La Paz, 8 de octubre de 2024 (ANF). - Atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, son los delitos en la demanda penal que presentó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra 20 dirigentes y pobladores del cantón de Chiquiacá de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, que se oponen al ingreso de la estatal petrolera y la empresa Petrobras.
El requerimiento fiscal, al que tuvo acceso la ANF, señala que los sindicados deben presentarse a declarar a la fiscalía de Entre Ríos acompañados por un abogado defensor, en caso de que no lo hagan se emitirá un mandamiento de aprehensión.
“Cite a los sindicados Ángel Porfirio Barca, Luis Fanor Hoyos Choque, Elizabeth Estrada Choque, Omar Guitian Romero, Carlos Bersain Guerrero Rivera. Barbarita Meza Valdez, Elvidio Mercado Girón, Ángel Condori Guerrero, Eusebia Cruz Condori, Ramiro Rodrigo Altamirano Garay. Andrés Miranda, Nelly Coca, Juan Mendoza, Crispín Mendoza, Ceferino Mendoza, Alberto Cruz, Juana Mercado, Benedicta Murillo Jiménez, Soraya Farfán Meza, Albino Mercado Y Nelly Vilte Vega con el objeto de recepcionar su declaración informativa sobre los hechos que se le atribuyen (…) Se le informa que en caso de inconcurrencia a audiencia señalada se librara mandamiento de aprehensión en su contra tal como lo establece el art. 224 del CPP”, señala el requerimiento fiscal al que tuvo acceso la ANF.
La semana pasada, los comunarios denunciaron que un grupo de trabajadores de la estatal petrolera y de Petrobras ingresaron al cantón de Chiquiacá para iniciar con los trabajos de exploración gasífera en el pozo Domo Oso X3.
La denuncia fue presentada el 2 de octubre por el representante legal de la estatal petrolera Marcos Carlos Navarro Morales ante la fiscalía de Entre Ríos. En menos de 24 horas, el fiscal del caso Héctor Acuña emitió un requerimiento de inicio de investigación y solicita que se notifiquen a los comunarios.
Al respecto, la dirigente del cantón de Chiquiacá, Nelly Coca, cuestionó esa determinación y recordó que en una asamblea de las nueve comunidades se emitió una resolución rechazando el ingreso de las petroleras. Sin embargo, el 2 de octubre los funcionarios ingresaron a esa región.
Según la denuncia que interpuso YPFB, los pobladores se opusieron al ingreso de los trabajadores a la comunidad de Saicán donde se encuentra el pozo Oso Domo X3 para realizar el relevamiento de información que da inicio al trabajo de exploración gasífera.
“Pese a que se les explicó que se contaba con las autorizaciones respectivas para realizar los trabajos, dicho grupo de personas no entendieron razón alguna y no dejaron pasar al personal, hecho que fue constatado por parte de la Policía Boliviana de Entre Ríos que se encontraba en el lugar, por lo que con el fin de no sufrir ningún tipo de agresiones por parte de dicho grupo de personas, el personal de YPFB y de Petrobras Bolivia SA procedió a retirarse perjudicándose enormemente la logística y actividades diarias que realiza YPFB, por lo tanto dichas personas inescrupulosas con los mencionados bloqueos están causando un daño económico a YPFB y por ende al Estado”, dice la demanda.
A la vez, indica que cuentan con el permiso de los propietarios de los predios privados que están a nombre de Sara Ann Beiler dueña de la propiedad Valle del Peregrino y la familia Camacho Labra propietario de Oso Morro, para realizar los trabajos de relevamiento de información.
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