La Paz, 20 de enero de 2025 (ANF).- La deforestación y los incendios forestales en Bolivia han alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo al país en el líder mundial en la pérdida de bosque primario. Esta crisis no solo afecta la biodiversidad única de la región, sino que también tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas.
La Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) emitió el informe “Deforestación, incendios y los impactos en los derechos humanos en Bolivia” que destaca la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acción, que será presentado en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) que estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de sus acciones en materia de derechos humanos.
Desde 2001 hasta 2021, Bolivia perdió más de 7 millones de hectáreas de bosque, siendo el departamento de Santa Cruz el más afectado con un 86,3% de la deforestación total. Este fenómeno ha sido impulsado por la expansión agrícola y ganadera, fomentada por políticas gubernamentales que priorizan intereses económicos sobre la conservación ambiental. A pesar de las recomendaciones internacionales y las leyes existentes, el Estado ha fallado en proteger sus recursos naturales., señala el informe.
El marco jurídico internacional establece derechos fundamentales al agua, a un ambiente sano y a la salud. Sin embargo, los incendios y la deforestación han deteriorado gravemente la calidad del aire y han contaminado fuentes de agua, afectando directamente a las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia. La contaminación del aire ha llevado a un aumento en enfermedades respiratorias entre la población.
Las normativas implementadas en los últimos años por el gobierno boliviano han sido criticadas por permitir prácticas destructivas como la quema indiscriminada y la tala de bosques. Estas leyes, conocidas como el “paquete incendiario”, facilitan la expansión de monocultivos y ganadería en tierras previamente forestales, contradiciendo las disposiciones constitucionales que protegen el medio ambiente.
Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han denunciado que estas políticas no solo son irresponsables, sino que también son cómplices del aumento de incendios forestales.
La falta de control y fiscalización por parte de instituciones como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) agrava aún más esta crisis, refiere el informe.
Los pueblos indígenas, que históricamente han sido los guardianes del bosque, se enfrentan a una creciente presión por parte del gobierno y empresas extractivas. La desinstitucionalización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha permitido que tierras comunitarias sean ocupadas sin consideración a los derechos indígenas. La situación se complica aún más con el cambio climático, que ha provocado sequías más prolongadas y condiciones propicias para incendios.
Las comunidades rurales están atrapadas entre la necesidad de sobrevivir económicamente y la lucha por proteger su entorno natural.
El informe de ADHMA concluye con una serie de recomendaciones al Estado boliviano para abordar esta crisis. Se insta a garantizar un diálogo efectivo con las comunidades afectadas, así como a implementar medidas concretas para proteger el medio ambiente y los derechos humanos.
La comunidad internacional también tiene un papel crucial en esta problemática. Se requiere una mayor presión sobre el gobierno boliviano para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
En conclusión, Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica donde las decisiones políticas actuales podrían determinar el futuro no solo del medio ambiente, sino también el bienestar y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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