La Paz, 14 de octubre de 2023 (ANF).- De acuerdo al reciente informe Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad 2022 de la Fundación Construir, una de las principales demandas de las mujeres privadas de libertad es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos carcelarios.
El estudio, que se basó también en la entrevista a 240 mujeres privadas de libertad, evidencia que las terapias ocupacionales al interior de los recintos se concentran en oficios que les generan recursos que es su principal preocupación, sin embargo, tales tareas “perpetúan estereotipos de género y dejan de lado otras ocupaciones que tienen los hombres en prisiones por ejemplo carpintería, electricidad, albañilería”.
Remarca que “el mayor interés de las internas es poder acceder a una carrera universitaria, lo cual debe ser considerado por la administración penitenciaria con el fin de generar mayores posibilidades de reinserción laboral y económica de las mujeres”.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Yolanda Herrera dijo a ANF que en las cárceles existe un trato diferenciado a las mujeres privadas de libertad, pero no positivamente, “sino diferenciado en pocos mecanismos, en pocas políticas internas que viabilicen la posibilidad de que las mujeres que están en situación de cárcel puedan desarrollarse”.
Herrera reconoció a las mujeres reclusas como uno de los sectores más vulnerables, debido a que la administración de los centros penitenciarios, desde el director o directora de los penales y hasta el director nacional de Régimen Penitenciario “no abordan los derechos humanos con enfoque de género, y, por lo tanto, todas las medidas y todas las directrices que tienen van más en consonancia para favorecer a los varones que a las mujeres”.
A pesar de reconocer los avances positivos generados por la implementación de programas post penitenciarios, indica el informe de la Fundación Construir, es necesario advertir que “los mismos deben trabajarse desde un enfoque de género y de derechos humanos, pues en el caso de las mujeres privadas de libertad no se puede tratar de reforzar los roles de género impuestos, se debe trabajar en romper con estos procesos en los que se capacita a mujeres en belleza integral, en tejido, cocina y otros que no hacen más que replicar estereotipos de género que afectan el rol de las mujeres en la sociedad”.
A manera de conclusión, se lee en el informe, se puede evidenciar que “una de las principales demandas es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos, aspecto que tiene que ser atendido de manera pronta tomando en cuenta que en algunas cárceles de varones se puede encontrar este tipo de formación, por lo que en base de lo mencionado se debe considerar la prioridad de contar con carreras universitarias para que también las mujeres privadas de libertad accedan al derecho a la educación sin discriminación”.
Herrera remarcó que el derecho a la educación está constitucionalizado, y hay varias normas internacionales que apoyan a lograr el ejercicio de este derecho, sin embargo, en Bolivia sus políticas concretas y su sistema penitenciario “solamente condenatorio constituyen una burla y más aún que se hable de centros de rehabilitación”.
/ANF/
