La Paz, 11 de septiembre de 2024 (ANF).- Wilfredo Chávez, exprocurador, sostuvo que el acuerdo entre el procurador general del Estado, César Siles, y los ganaderos de Beni y Santa Cruz beneficia a los "pirómanos y biocidas" porque suspende las investigaciones contra los que iniciaron los incendios en tierras dedicadas a la ganadería y la agricultura.
"La carta del Procurador César Siles, de la ignominia y el ecocidio. El día de San Juan (24 de junio) suspende acciones contra 40 empresarios por “compromisos” asumidos en beneficio de los pirómanos y biocidas que quemaron miles de hectáreas, con toda su fauna y flora. Indignación", dijo el exprocurador a través de sus redes sociales.
Tras los incendios en 2023 que provocaron la destrucción de 3.508.033 de hectáreas, de las cuales 2.269.109 pertenecen a propiedades dedicadas a la agricultura y ganadería, la Procuraduría ordenó, mediante el Dictamen Procuradurial 01/2024 del 2 de enero de la presente gestión, que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) investiguen e identifiquen a los dueños de las propiedades donde se iniciaron esos incendios e iniciar procesos penales y administrativos para revertir esas tierras y sancionar a los responsables.
La jornada pasada, la ANF reveló que el procurador envió una carta el 24 de junio de este año a los ganaderos de Beni y Santa Cruz para dejar constancia que, en una reunión del 18 de junio, se acordó suspender la reversión de tierras por iniciar incendios en terrenos dedicados a la agricultura y la ganadería.
"No obstante, conforme a lo coordinado y comprometido con ustedes y a requerimiento del Órgano Ejecutivo se inició inmediatamente concluida la reunión, su revisión y análisis interinstitucional, quedando al presente suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)", dice la carta que envió Siles el 24 de junio de este año a los ganaderos.
Según la normativa boliviana, la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. Al evidenciarse que esas tierras están siendo quemadas en perjuicio del medioambiente y con directo perjuicio y afectación al conjunto de la sociedad, se estaría incumpliendo ese principio. Por lo tanto, es causal de reversión de esas tierras a propiedad del Estado.
//FPF//
Articulo sin comentarios
