Betty Yañiquez informó que en la gestión 2022, en la comisión de Derechos Humanos que ella encabezaba, luego de la visita a cárceles, se suscribió un convenio con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para brindar apoyo en estudios universitarios a los internos de los nueve departamentos, y que ahora vienen desarrollando reuniones con las autoridades gubernamentales para hacer efectivo el convenio. Desde la CEUB informaron que el convenio solo tiene el propósito de facilitar a los privados de libertad la realización de trabajos dirigidos y pasantías.
La posibilidad de que las privadas de libertad puedan acceder a carreras universitarias sigue siendo remota. El enfoque patriarcal en las cárceles las sigue relegando a actividades que tradicionalmente se les ha impuesto y las obliga a “ser buenas madres” que pensar en su formación, en ellas mismas.
Para la gestión 2024, el director general de Régimen Penitenciario anunció convenios con universidades para impartir algunas carreras en varios recintos carcelarios, todos de varones. La necesidad y pedido de las mujeres sigue siendo subsidiario. Mirna inició gestiones con universidades como la Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, que mostró apertura a su propuesta. Régimen Penitenciario no la respalda. La lucha por la reconquista de derechos, continúa.
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