La Paz, 20 de enero de 2025 (ANF).- El informe alternativo elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) destaca la grave crisis de institucionalidad democrática y el estado de derecho en Bolivia. El documento se presentará en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos para evidenciar la falta de consulta estatal y la alarmante situación de los derechos humanos en el país.
El informe subraya en la introducción que la crisis ha alcanzado un punto crítico, donde la independencia judicial y el cumplimiento de las leyes están comprometidos.
Esto ha generado un deterioro en la protección de los derechos humanos, afectando profundamente a la población boliviana. La fiebre del oro, vinculada a economías ilegales, ha exacerbado esta problemática, alimentando la corrupción y la impunidad.
Uno de los aspectos más preocupantes es la politización del sistema judicial. Las decisiones judiciales parecen estar influenciadas por intereses políticos, señala el informe, lo que ha llevado a una persecución política evidente contra opositores al gobierno. Esta situación ha debilitado las instituciones democráticas y erosionado la confianza pública en el sistema judicial.
El informe tiene como objetivo visibilizar el impacto negativo del debilitamiento institucional sobre los derechos humanos y evaluar el cumplimiento de recomendaciones previas del EPU. Se enfoca en 21 recomendaciones específicas relacionadas con la independencia judicial y la transparencia electoral, todas aceptadas por el Estado boliviano, aunque algunas con condiciones.
La elección de las altas autoridades judiciales en Bolivia es otro punto crítico. A pesar de ser un proceso electoral, está marcado por una fuerte influencia política que limita la verdadera elección ciudadana. Esto plantea serias dudas sobre la legitimidad del sistema judicial boliviano, indica el informe.
Desde 2005 hasta 2019, el partido en el poder logró dominar el Órgano Legislativo, lo que le permitió influir en la selección de autoridades judiciales y desmantelar instituciones autónomas. Esta concentración de poder ha llevado a una falta de independencia en el sistema judicial.
El informe también menciona que, a pesar de las elecciones recientes, el proceso para elegir nuevas autoridades judiciales se ha visto interrumpido por acciones legales y disputas políticas. La falta de consenso ha generado retrasos significativos en el proceso electoral.
En diciembre de 2023, se dictó una declaración constitucional que prorrogó los mandatos de las autoridades actuales hasta que se realicen nuevas elecciones. Este hecho ha sido considerado inconstitucional por varios sectores, evidenciando aún más la crisis institucional
La situación actual pone en riesgo no solo la justicia sino también el tejido social y democrático del país. La falta de confianza en las instituciones, remarca, puede llevar a un abismo donde los derechos humanos continúen siendo vulnerados sin consecuencias.
El informe concluye que es crucial restablecer un sistema judicial independiente y transparente para garantizar el respeto a los derechos humanos. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es esencial para abordar estas cuestiones y promover un cambio significativo.
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