La Paz, 16 de septiembre del 2024 (ANF). – Organizaciones de la sociedad civil se declararon en estado de emergencia por los incendios forestales y dejaron este lunes una carta al presidente Luis Arce, firmada por 130 instituciones, exigiendo la declaratoria de desastre nacional y la restitución del dictamen procuradurial para empezar el proceso de reversión de tierras de las propiedades dedicadas a la agricultura y ganadería donde el año pasado se iniciaron los incendios.
La carta fue entregada en ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo con representantes de la Fundación Jubileo, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) y Dilema.
“Nos dirigimos a ustedes (jefes de Estado) alarmados por la emergencia climática que están provocando los incendios forestales en nuestro país. Cada año esta tragedia atenta contra la vida, la biodiversidad y el ecosistema; en esta gestión los ecocidas provocaron los incendios desde julio, con daños y consecuencias irreversibles para la madre tierra, reconocida por el Gobierno de Bolivia como sujeto de derechos, según el Art. 5 de la Ley No.71 del 21 de diciembre de 2010”, reza la carta.
Las siguientes demandas están dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial:
Al Órgano Ejecutivo
1. Convocar a representantes de la sociedad civil para impulsar el debate nacional sobre un nuevo modelo de desarrollo, que no esté centrado en el extractivismo ni en la agroindustria porque ha quedado claro que este modelo es destructivo y está poniendo en riesgo el futuro de nuestro país y la vida de sus habitantes.
2. Declarar desastre nacional para movilizar recursos varios, entre ellos de la cooperación internacional destinada a apagar los incendios lo antes posible y no esperar la temporada de lluvias, priorizando la protección de los territorios indígenas y áreas rurales afectadas.
3. Restituir el dictamen procuradurial para empezar el proceso de reversión de tierras de las propiedades que el año 2023 iniciaron los incendios.
4. Desplegar acciones efectivas para evitar la destrucción de las Áreas Protegidas.
5. Establecer un sistema técnico y transparente de monitoreo de los incendios y su difusión en línea con datos comparativos por años, por mes y por día para que la sociedad civil conozca el avance de esta devastación y el efecto de las medidas de contención.
6. Implementar políticas de reforestación y restauración ecológica a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas, con participación de las comunidades locales y políticas de adaptación y mitigación ante la emergencia climática.
7. Revisar el presupuesto nacional asignado a las instituciones encargadas de la protección de los bosques, fortaleciendo y cualificando al SERNAP y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Al Órgano Legislativo
1. Concluir el proceso de abrogación del paquete de leyes que promueven la deforestación y los incendios para quitar la protección a los devastadores.
2. Crear una legislación específica para proteger los territorios indígenas y áreas de producción forestal permanente, que garantice la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
3. Aprobar una ley que prohíba definitivamente el desmonte y las quemas en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico.
Al Órgano Judicial
1. Activar todos los mecanismos para impulsar los procesos contra los responsables de los incendios, autores directos e intelectuales.
"De no asumir estas y otras medidas propuestas por la sociedad civil, quedará claro que todas las instancias de poder se han convertido en cómplices de esta destrucción y que, lejos de querer apagar los incendios, pretenden mantenerlos activos para habilitar más y más tierras de cultivo, destinadas a satisfacer el lucro de poderosos sectores corporativos en el país, contradiciendo su retórica de protección de la madre tierra y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas", finaliza la carta.
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