La Paz, 20 de enero de 2025 (ANF).- Bolivia enfrenta una crisis de derechos humanos y medioambientales donde los defensores del territorio y el medioambiente son blanco de amenazas, violencia y criminalización. Así señala el Informe Alternativo para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), publicado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA).
El informe detalla cómo la expansión de actividades extractivas como la minería, la explotación de hidrocarburos y los monocultivos han generado un contexto hostil para los defensores del medioambiente, quienes son perseguidos, estigmatizados y, en muchos casos, violentados físicamente.
Las mujeres defensoras son particularmente vulnerables, enfrentando no solo amenazas y criminalización, sino también violencia de género, acoso sexual y daños a su salud mental y emocional.
A pesar de que Bolivia ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que compromete al Estado a proteger a los defensores ambientales, la realidad es que las agresiones han ido en aumento, mientras que la impunidad prevalece.
Uno de los casos más alarmantes es el del Ayllu Acre Antequera, donde comunidades indígenas fueron violentamente reprimidas por mineros, quienes usaron dinamita y amenazas de violación para desalojarlas de sus tierras. Hasta el momento, el Estado no ha tomado medidas efectivas para proteger a estas comunidades.
Además, el informe denuncia la criminalización de líderes comunitarios como Alex Murillo y Ronald Murillo Montenegro, quienes fueron procesados penalmente tras exigir respeto a sus derechos en Laguna del Gringo.
La desinstitucionalización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) también ha facilitado la expansión de proyectos extractivos en zonas protegidas, afectando ecosistemas vulnerables y generando conflictos con las comunidades locales.
El informe también documenta la persecución contra activistas como Ruth Alipaz y Alex Villca, quienes han sido blanco de campañas de desprestigio y amenazas debido a su lucha contra la explotación de áreas protegidas.
Las amenazas y hostigamientos también se extienden a los guardaparques. Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz enfrentaron procesos judiciales por denunciar actividades mineras ilegales en el Madidi.
En Tariquía, comunidades enteras han sido objeto de violencia e intimidación por parte de la empresa petrolera YPFB Chaco, con el aval del Estado, que ha ignorado las denuncias de los habitantes.
La situación se agrava con la existencia de normativas que restringen el derecho a la libre asociación. La Ley 351 sigue vigente, permitiendo el cierre arbitrario de ONGs que cuestionan al gobierno.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) también ha sido blanco de ataques, con la ocupación de su sede en La Paz por parte de grupos afines al gobierno, mientras que su presidenta, Amparo Carvajal, fue sometida a una vigilia forzada en la calle.
Otro caso emblemático es el de Waldo Albarracín, exDefensor del Pueblo, cuya casa fue incendiada en 2019 por grupos afines al gobierno. Hasta la fecha, los responsables siguen impunes.
En Las Londras, periodistas fueron secuestrados por grupos armados ligados a intereses extractivos, en un intento por silenciar la cobertura de conflictos por tierras.
La impunidad es la norma en estos casos. Según el informe, las denuncias ante la Fiscalía y otras instancias estatales no prosperan, mientras que los agresores continúan actuando con respaldo de actores públicos y privados.
Frente a este panorama, ADHMA exige al Estado boliviano cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la protección de los defensores ambientales.
Entre las recomendaciones del informe, a ser presentado ante el EPU, se encuentra la derogación de normativas que criminalizan la protesta y la creación de mecanismos efectivos de protección para los defensores de derechos humanos.
ADHMA también insta a la comunidad internacional a monitorear la situación en Bolivia y a presionar para que se cumplan los compromisos asumidos en el marco del EPU.
La lucha de los defensores ambientales es fundamental para preservar el medioambiente y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, señala el informe. Sin embargo, esta lucha se libra en condiciones cada vez más adversas.
Si el Estado boliviano no toma medidas urgentes, la crisis de derechos humanos en el país seguirá profundizándose, afectando no solo a los defensores del medioambiente, sino a la sociedad en su conjunto.
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