La Paz, 5 de octubre de 2023 (ANF).- Golpes, amenazas, simulacro de ejecución, bolsa en la cabeza, desnudez forzada, negación de alimentos, son parte de al menos 21 formas de agresión y tortura que aplica la policía boliviana a las personas que tiene bajo su custodia, de acuerdo al informe “Diagnóstico situacional sobre la tortura a personas privadas de libertad en Bolivia”.
El documento, financiado por la Unión Europea y apoyado por la Defensoría del Pueblo, Progetto Mondo, el Instituto contra la Tortura (ITEI) y el proyecto Con Buena Razón, es un diagnóstico situacional de violaciones de derechos humanos en las cinco áreas de obligaciones de la Uncat (Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) como son la prohibición, prevención, sanción, referencia y denuncia de los casos de tortura y tratos crueles.
El activista de derechos humanos David Inca indicó que la naturalización de la tortura en el país se debe a que los gobiernos de turno han dejado de lado las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) que hace más de 20 años pidió al Estado boliviano adecuar el delito de tortura a estándares internacionales con la modificación en el Código Penal o elaborando una ley especial de prevención, proceso y sanción para este delito de lesa humanidad.
“Tengo entendido que esta propuesta de ley está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero le están dando más prioridad a otras leyes que a estas que vienen por recomendación internacional", señaló Inca a ANF.
Ante este vacío legal, dijo el activista, en Bolivia “prácticamente no hay tortura sino simplemente lesiones graves y lesiones leves, y si la lesión ha sido muy gravísima y ocurre el deceso de la persona, el delito es lesiones seguidas de muerte y la investigación es por homicidio”.
“La Constitución prohíbe la tortura, el Código Penal menciona la tortura, pero no hay un tipo penal concreto, entonces, esta es la gran piedra en el zapato en el tema de justicia y en el tema legislativo que no va avanzando”, apuntó.
La Defensoría del Pueblo entre la gestión 2019 a mayo de 2022 registró 305 denuncias referentes a tortura y malos tratos a nivel nacional. De los 305, el 56% (172 denuncias) se concentra en los departamentos del eje -La Paz, Cochabamba y Santa Cruz-, de los cuales La Paz ocupa el primer lugar con 87 denuncias cometidas por servidores públicos.
El informe analiza las denuncias realizadas contra la Policía boliviana al estar a cargo de la custodia de las personas en calidad de arrestados y privados de libertad en celdas policiales y recintos penitenciarios.
De acuerdo a los datos de la Defensoría, de un total de 213 denuncias por posibles hechos de tortura y malos tratos, 151 ocurrieron a personas en calidad de arrestadas en celdas policiales y 62 a personas privadas de libertad en recintos carcelarios.
Diferenciando el tipo de vulneración se advierten 142 casos por posibles malos tratos y 71 por posibles hechos de tortura.
En las denuncias de tortura se registran agresiones contra la integridad física como golpes, uso de gas pimienta y lacrimógeno, uso de bolsas en la cabeza, impedimento de acceso a alimentos y el uso de servicios higiénicos, golpes con mangueras, enmanillado en tiempo prolongado, enclaustramiento en celda bajo tierra como forma de castigo y el excesivo tiempo de permanencia en celdas de aislamiento, “lo que determina la disminución de los valores humanos de las víctimas”.
En cuanto a los métodos de agresión contra la integridad psicológica están las amenazas e intimidaciones, humillaciones, constante discriminación, incluso la prolongación de permanencia en celdas de aislamiento y las laceraciones productos de violencia física, que “tienen el propósito de quitar la categoría de ser humano a las personas víctimas de tortura”.
De igual manera están las agresiones sexuales como es el caso de simulación y abusos sexuales, que se consideran otras formas de tortura al dañar la dignidad de las personas bajo custodia.
De acuerdo al informe, la principal finalidad de los malos tratos “está referenciada por el abuso de autoridad en el momento del ejercicio de arresto o aprehensión en celdas policiales; vale decir que los primeros actos de relacionamiento de los efectivos policiales con población bajo custodia demuestran el excesivo de uso de la fuerza que puede ser expresado por diferentes motivos”.
En contraposición, agrega, no ocurre de igual manera en los centros penitenciarios, donde los efectivos policiales “buscan la represión a través de castigos y extorsiones”.
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, instó a la población a denunciar a los torturadores y difundir los derechos ciudadanos a los niños y jóvenes en las escuelas y colegios para prevenir y reducir los casos de tortura.
"Instamos a la población a denunciar la tortura, no hay que callarse, es cierto que muchos se callan porque reciben amenazas, les dicen si denuncias todo va a empeorar, pero hay que ver la forma de denunciar, hay instituciones donde pueden ir las víctimas o los familiares, incluso ahora están las redes sociales desde donde se pueden hacer las denuncias para que los derechos humanos no se vulneren más”, dijo a ANF.
La activista exhortó a la policía a actuar en derecho. Reconoció que la institución verde olivo tiene muchas falencias en la formación de los efectivos, por lo que es necesario, según dijo, que todos participemos del tema de los derechos humanos con un propósito preventivo.
Para David Inca, otra de las falencias para el actuar delictivo de la policía es que se mantenga por años el pensum de formación, exento de la formación en derechos humanos.
“El modelo educativo pedagógico policial no ha cambiado y con lo único que se contentan es con coordinar algunos talleres de derechos humanos o contra la tortura o aplicación de derechos constitucionales, y para los oficiales y suboficiales es prueba plena de que están formados en tema de derechos humanos”, señaló.
Dijo que no se trata de pasar un “cursito de derechos humanos” y considerarse capacitado, sino que los derechos humanos deben ser transversales a toda la formación policial, y mientras no haya esa modificación y no exista una ley contra la tortura, “vamos a continuar nomás viviendo una suerte de tortura implícita dentro de las cárceles, dentro de las fiscalías, de los centros penitenciarios y en las celdas judiciales”.
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